Hace exactamente seis años, el 12 de mayo de 2016, el Senado aprobó la apertura del proceso de juicio político a la expresidenta brasileña Dilma Rouseff (Partido de los Trabajadores - PT). La sesión, que comenzó el día anterior, duró más de 20 horas. En la madrugada del día 12, el golpe recibió el visto bueno de los senadores y la entonces presidenta fue supendida de su cargo –en ese momento, de manera provisional–.
Con la promesa de destrabar la economía y generar empleos, el vicepresidente Michel Temer (Movimiento Democrático Brasileño - MDB) asumió la presidencia de la República. Se inició una era de destrucción de derechos laborales que dejó a la población pobre aún más vulnerable ante la crisis que se avecinaba.
Durante la votación del Senado en mayo de 2016, los parlamentarios a favor del juicio político mostraron entusiasmo. "Hoy cumplimos nuestro rol de pensar un país mejor", anunció Zezé Perrella (PMDB). Magno Malta (Partido Liberal - PL) fue más allá: "Estamos ante un cuerpo febril que recuperará la salud".
Pero hubo quienes advirtieron. Entre los senadores opositores, Randolfe Rodrigues (Red Sostenibilidad - REDE) dijo que las "medidas anunciadas para el futuro" eran en realidad "un salto al pasado". Oídas o leídas hoy, las palabras del senador Telmário Mota (Partido Republicano de Orden Social - PROS) parecen hasta proféticas: "El mayor daño será para la población".
En 2022, la inflación, la caída de los ingresos y el desempleo hacen de Brasil un país habitable solo para los ricos. Este escenario es posible gracias a muchas medidas que solo podrían tomarse sin Dilma en la presidencia.
El origen de los aumentos secuenciales de los combustibles
El juicio político de 2016 fue el resultado de las insatisfacciones de la élite política –descontenta con el diálogo de Dilma con el Congreso– y de la élite económica, que exigía recortes más drásticos en el gasto público y la reducción de los costos laborales. Este es el análisis de los expertos consultados por Brasil de Fato.
El documento "Puente al Futuro", publicado por el PMDB (ahora MDB), materializó en octubre de 2015 el pacto de Temer con estos intereses. La primera medida, en diciembre de 2016, fue la aprobación de la Enmienda Constitucional (EC) 95, que congeló las inversiones en áreas como salud y educación por 20 años.
Con Temer, en octubre de 2016, Petrobras comenzó a calcular los precios de los combustibles con base en el mercado internacional y a trasladar los aumentos con mayor frecuencia a los consumidores. De esta manera, se implementó el llamado Precio de Paridad de Importación (PPI).
El PPI es uno de los grandes responsables de la pérdida de control sobre el precio de los artículos básicos, como el gas de cocina y los alimentos, que viene erosionando los salarios de los trabajadores. Según especialistas, el combustible caro influye directamente en las subas de precios en otros segmentos de la economía y produce un aumento generalizado.
El resultado está en los datos más recientes publicados por el Instituto Brasileño de Geografía y Estadística (IBGE). La inflación acumulada en los últimos 12 meses es de 11,3%. Esta es la tasa más alta de los últimos 27 años y una de las más altas desde la creación del Plan Real.
Trabajadores sin trabajo y sin derechos
En marzo de 2017, el Congreso aprobó una "tercerización sin restricciones", aun cuando se tratara de la actividad fin de la empresa. Este fue el preludio de la reforma laboral, que pasó por el Congreso en tiempo récord y fue aprobada en julio del mismo año.
Fueron introducidos más de 200 cambios a la legislación, según el Foro Permanente en Defensa de los Derechos de los Trabajadores Amenazados por la Tercerización. Tan solo en la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), hubo 130 cambios. Ninguno de ellos amplió los derechos de los empleados frente a los empleadores.
Con menos derechos, los trabajadores sin contrato laboral y los cuentapropistas, que pasaron a ser mayoría en 2017, fueron los más afectados. Hoy dependen de ayudas de emergencia (conocidas como Auxílio Emergencial) que no cubren ni la mitad de la canasta básica.
El llamado "trabajo intermitente", previsto en la reforma, radicalizó esta situación. En esta modalidad, el trabajador está a disposición de la empresa para trabajar cuando ésta lo requiera.
Los contratos intermitentes, que estaban entre las principales apuestas del equipo económico de Temer para la generación de empleo, representaron el 19% de los nuevos contratos laborales en Brasil en 2019, según datos del Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED).
En 2019, el 25% de los contratos intermitentes no tenían hora de trabajo ni ingreso. El fin del Ministerio del Trabajo, la desinversión en los órganos de control y la extinción de las cuotas sindicales obligatorias trastocaron la organización de los trabajadores, dificultando una reacción organizada contra las medidas.
También entró en vigor la norma de "lo negociado sobre lo legislado", como quería parte del sector empresarial desde la década de 1990. En otras palabras, el resultado de la negociación entre empleador y trabajador, en condiciones evidentemente desiguales, puede superponerse al texto de la ley.
La guinda de ese pastel, que dejó un sabor amargo para los trabajadores, fue la reforma de pensiones. En 2018, año electoral, Temer no logró aprobarla. La tarea recayó en el actual presidente, Jair Bolsonaro (PL), quien sancionó la ley aprobada por el Congreso en 2019, con reglas más favorables para los militares, que son su base de apoyo.
Consecuencias
Entre febrero de 2019 y febrero de este año, la canasta básica de alimentos aumentó un 48,3%. El precio subió, en promedio, de R$ 482,40 para R$ 715,65 (de 94,6 para 140,3 USD aproximadamente) durante este período. El aumento es el doble de la inflación acumulada, de 21,5%, registrada por el Índice Nacional de Precios al Consumidor Amplio (IPCA), medido por el IBGE.
Transporte y alimentación aportaron alrededor del 72% del IPCA de marzo, lo que confirma que la inflación es mucho más alta para los pobres, que utilizan el transporte público y gastan prácticamente todo su salario en alimentación. Con los precios por las nubes, el gas de cocina aumentó un 6,6% solo en marzo.
Más de la mitad de la población brasileña vive con algún grado de inseguridad alimentaria —son 116 millones de personas en total—. Al menos 19 millones pasan hambre, situación agudizada por la pandemia y la crisis económica del país.
Los datos son de finales de 2021, según una encuesta de la Red Brasileña de Investigación sobre Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (Rede Penssan).
Edición: Felipe Mendes
