Mientras la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) se preparaba para divulgar este lunes (16) los números de asesinatos por conflictos en el campo en Brasil en 2017, otro cuerpo fue encontrado.
El domingo último (15), el líder quilombola [quilombos son asentamientos rurales de población mayoritariamente negra, creados inicialmente por negros esclavizados fugados] Nazildo dos Santos Brito, de 33 años, fue encontrado muerto con tiros en la cabeza y en las costillas, en la Comunidad Remanescentes de Quilombo Turê III, en la frontera entre los municipios de Tomé-Açu y Acará, en el nordeste del estado de Pará.
La policía investiga el caso y sospecha que el crimen tiene motivación política. Nazildo había sido amenazado de muerte por denunciar crímenes ambientales.
Aumentan las muertes
Los datos de la CPT divulgados este lunes (16) demuestran que esa realidad sólo se agrava desde 2013, cuando fueron registrados 34 asesinatos. En 2017, esos números crecieron 105%, llegando a 70 ejecuciones.
En comparación con 2016, hubo un crecimiento de 16%. Los datos podrían ser aún peores, ya que las muertes de 10 indígenas de pueblos en aislamiento voluntario del Vale do Javari, en Amazonas, en julio y agosto de 2017, aún no fueron confirmadas como asesinatos por el Ministerio Público Federal de Amazonas y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). El coordinador nacional de la CPT, Rubén Siqueira, destaca que la violencia en el campo brasileño es una constante, conforme demuestran los levantamientos que la entidad hace desde 1985.
Ofensiva empresarial
Siqueira evalúa que la curva ascendente de asesinatos a partir de 2013 está relacionada con la ofensiva empresarial por tierras en Brasil. “Estamos interpretándola como una nova carrera por la tierra. La tierra como medio de producción, como reserva de valor, como madera, agua, minerales, posibilidades de agronegocios, de expansión de los negocios en torno a la tierra. Eso tiene que ver con la crisis económica, cuyo origen en 2008 fue el estallido de la burbuja inmobiliaria. De allá para acá, ellos, los representantes del sector hegemónico del capitalismo hoy, que es el capital financiero, procuran un contrapeso, una base que les de un mínimo de garantías para ese grupo del juego internacional de la especulación”, analiza. Entre los muertos computados por la CPT están trabajadores rurales sin tierra, indígenas, quilombolas, ocupantes de tierras, pescadores y asentados de la reforma agraria. El estado de Pará lidera el ranking con 21 personas asesinadas en 2017. En segundo lugar está el estado de Rondônia, con 17, seguido por Bahía, con 10, y Mato Grosso, con 9.
El levantamiento de la CPT también llama la atención sobre el retorno de las masacres. En 2017 fueron registradas cuatro, que resultaron en 28 muertes, un 40% del total de aquel año. Acontecieron en Colniza (estado de Mato Grosso), Vilhena (estado de Roraima), Pau D`Arco (estado de Pará) y Lençóis (estado de Bahia).
Siqueira afirma que la CPT no registraba un número tan grande de asesinatos masivos desde 1987, cuando fueron registrados seis masacres.
Licencia para matar
En 2016, por ejemplo, ningún crimen de este tipo ocurrió. La CPT clasifica como masacres los casos en que al menos 3 personas son asesinadas, en la misma ocasión y por los mismos motivos.
“La vuelta y la gran incidencia de ese número, 28 masacrados en cuatro matanzas, tiene que ver con ese clima que vivimos en el país de que todo es posible. O el Estado está ausente, o es el inductor de una libertad, que no es libertad en verdad, es licencia para matar y hacer lo que quieran”, opinó Siqueira.
Los registros hechos por la CPT desde 1985 señalan que se han dado 1.438 casos de conflictos en el campo que dejaron 1.904 víctimas hasta 2017. De estos, apenas 113 fueron juzgados, lo que corresponde al 8% de los casos.
Rubén Siqueira informó, además, que los datos completos del informe Conflictos en el Campo Brasil 2017 no pudieron ser lanzados esta semana, en que se celebra el Día Internacional de Lucha Campesina, porque los servidores de la CPT fueron atacados por hackers a fines del año pasado. La Policía Federal está investigando el caso y el informe completo deberá ser lanzado el próximo mes.
Edición: Katarine Flor | Traducción: Pilar Troya
