El trabajador rural Iranildo Porto, 55, vive hace nueve anos en el campamento Campina Verde, en la ciudad de Redenção, estado del Pará - región Norte de Brasil -, y está preocupado con lo que podrá acontecer con los campesinos que viven en campamentos rurales en la región do sudeste de Pará después de la masacre que acabó con diez personas el último miércoles (24) en la hacienda Santa Lucia, en Pau D’Arco, ciudad próxima a donde vive. Las muertes de nueve hombres y una mujer ocurrieron durante una operación policial.
“Cuando nosotros vemos lo que aconteció con nuestros compañeros, quedamos preocupados. Porque hay varias situaciones: está la cuestión agraria, que nunca acontece, que cabe al gobierno federal. Existe un proceso de expropiación? Existe. Ella es legal, pero precisa ser hecha dentro de la legalidad”, resalta.
Porto es presidente de la asociación de trabajadores y trabajadoras rurales del campamento donde vive, que reúne 215 familias (con cerca de 50 niños), hace nueve años. Él tiene miedo que la misma tragedia pueda acontecer en el campamento donde vive.
Hay razones para el recelo de Porto: según la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT), la violencia en el campo creció 26% de 2015 a 2016, y la masacre de Pau D'Arco tiene muchas semejanzas con la de Carajás, que ocurrió en 1996 y victimó 19 trabajadores rurales sin tierra en la misma región de Pará.
Según el abogado de la CPT, José Batista, hay un elemento en las dos masacres que se comunica: tratar a la cuestión agraria como caso policial, la policia actúa en la región con libertad para tomar medidas violentas amparadas por la regla de la impunidad.
En su análisis, Batista traza un paralelo entre los casos y observa que la acción de las Policías Militar y Civil de la región está, una vez más, aliada a los intereses de los grandes propietarios de tierras. “En muchas situaciones, policías trabajan como guardia de seguridad de haciendas”, afirma.
Batista pondera que, en el caso de Pau D’Arco, existen nuevos elementos, ya que las ocupaciones realizadas en los últimos años contaron con el apoyo de nuevos movimientos del campo y actúan de forma independiente.
Él estima que, actualmente, haya más de 160 campamentos en área rurales en las regiones del sur y sudeste de Pará. Algunas de ellas son ocupadas por grupos menores de familias – lo que, en su análisis, exponen los trabajadores a una mayor vulnerabilidad de acciones de pistoleros.
El otro punto destacado por Batista es que en Pau D’Arco la acción policial para el cumplimento de los mandados judiciales, según las declaraciones de los testigos, tenía como objetivo sorprender a los trabajadores. Con todo, nuevamente, así como en Eldorado, la masacre que victimó los diez sin tierra fue un recado y una demostración de fuerza del poder del latifundio en la región.
“Un recado de 'no incomoden, no ocupen y no causen prejuicios al latifundio de esta región'. Estas son las razones que están por detrás de un acto tan violento como fue este”, evalúa.
Por su vez, el agricultor Iranildo Porto aún acredita que la mejor solución es la reforma agraria, pero no vislumbra que eso pueda acontecer en el actual escenario político.
“La reforma agraria es la salida para acabar con el conflicto agrario hoy. Nosotros creemos que tener un pedazo de tierra para sobrevivir es bueno. Es la única cosa que nos va a alimentar, porque nosotros no tenemos profesión; nacemos agricultores y vamos a morir agricultores. Mas, por otro lado, nosotros vivimos un momento difícil, en que no sabemos a quien creer y si podemos confiar en el gobierno”, pondera.
Raíces históricas
Batista argumenta que violencia policial contra trabajadores sin tierra posee raíces históricas en la región. Él recuerda que la Guerrilla de Araguaia, al inicio de la década de 1970, agravó aún más este escenario. “Fue cuando el ejército masacró un grupo de guerrilleros del PCdoB que organizaba la guerrilla rural en la región de Pico do Papagaio”, recuerda.
“Después de esos acontecimientos [Guerrilla de Araguaia], los trabajadores rurales y sus líderes pasaron a ser sistemáticamente perseguidos, espiados y, muchas veces, apresados injustamente por el Ejército y por las policías civil y militar”.
El abogado de la CPT apunta aún que esa relación histórica de las fuerzas armadas con el latifundio creó dentro de las corporaciones policiales “una aversión fuerte al movimiento social, principalmente a los trabajadores rurales sin tierra”:
“Cuando ocurría algún conflicto colectivo por la posesión de la tierra, generalmente los líderes eran mapeados. Muchas veces, titulares de diarios afirmaban que allí podría estar un resurgimiento de la Guerrilla de Araguaia, para justificar el empleo de la violencia por parte de la policía contra los trabajadores rurales”.
Él explica, por fin, que, con la llegada del MST a la región, la lucha por la reforma agraria pasó a ser pública. En vez de pequeños grupos de trabajadores rurales, “centenas y millares de familias” ocupaban haciendas improductivas, lo que dificultó la acción de pistoleros en la región. Como el movimiento comenzó a representar un peligro para los intereses del latifundio, era preciso poner un freno.
“El objetivo de la masacre dos Carajás era impedir que el movimiento sin tierra se expandiera aquí en la región. Era imponer una derrota al MST."
Edición: Camila Rodrigues da Silva | Traducción: Pilar Troya
