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Con pandemia y caída en las ventas, agricultores sufren perjuicios y piden incentivos

Reducción de la producción y dificultad para pagar deudas son parte de realidad de campesinos que sufren con la crisis

Brasil de Fato | Brasília (DF) |
"Ya debería haber llegado alguna ayuda para nosotros", afirma agricultor Maiquel Roberto Junges, 36, de Rio Grande do Sul, donde estiaje y pandemia se fundieron, acarreando grandes perjuicios en el campo - Arquivo pessoal

El agricultor Maiquel Roberto Junges, de 36 años, trabaja en una pequeña propiedad rural de su familia en el municipio de No-Me-Toque, región de Alto Jacuí, estado de Rio Grande do Sul. Junto con sus dos hermanos, acostumbraba a trabajar en una feria popular tres veces por semana para vender la producción de leche, soja, maíz y trigo.

Con las consecuencias que vinieron a remolque de la pandemia del coronavirus en el país, la familia ha sufrido pérdidas irreparables. Junges afirma que la caída en la circulación de clientes debido a las políticas de aislamiento, sumada al cierre del comercio y a la falta de incentivo gubernamental, ha provocado un escenario de terror y desesperanza en el campo.    

“Se había organizado aquí una producción de verduras y muchas de esas verduras se dañaron porque no llegaron a las manos de los consumidores, lo que acarreó grandes perjuicios en ese sentido ”, ejemplifica, al mencionar “una gran pérdida” ocurrida a mediados de marzo, cuando más del 80% de los productos acabaron teniendo el tacho de basura como destino.   

Para canalizar el resto de la mercadería hacia algún lugar, la familia del agricultor hizo de todo. Entre las estrategias, inició una amplia divulgación por internet, con publicaciones en las redes sociales dirigidas a potenciales consumidores de los productos, pero ni eso ayudó a solucionar el problema.

“Incluso buscamos reinventarnos, pero la gran mayoría de nuestra clientela de la feria es de personas de más edad, y muchas de ellas no tienen esos medios de comunicación, por eso no conseguimos alcanzar a ese público objetivo”, cuenta el agricultor, que sólo vio la situación salir de cero cuando el comercio tuvo autorización para retornar, a mediados de abril, a pesar de las demás intermitencias ya determinadas por el gobierno local debido a la covid-19 y de la caída actual de 20% en las ventas.

Agricultor Maiquel Roberto Junges, 36, en la producción de la familia, en Rio Grande do Sul / Archivo personal

El campesino resalta que el escenario tiene aún un agravante: la exclusión de los agricultores familiares de la lista de beneficiarios de la renta de emergencia, el beneficio mensual de R$ 600 pagado por el gobierno federal a determinados trabajadores durante la pandemia.

Cuando la expansión del coronavirus se volvió una realidad en el país, los agricultores de la región ya sufrían las pérdidas de un duro estiaje de seis meses, entre noviembre y abril, que generó caídas bruscas en la producción y acabó juntándose a los estragos causados por la inesperada pandemia.

“Por eso también ya debería haber llegado alguna ayuda para nosotros. Mucho se habló de los R$ 600 [del auxilio], pero nuestras entidades aquí de Rio Grande do Sul orientaron a los agricultores a no inscribirse porque la aplicación [del gobierno] no tiene la opción ‘agricultor’. Sólo tiene ‘autónomo’, entonces, si nos inscribimos como autónomos, podemos perder alguna otra política pública, como las Pensiones o incluso un crédito oficial del PRONAF [Programa Nacional de Fortalecimiento de la Agricultura Familiar]. Entonces, ni eso llegó para los agricultores”, lamenta Junges, añadiendo que muchos campesinos están actualmente sin condiciones de sanear sus propias deudas.  

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El Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) afirma que la realidad de la familia del agricultor gaucho es hoy un drama nacional. Francisco Dal Chavon,  “Chicão”, integrante del Sector de Producción de la entidad, relata que el segmento acumula perdidas desde 2017, cuando los índices de desempleo en el país comenzaron a repercutir más fuertemente en el campo, provocando caída en las ventas y, por consecuencia, en la producción.  

En mayo de este año, por ejemplo, la producción de tomate registró baja de 7,34% en relación al mismo período de 2019, cuando ya había tenido una caída de más de 15% en comparación con 2018. La naranja cayó casi 6% entre mayo de 2019 y mayo de 2020 y ya había registrado reducción anterior de 5,52%.

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“Si usted no vende en el período de cosecha de ellos, usted pierde. Y hay otro factor, que es el siguiente: usted no almacena eso y, para volver a producir nuevamente, la naturaleza exige su tiempo. Todo eso, de cierta forma, desestructuró el sector, por esto de que la crisis es larga, la recuperación es más lenta, en función principalmente de esos dos factores”, afirma Chicão, al mencionar “la crisis anterior y la pandemia”.

Proyecto de Ley (PL) 886/2020

Ante este panorama, el integrante del MST entiende que el país necesita políticas de emergencia para la población del campo. La demanda está colocada, por ejemplo, en el proyecto de ley PL 886/2020 aún sin fecha cierta para votación, la propuesta está hoy en el tope de la lista de prioridades de las organizaciones que reúnen campesinos, agricultores familiares, quilombolas, entre otros grupos.

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Ellos pleitean la implementación de medidas como liberación de crédito rural para pequeños productores, renegociación de deudas, apoyo a tecnologías de acceso al agua, medidas específicas para mujeres, entre otros incentivos. Todos esos puntos componen el PL 886 y algunos de ellos figuran también en otros proyectos de ley que hoy tratan sobre medidas de socorro a agricultores ante la pandemia. En la Cámara de Diputados, por ejemplo, se tramitan por lo menos 25 propuestas de esa naturaleza.    

“Estamos poniendo en manos de Dios”

En general, tales proyectos destacan que la pandemia trajo cambios socioeconómicos que empeoraron considerablemente la vida de las familias que dependen de pequeñas producciones rurales para su manutención. Es el caso de gente como la agricultora Francisca Luiza Guedes de Araújo –o simplemente “Chica”, como prefiere ser llamada–, que vive en la zona rural del municipio de Serra do Ramalho, interior del estado de Bahia, donde cultiva hortalizas y otros géneros. Ella narra que la propagación de los casos de coronavirus por el país trajo consecuencias directas para la producción de la familia, que vio su vida empeorar ante el nuevo contexto del país.

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“Se volvió todo más difícil para nosotros porque estábamos entregando nuestros productos a la merienda escolar, pero, con la pandemia, las escuelas cerraron y el mercado disminuyó mucho. Entonces, también disminuimos la producción”, cuenta la campesina, añadiendo que los cultivos también debieron adaptarse a las principales demandas aún existentes en el mercado de vegetales. La remolacha y la calabaza, por ejemplo, que antes iban a las escuelas, dieron lugar a productos como lechuga, tomate, cebolla, cilantro y otros más buscados.

“Hay que adaptarse para poder seguir adelante. Estamos poniendo en manos de Dios y rezando para que esta pandemia acabe pronto, pero, cuando pensamos que la cosa está mejorando, empeora”, se desahoga Chica, que a veces arriesga su vida y la salud de su familia para ir al medio urbano en busca de nuevos clientes para los productos.  

La situación de las mujeres es señalada habitualmente por los sindicatos y movimientos del campo como algo a resaltar en la rutina de la zona rural. De agricultoras a amas de casa, ellas hoy tienen que lidiar no sólo con los múltiples quehaceres anteriores, sino también con la aprehensión generada por el agravamiento de la crisis socioeconómica en el país.

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“La importancia de un auxilio de emergencia para las mujeres es fundamental porque, a la hora que falta la comida en casa, quien se preocupa más son ellas. La dificultad siempre pesa más de nuestro lado, la cuestión del cuidado, del alimento. Y la situación de las mujeres es bien complicada principalmente si usted considera que aumentó bastante la cuestión de la violencia doméstica también”, afirma la agricultora Sonia Costa, de la zona rural del municipio de Francisco Santos (estado de Piauí), al enumerar los desafíos que ganan cuerpo en este momento.

Agricultora Sônia Costa y su marido, Zé Antônio, en la pequeña producción de la familia, en el municipio de Francisco Santos (estado de Piauí) / Archivo Personal

Moradora de la comunidad de Serra dos Morros, ella relató al reportaje que la suspensión de ferias libres en el estado hizo que la caída en las ventas de los productos llegase al 90%.

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“No hay como hacer feria y también optamos por no hacer ventas puerta a puerta, entonces, el cambio es muy grande con relación a las ventas. Eso vino en el período en que estábamos comenzando la cosecha de nuestra producción. Acabamos disminuyendo la plantación y ahora estamos esperando comenzar de nuevo cuando todo esto pase”, cuenta la campesina, destacando que hoy las ventas se resumen a las compras que salen en la puerta de casa, cuando los clientes aparecen para comprar algo.  

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Como consecuencia del contexto de perjuicios, hasta la salud emocional de la familia es sacudida. “Eso altera lo emocional porque trae preocupaciones futuras. Un ejemplo es la post pandemia, porque no sabemos lo que puede acontecer y ni como las cosas van a volver. Estamos creyendo que esto va a pasar, pero con certeza no va a ser la misma cosa”, lamenta Sonia. 

Edición: Lucas Weber