"Yo no necesito explicarla: todo mundo conoce la historia indígena. Nosotros no venimos de fuera. Nuestra historia no comienza en 1988". El discurso es del guarani-kaiowá Eliseu Lopes, coordinador ejecutivo de la Articulación de Pueblos Indígenas de Brasil (APIB).
Proferido en audiencia pública realizada por la Comisión de Derechos y Legislación Participativa (CDH) del Senado, en la mañana de este martes (8), el argumento de Lopes, a pesar de obvio, es necesario. El miércoles (16), el Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil debe decidir sobre tres acciones que involucran la cuestión de definir a partir de que fecha los territorios indígenas deben ser protegidos, el llamado marco temporal.
En resumen, la medida obligaría a todos los órganos de la administración federal a considerar que las comunidades indígenas solo tienen derecho a sus territorios en caso de haber estado en posesión de ellos el día de la promulgación de la Constitución Federal, 6 de octubre de 1988.
La audiencia pública de este martes fue la primera de una serie de actividades que los pueblos indígenas deben realizar en torno al tema a lo largo de la semana, aprovechando la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, el 9 de agosto.
Gobierno
Aunque la decisión sobre la reserva Raposa Serra do Sol señala que la tesis del marco temporal no debería extenderse a otros juicios, los ministros de la segunda sala del STF la han utilizado. En 2014, por ejemplo, anularon dos demarcaciones con este argumento, que estipula que los indígenas sólo tendrían derecho a las tierras que hubieran estado ocupando en octubre de 1988.
En julio, el presidente golpista Michel Temer (PMDB) firmó el parecer de la Procuraduría General de la Unión (AGU por sus siglas en portugués) que impone a todos los órganos del Ejecutivo Federal seguir tal orientación. Los movimientos indigenistas temen que tal medida influencie los juicios del Supremo.
"El marco temporal [del gobierno] debe ser también una forma de influenciar al Tribunal. Nuestro Poder Judicial está haciendo mucha política", dijo a Brasil de Fato la senadora Regina Sousa, del Partido de los Trabajadores (PT) en el estado de Piauí - región Nordeste -, presidenta de la CDH del Senado.
El parecer de la AGU firmado en julio fue visto en el Congreso como una de las muchas "señales" de Temer a la bancada ruralista en busca de apoyo para la votación en la Cámara de Diputados relacionada con la denuncia por corrupción pasiva.
"Temer está representando intereses. La mayoría lo presiona. Todas las cuestiones sobre derechos están en manos de la bancada ruralista. No es solo lo de los indígenas: el derecho a la tierra, [las reformas] laboral, de pensiones. Ellos están comandando las propuestas. Es una agenda de retrocesos", evalúa Sousa.
Procesos
El STF debe juzgar tres acciones que involucran: el Parque Nacional do Xingu; áreas de los pueblos Nambikwara y Pareci; y la Tierra Indígena Ventarra.
Las dos primeras fueron presentadas por el estado de Mato Grosso - en la región Centro Oeste de Brasil - contra la Unión y la Fundación Nacional del Indio (FUNAI). Este estado argumenta que ambas regiones no eran ocupaciones tradicionales de los pueblos originarios y pide indemnizaciones. La Procuraduría General de la República se manifestó contraria a las pretensiones de Mato Grosso en ambos casos.
La acción sobre la Tierra Indígena Ventarra, localizada en Rio Grande do Sul y perteneciente al pueblo Kaingang, fue promovida por la FUNAI contra el estado, que entregó títulos de propiedad en el interior del área a productores rurales en la década de 1950. El caso es ejemplar: después de la política de confinamiento en pequeñas reservas, los indígenas solo consiguieron volver a ocupar sus tierras en 1990, después, por lo tanto, de la Constituyente.
Críticas
El coordinador ejecutivo de la APIB entiende que la posibilidad de consolidación de la tesis del marco temporal marcaría un enorme retroceso. Según él, en caso de que el STF adopte la tesis, la persecución histórica a los pueblos indígenas sería legitimada.
"Es preocupante. Si fuera aprobado ese marco temporal, será legalizada la masacre, el genocidio que estamos enfrentando", afirmó. Él, que es de Mato Grosso do Sul - también en la región Centro Oeste brasileña -, dice que el marco temporal favorece al agro negocio: "Mato Grosso do Sul, por ejemplo, es solo en el nombre. No hay más bosque [mato], hoy es Soja do Sul. Y esa soja se riega con nuestra sangre".
Para Luciano Mariz Maia, sub-fiscal general de la República que también participó de la audiencia pública, la tesis del marco temporal defendida por el gobierno contraria la jurisprudencia mayoritaria del STF.
"No podemos hablar de un marco temporal en 1988, porque el propio Supremo Tribunal Federal reconoce que el marco constitucional inicial es el de 1934", dijo. Él explica que fue en la década de 1930 que por primera vez una constitución brasileña reconoció derechos a los pueblos originarios, y que la interpretación corriente es de que hay una línea de continuidad desde entonces.
Maia además afirmó que el actual gobierno, incluso comparado con gestiones que no priorizaron política y financieramente la cuestión indígena, muestra una "conducta frontal contra los indígenas".
Lia Zanotta, presidenta de la Asociación Brasileña de Antropología, señaló que la tesis representa una "paradoja", ya que "la Constitución quiere resolver las desigualdades previas a ella".
Para ella, es necesario que las instituciones no puedan "desconocer las relaciones de expulsión y desplazamiento que el propio Estado brasileño produjo", o sea, que la localización de los indígenas en el momento de la Constituyente era también fruto de políticas represivas de gobiernos autoritarios, como la dictadura militar.
"La idea de que el marco temporal sea el día de la firma de la Constitución inviabiliza, desaparece las ocupaciones originarias de los pueblos indígenas: esas poblaciones fueron llevadas a desplazamientos forzados", dijo.
Próximos pasos
La idea de las organizaciones indigenistas a lo largo de esta semana es realizar más audiencias en el Congreso, promover manifestaciones públicas y crear una comisión que sea recibida por ministros del Supremo.
"Nosotros vamos a tratar de hacer una comisión para visitar el Supremo. Vamos a hacer pronunciamientos cerca de la votación. Todo eso vale para saber que alguien se está preocupando", explicó la senadora.
Edición: Simone Freire | Traducción: Pilar Troya
