En septiembre de este año, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, documento que reúne una serie de reivindicaciones para indígenas de todo el mundo, completa 10 años de existencia. La situación de los pueblos indígenas en Brasil, entre tanto, viene siendo denunciada por movimientos populares y por la propia ONU, frente al desmonte de derechos impuesto por el gobierno golpista del presidente Michel Temer.
El jueves de la semana pasada (20), la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB) publicó una nota pública condenando un parecer vinculante de la Advogacia-Geral [Procuraduría General] de la Unión, aprobado por Temer, que coloca un marco temporal en la demarcación de tierras indígenas. El documento obliga a los órganos de la administración federal a considerar que las comunidades indígenas sólo tienen derecho a sus territorios si hubiesen estado en posesión de ellos el día de la promulgación de la Constitución Federal, 6 de octubre de 1988.
Esa fue apenas una de las acciones recientes del gobierno que perjudican a los indígenas en el país. Propuestas como la PEC [propuesta de enmienda constitucional] 215, que transfiere del Ejecutivo al Legislativo la responsabilidad sobre la demarcación de tierras, están siendo ampliamente criticadas.
En enero de este año, el entonces ministro de Justicia Alexandre de Moraes publicó un acuerdo ministerial alterando los parámetros de la demarcación, dando al Ministerio de Justicia y Ciudadanía poderes para rever todos los análisis hechos por la Fundación Nacional del Indio (FUNAI).
En la nota publicada por la APIB, los movimientos pidieron al Supremo Tribunal Federal (STF) que "ponga fin a la manipulación de sus decisiones por el actual gobierno, la cual tiene por objetivo de desobligar el reconocimiento del derecho constitucional de los pueblos indígenas sobre sus tierras e imponer restricciones a los otros derechos de esos pueblos".
El aumento de la violencia y masacres contra indígenas también viene siendo denunciado por los movimientos que firmaron la nota de la APIB. El número de víctimas de conflictos agrarios en el país creció 22% entre 2015 y 2016, según el informe anual presentado por la Comisión Pastoral de la Terra en abril de este año.
Una de las masacres más violentas fue la sufrida por los indígenas de la etnia Gamela, en un poblado de Bahias, en la ciudad de Viana, en Maranhão. En mayo de este año, sus manos fueron cortadas por hacendados y pistoleros de la región, en una acción que fue denunciada en la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Un documento elaborado en una misión de la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas de la ONU, Victoria Tauli-Corpuz, que estuvo en el país del 7 al 17 de marzo de 2016, también denunció las violaciones. El informe destacó la demarcación de tierras, la violencia y el racismo institucional como las principales preocupaciones de las comunidades tradicionales brasileñas. El documento también señaló que la situación de los pueblos indígenas en el país era la más grave desde la Constitución Federal de 1988.
En entrevista para ONU Brasil, publicada este miércoles (26), Tauli-Corpuz destacó que la expansión de industrias extractivistas, del agronegocio y de los "megaproyectos" de desarrollo e infraestructura han invadido reservas y aún permanecen como las principales amenazas para los pueblos indígenas. La relatora afirmó que la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas enfrenta serios obstáculos para proteger las poblaciones tradicionales en el mundo.
“Estoy particularmente preocupada con el creciente número de ataques contra líderes indígenas y miembros de la comunidad que procuran defender sus derechos sobre las tierras. Los pueblos indígenas que tratan de proteger sus derechos humanos fundamentales están siendo amenazados, presos, perseguidos y, en las peores situaciones, se vuelven víctimas de ejecuciones extrajudiciales”, afirmó Tauli-Corpuz.
Edición: Camila Rodrigues da Silva | Traducción: Pilar Troya
