La pandemia del Covid-19 no deja de crecer cada día en Brasil. El alarmante aumento del número de muertes diarias apunta a una nueva ola de la enfermedad aún más agresiva. Sin embargo, en las favelas y periferias del estado de Río de Janeiro esta realidad es aún más feroz: además de las muertes causadas por la pandemia, los residentes tienen que convivir con las víctimas dejadas por las operaciones policiales, que también alcanzaron una segunda ola de crecimiento en los primeros meses de este año.
En ningún momento de la pandemia dejaron de realizarse operaciones policiales en estos lugares. Tan sólo en la región metropolitana de Río, se registraron 337 intervenciones desde el inicio de las medidas de aislamiento social, en marzo de 2020, hasta febrero de este año, según una encuesta del Grupo de Estudos dos Novos Ilegalismos de la Universidad Federal Fluminense (GENI-UFF).
Una decisión judicial firmada por el ministro del Supremo Tribunal Federal (STF), Edson Fachin, en junio del año pasado, que prohibió las operaciones en las favelas y periferias del estado, las hizo más tímidas durante un breve período de cuatro meses. Entre junio y septiembre de 2020, hubo una importante reducción de las operaciones.
Sin embargo, a partir de octubre del año pasado, el número de operaciones comenzó a aumentar de nuevo de forma pronunciada, haciendo que enero de este año alcanzara niveles superiores a los de enero de 2020, con 49 operaciones registradas en 30 días.
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"La impresión que tengo es como si estuviéramos siendo doblemente violentados. Es decir, tenemos que crear una red de atención para protegernos del virus y otra para protegernos de las acciones de los agentes de seguridad del Estado. Me gustaría preguntar al gobernador por qué mantiene estas operaciones. Esto forma parte de la lógica de tratar a las favelas y a sus habitantes como enemigos de la ciudad, como si no vivieran ciudadanos en ellas", afirma Shyrlei Rosendo, residente en Maré, al norte de la capital, y miembro de la ONG Redes da Maré.
El número de víctimas es directamente proporcional al número de operaciones. En total, hubo 193 muertes y 132 heridos registrados oficialmente tras las acciones en la región metropolitana de Río desde el inicio de la pandemia en el país, en marzo de 2020, hasta febrero de este año. El mes de enero de este año registró 33 víctimas mortales, mientras que en febrero hubo 38. Las cifras representan más de una persona asesinada por día.
Para Daniel Hirata, científico social y coordinador de GENI-UFF, no hay ninguna justificación que apoye la continuidad de estas operaciones policiales, especialmente en un momento de pandemia, cuando, además de matar, interrumpen los servicios sanitarios y la ayuda humanitaria a los lugares que más lo necesitan.
"Cuando se observa el aumento de las operaciones, va acompañado de un aumento de los crímenes contra la vida. Las operaciones y la letalidad policial no son eficaces para controlar la delincuencia; al contrario, tienden a descontrolar la delincuencia y hacen que los indicadores aumenten. No hay nada que justifique el sacrificio de vidas en favor de la criminalidad. La oposición entre el control de la delincuencia y la defensa de la vida no se justifica en un análisis apuntado en datos y evidencias", explica.
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¿Excepcionalidad?
La prohibición de las operaciones policiales en las favelas y periferias de Río durante la pandemia se determinó "salvo en casos absolutamente excepcionales, que deberán ser debidamente justificados por escrito por la autoridad competente y comunicados al Ministerio Público estatal". En otras palabras, la decisión estableció la obligación de la policía, responsable de llevar a cabo la acción, de explicar el propósito de la operación al Ministerio Público de Río (MP-RJ), órgano encargado del control externo de la actividad policial.
No obstante, la forma en que el MP-RJ lleva a cabo esta actividad es cuestionada por los investigadores y los movimientos sociales que siguen el tema. Denuncian que el organismo sólo es notificado después de que se produzcan las operaciones, lo que compromete la planificación y la supervisión de la operación. Además, exigen transparencia a la entidad sobre los criterios utilizados para permitir o no una operación.
Para Patrícia Oliveira, de la Rede de Comunidades e Favelas contra a Violência, el control externo de las operaciones tiene que ser realizado de antemano por el MP-RJ y no después de que éstas hayan sido llevadas a cabo.
"Hace tres meses que tenemos un nuevo fiscal general. Todavía no sabemos cuál es su posición al respecto, pero la anterior dirección tenía una postura complicada. Es necesario trabajar específicamente con la policía en su conjunto, para controlar su actividad. El MP-RJ tiene que saber de antemano quién está a cargo de la operación, qué armas se utilizan, quién es el responsable, el lugar, el riesgo, pero esto no es lo que sucede. Las operaciones necesitan planificación y seguimiento", argumenta.
Consultada por Brasil de Fato, la oficina del MP-RJ informó que se acordó un plazo de 24 horas después del inicio de la operación para que la policía envíe información escrita al órgano, justificando la acción. "Todas las comunicaciones recibidas se transmiten inmediatamente a los fiscales con atribución, para la verificación de su legalidad", dijo en un comunicado, adjuntando una tabla con el registro de las operaciones policiales en el estado desde la decisión de Fachin.
Según Hirata, la actuación del MP-RJ es muy débil e ineficiente en relación con sus funciones de control externo de las fuerzas policiales, haciendo que lo que sería "excepcional" se convierta en rutina.
"Hay poca transparencia en cuanto a los criterios del MP-RJ. En este momento de un nuevo aumento de las operaciones, nos preguntamos: después de todo, ¿qué está haciendo el MP-RJ? La ausencia de control externo de la actividad policial es un estímulo para la letalidad porque las fuerzas policiales perciben que existe un verdadero cheque en blanco en relación con lo que hacen. Es un problema muy grave. El MP-RJ debería ser incluido en la lista de los responsables del aumento de las operaciones policiales y de la letalidad policial", denuncia.
Para expertos, el control de la MP-RJ sobre las operaciones policiales "es débil" / Foto: Tania Rego/Agência Brasil
"Ya perdí la cuenta"
La medida dictada por el STF que prohíbe las operaciones fue emitida en respuesta al Alegato de Incumplimiento del Precepto Fundamental (ADPF) 635, que se conoció como el "ADPF de las Favelas". Fue propuesto por el Partido Socialista Brasileño (PSB), movimientos de favelas y familiares de víctimas de la violencia policial, organizaciones de derechos humanos y la Defensoría Pública del Estado de Río de Janeiro (DP-RJ).
La demanda en marcha desde 2019, antes de que comenzara la pandemia, tiene el objetivo de denunciar al estado de Río de Janeiro por las muertes durante las operaciones policiales.
Cuando emitió la decisión, Fachin dijo que los últimos acontecimientos han hecho que las acciones armadas del Estado sean aún más preocupantes y se refirió al caso del niño João Pedro, muerto a tiros dentro de su casa en una operación conjunta de la Policía Federal y la Policía Civil en el Complexo do Salgueiro, en São Gonçalo, en el área metropolitana de Río, el año pasado.
"Aunque los hechos denunciados deben ser investigados a fondo, nada justifica que un niño de 14 años reciba más de 70 disparos. Este hecho por sí solo indica que, si se mantiene el actual marco normativo, no se hará nada para reducir la letalidad policial, un estado de cosas que no respeta la Constitución", concluyó el ministro.
En opinión de Patrícia Oliveira, la decisión fue un hito importante, pero aún debe ser supervisada para que se cumpla. "Cada día hay operaciones que ya perdí la cuenta. El número de operaciones aumentó poco después de la decisión del STF. En realidad, es una norma que no se está cumpliendo. Nosotros, como movimientos de favela, nos hemos dado cuenta y hemos informado al Ministerio Público y también al Tribunal Supremo. No siempre hemos tenido respuesta. Ya no da más. Es un largo tiempo de abandono. Son vidas interrumpidas. Hay que hacer algo", dice.
Entre el 16 y el 19 de abril están previstas audiencias públicas en el STF para debatir el "ADPF de las favelas ". El objetivo es recopilar información para apoyar un plan de reducción de la letalidad policial en el estado de Río. La petición fue realizada por varios movimientos sociales e instituciones, entre ellos el DP-RJ. Los debates se celebrarán por videoconferencia.
Edición: Vinícius Segalla
