Hace exactamente 28 años, el 2 de octubre de 1992, 111 detenidos fueron asesinados por la Policía Militar de São Paulo (PMSP) dentro del centro de detención conocido como Carandiru. Este viernes (2), también hace 10 meses, nueve jóvenes fueron asesinados por la misma policía, durante un baile funk, en Paraisópolis, zona sur de la ciudad de São Paulo.
Las fechas, tan distantes entre sí, muestran que los asesinatos cometidos por la PMSP no constituyen hechos aislados. Por el contrario, denotan una política de seguridad pública que produce violencia y una letalidad policial evidente – un patrón que se repite en otras instituciones en todo el país.
Solo en 2018, 6.220 personas fueron asesinadas por agentes de seguridad civil y militar, lo que supone un aumento de aproximadamente el 20% con respecto al año anterior, según datos del Foro Brasileño de Seguridad Pública (FBSP) en 2019.
Del total, los policías que más matan en Brasil son del estado de Río de Janeiro: 1.534 personas asesinadas.Y siguen los del estado de São Paulo, con 851 muertes. Según la línea histórica del Foro, la letalidad de la policía en el país ha crecido de forma constante desde 2013. ¿Pero a qué se debe tal aumento?
Construcción de un enemigo durante la dictadura militar
Adilson Paes de Souza, teniente coronel retirado de la Policía Militar de São Paulo y doctor en Psicología Escolar y Desarrollo Humano del Instituto de Psicología de la Universidad de São Paulo, se refiere a la construcción de un enemigo que debe ser combatido bajo argumentos preconceptuosos. Es decir, mientras que algunos individuos son considerados sujetos de derechos, otros ni siquiera son vistos como ciudadanos.
La lucha contra este enemigo, explica Souza, cayó en manos de los militares durante la dictadura militar, cuando los agentes se convirtieron en "el mayor ámbito de acción contra la guerra, los enemigos de la nación". En este momento, la policía incorporó técnicas de infiltración, secuestro, captura, desaparición de oponentes, exterminio, técnicas de tortura e interrogatorio, asi como montaje de informes.
Es una instrumentalización del estado por una política de exterminio.
"Ellos [la policía] recibieron entrenamiento de las fuerzas de Estados Unidos y Francia. Los estadounidenses, inspirados por la doctrina de seguridad nacional. Y los franceses, por la doctrina de la guerra revolucionaria".
Fue en 1969, por ejemplo, cuando se estableció el "auto de resistencia", para registrar las acciones de las fuerzas de seguridad que resultaban en muertes, pero que se basaban solamente en las declaraciones de los propios agentes policiales. "Es una instrumentalización del Estado por una política de exterminio sobre aquellos que son considerados enemigos de la nación", que no cambió con la Constitución Federal de 1988. O sea, el sistema de seguridad pública es el mismo que el de la dictadura.
Souza afirma que, manteniéndose la concepción del sistema basado en la eliminación de un enemigo, " hay una necesidad de seguir luchando". "Y ahí se encaja el perfil estándar de los sospechosos asesinados y detenidos por el Estado brasileño: negros, pobres, jóvenes y residentes de la periferia. Las estadísticas no mienten", dice.
Según el informe de julio de 2020 de la Red de Observatorios de Seguridad, los negros y pardos son el 75% de los muertos por la policía en el país.
Deshumanización de los aspirantes a oficiales de policía
Según el teniente coronel, los aspirantes a policías son sometidos a "un trato rudo, vejatorio, humillante, ritos de paso, fundados en la violencia", cuando entran en las escuelas de policía. La finalidad es la de "deconstruir el ser que antes existía en el policial para construir el militar", exactamente para ubicarlo como "superior a todo y que puede hacer todo en nombre de la seguridad".
Los métodos de tratamiento tienen consecuencias, como la letalidad policial y el suicidio de los policías. "Este sufrimiento tendrá repercusiones en la psique del policía. Entonces, desarrollará mecanismos de defensa para tratar de mantener el equilibrio mental. El suicidio policial puede ser una expresión del mecanismo de defensa, al igual que el acto de matar a alguien", explica Souza.
Cuestión de clase
Para el policía militar retirado del estado de Paraná, Martel Alexandre del Colle, el objetivo de la PM es "formar ciudadanos que son de las clases oprimidas para hacerles sentir fuera de esa clase oprimida y sean ellos mismos los que hagan el control social de las clases trabajadoras, permitiendo que una élite siga viviendo con la mayor comodidad del mundo".
Explica que los entrenamientos se llevan a cabo a través de entornos específicos. Por ejemplo, en las simulaciones de confrontación armada, el escenario siempre es una favela. Sin embargo, cuando el entrenamiento se traslada a otro escenario, de clases privilegiadas, el entrenamiento es diferente.
Del Colle recuerda el episodio en el que el empresario Ivan Storel humilló a oficiales de la policía militar en un condominio de lujo en Alphaville, en la capital del estado de São Paulo. "Eres basura, pedazo de mierda. Eres un PM que gana 1.000 reais (moneda local) al mes, yo gano 300.000 al mes. Puede que seas un macho en la periferia, pero aquí eres una mierda. Esto es Alphaville, hermano", atacó el empresario a dos PMs que estaban atendiendo un incidente.
Formar ciudadanos que son de las clases oprimidas para hacerles sentir fuera de esa clase oprimida.
Viviendo en ese contexto diario, Del Colle terminó enfermándose. "Por mucho que el policía intente deshumanizarse, es muy difícil para la gran mayoría de los policías alcanzar este nivel. Así que siempre está en conflicto consigo mismo y acaba enfermando."
Con los conflictos y cuestionamientos, vinieron sus posturas críticas contra la PM por medio de textos publicados en Internet y cuyo tema principal era la violencia policial y el entrenamiento rudo. Ante esto, recibió un castigo que comenzó con la transferencia de batallón. "Y entonces mi depresión tuvo un golpe muy fuerte. Estuve en un hospital psiquiátrico durante 40 días para recuperarme".
Cuando fue dado de alta, fue remitido a una Junta Médica de la PM para una evaluación. Un mes más tarde, se retiró con un tercio de su salario. Hoy, un año después y a la edad de 30 años, sigue respondiendo a dos casos: uno administrativo, que prevé la exclusión total del salario; y otro penal, por "criticar públicamente un acto de su superior o un asunto relacionado con la disciplina militar", según el artículo 166 del Código Penal Militar, con una pena de prisión de dos meses a un año.
Diseño institucional anacrónico
Robson Rodrigues es un coronel de reserva de la PM de Río de Janeiro, Master en Antropología, estudiante de doctorado en Ciencias Sociales e investigador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estatal de Río de Janeiro (UERJ). Para él, parte de la violencia policial está ligada a diseños institucionales y aparatos policiales anacrónicos que hacen frente al problema actual de la criminalidad en el país.
Rodrigues dice que la policía tiene dentro del marco legal constitucional, un diseño "muy malo", a partir de una atribución "muy equivocada", que coloca a las instituciones como un monopolio de la policía. Esto le otorga un gran poder a la policía militar, que termina siendo responsable de todo, desde la prevención del delito hasta las remisiones.
"Son policías que fueron diseñados en el siglo pasado y todavía tienen las mismas estructuras, trabajando frente a un crimen cada vez más globalizado, una dimensión cada vez más compleja de la seguridad pública y que necesita ser mejorada", dice Rodrigues.
Política institucional
Para Jacqueline Muniz, profesora del Departamento de Seguridad Pública de la Universidade Federal Fluminense (UFF), todos estos factores señalados por los militares arriba son, en todo caso, subyacentes a la política institucional de seguridad pública en Brasil, que permite, de hecho, la violencia y la consiguiente letalidad policial manifiesta.
Muniz explica que desde 2003 existe la Matriz Curricular de la Policía Militar, así como la Matriz Curricular de las Guardias Municipales, que implementaron las pautas de una "capacitación continua sobre los principios democráticos y republicanos", a partir de acciones policiales de todo el mundo.
Según la profesora, que también es ex-directora del Departamento de Investigación, Análisis de Información y Desarrollo de Personal en Seguridad Pública del Ministerio de Justicia, la respuesta no está sólo en la formación que reciben los oficiales en las escuelas de policía.
"La pregunta es por qué esta capacidad [orientada por las matrices] no es exigida y traducida en política policial, en procedimientos operativos públicos claros y conocidos, para delimitar las capacidades coercitivas y los modos tácticos de la acción policial y permitir el control social sobre esa acción. Es decir, que los procedimientos que no sean ocultos, que sean públicos”.
¿Están las instituciones policiales tratando el problema de la violación y la violencia como un asunto individual o como una cuestión estructural?
En opinión de Muniz, se trata de un problema estructural que tiene que ver con la política del uso de la fuerza, los mecanismos de compensación y sanción, las directrices del enfoque policial, o sea, la política de seguridad pública de los estados. En este sentido, la profesora afirma que no hay "claridad" sobre la política del uso de la fuerza en Brasil, a pesar de las matrices consolidadas en 2003, que siguen fielmente los procedimientos establecidos por la Asociación Internacional de Jefes de Policía (IACP).
De hecho, en Brasil no existe una legislación que regule, por ejemplo, el uso de la fuerza por parte de la Policía Militar. Solo hay unos pocos documentos que se refieren a este punto, como el Código Penal y el Código Penal Militar. En este último, en su artículo 243, el uso de la fuerza sólo es válido cuando "es indispensable, en caso de desobediencia, resistencia o intento de fuga", y el uso de armas sólo "cuando es absolutamente necesario".
"La pregunta es: ¿están las instituciones policiales tratando el problema de la violación y la violencia como un asunto individual o como una cuestión estructural, ya que es recurrente?”, pregunta Muniz.
¿Quién determina el sistema?
Para Muniz, decir simplemente que existe una cultura de guerra es crear un determinismo cultural que elimina la responsabilidad. De modo que el sujeto "allí dice concretamente que su mano dispara porque tiene una cultura por detrás que lo ampara".
No se puede hacer responsable a nadie, porque todo el mundo está disperso en una cultura de guerra.
"No es tan así, hay una política intencionalmente construida de tolerancia, complicidad y conveniencia. Ahora, poner en nombre de la cultura es eliminar la responsabilidad individual e institucional. Crea una parálisis. Entonces, ¿Dónde está el sujeto en concreto? ¿Dónde está esa toma de decisión en concreta? No puedes hacer responsable al gobernador, al comandante, al jefe de la guarnición. No se puede hacer responsable a nadie, porque todo el mundo está disperso en una cultura de guerra que no se sabe dónde empieza y dónde termina", dice Muniz.
Para empezar a cambiar este escenario, no es necesario enmendar la Constitución Federal. Por el contrario, "depende del mando de la PM y del gobernador", porque son cambios de carácter administrativo y de procedimiento. "Si estas personas no están tomando estas decisiones es porque tal vez estas decisiones no son beneficiosas para ellos. Tal vez el miedo, la violencia y la violación generen ventajas electorales".
Brasil de Fato se puso en contacto con los Departamentos de Seguridad Pública de los estados de São Paulo, Río de Janeiro y Paraná, todos ellos citados en este reportaje. Pero hasta la publicación de este texto, solo el Departamento de São Paulo respondió.
En una nota, del Departamentos de São Paulo se afirmó que el compromiso de las fuerzas de seguridad pública es con la vida. También se informó que en los cursos de formación se contemplan temas como: Policía Comunitaria, Derechos Humanos y Ciudadanía, Abordaje Policial y Gestión de Incidentes. Y, por último, dice que "el Departamento, a través de la PM, participa en un grupo de trabajo académico, con el Instituto Zumbi dos Palmares y otras siete instituciones, para discutir el tema de la violencia que involucra a los oficiales de policía”.
Edición: Rodrigo Chagas
