Responsable por el mayor desastre ambiental de la historia de Brasil, con el rompimiento de la represa de desechos minerales en Brumadinho (estado de Minas Gerais), en enero de 2019, la compañía minera Vale ya está administrando los R$ 250 millones (US$ 45 millones) en recursos de las propias multas aplicadas por el Instituto Brasileño de Medio Ambiente y Recursos Naturales Renovables (IBAMA) por causa de la tragedia.
La empresa y el ministro de Medio Ambiente, Ricardo Salles, anunciaron el acuerdo a comienzos de julio, el mismo que incluye también al IBAMA y al Instituto Chico Mendes de Conservación de la Biodiversidad (ICMBio). Algunas semanas después, el pacto fue homologado por la 12ª Sala Federal de Belo Horizonte.
Conforme los términos firmados entre las partes, la minera va a presentar y ejecutar los proyectos a ser financiados con el valor de las multas, que deben incluir mejoras en la infraestructura de siete parques nacionales localizados en Minas Gerais y en programas de saneamiento, manejo de residuos y áreas verdes urbanas en municipios del estado. No hay obligatoriedad de aplicación de los recursos en proyectos relacionados con la región afectada por el rompimiento de la represa. El plazo para la realización de las inversiones es de tres años.
El acuerdo, convertido en sentencia de última instancia, ahora es blanco del Ministerio Público Federal en Minas Gerais (MPF-MG). En un recurso interpuesto la semana pasada, fiscales de la República pidieron la nulidad de la sentencia que homologó el acuerdo alegando, entre otras cosas, que la 12ª Sala Federal de Belo Horizonte no tendría competencia para analizar el caso y que ni siquiera se citó al MPF para manifestarse sobre el asunto, como determina la legislación.
Según el MPF, al recibir el pedido para que homologase el resultado de la negociación extrajudicial, el juzgamiento de la 12ª Sala Federal acató los argumentos de las partes e invocó el Término de Transacción y Ajuste de Conducta (TTAC) firmado en el caso rio Doce, relacionado al rompimiento de la represa de Mariana (MG), en 2015, para fundamentar su competencia. Su justificación fue la de evitar “confusión y/o sobreposición de obligaciones jurídicas de reparación y/o compensatorias ambientales, teniendo en cuenta que se trata de desastres distintos”, de acuerdo con la decisión.
No obstante, conforme argumenta el MPF en el recurso, el nuevo Acuerdo Sustitutivo de Multa Ambiental no se relaciona en absolutamente nada con el TTAC o incluso con el desastre de Mariana. Al contrario: las multas aplicadas por el IBAMA “se refieren solamente al desastre de Brumadinho, que ocurrió tres años después, en otro lugar geográfico y de responsabilidad exclusiva de la Vale, no de la Samarco o de la BHP, empresas también responsables por el desastre de Mariana”, dicen los procuradores del MPF.
Ellos también sustentan que, por falta de la obligatoria citación al Ministerio Público, no se ha llegado a la última instancia de la decisión y aún hay plazo tanto para el MP como para que terceros interesados impugnen la sentencia.
"La selección del juicio de la 12ª Sala Federal no fue realizada sin objetivo, observamos que las decisiones sobre el proceso de Rio Doce han beneficiado más a las empresas que a los afectados y el proceso de reparación. O sea, no es sólo un problema formal, sino una verdadera maniobra política para que los objetivos del acuerdo fueran aceptados sin ninguna contestación, que son conceder a Vale poderes de gestión y de policía en las unidades de conservación objetos del acuerdo, territorios eses que son de interés económico de la propia minera, lo que significaría un total retroceso la gestión de los recursos ambientales."
"Además de eso, el acuerdo no prevé la participación de los afectados en la gestión de esos recursos", afirma Anna Galeb, asesora jurídica popular y militante del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB por su sigla en portugués).
Gestión de parques
Otro punto crítico del acuerdo de Vale con el Ministerio de Medio Ambiente es lo que prevé que la minera asumirá la gestión completa de los proyectos de manutención y preservación de parques nacionales. Las unidades de conservación involucradas en el acuerdo son los Parques Nacionales de Serra da Canastra, Caparaó, Serra do Cipó, Serra do Gandarela, Cavernas do Peruaçu, Grande Sertão Veredas y das Sempre-Vivas, que deberán recibir obras de infraestructura, cercamiento y señalización, fortalecimiento y apoyo a la gestión.
Hasta incluso los planes de manejos de los parques quedarán a cargo de Vale, según el acuerdo. Una de las cláusulas del acuerdo dice que la aplicación de los recursos será efectuada de acuerdo con un programa a ser presentado por Vale en hasta 6 meses a partir de la última instancia de la homologación judicial, plazo que termina a comienzos de 2021. El programa está sujeto a evaluación por el ICMBio en hasta 15 (quince) días después de su recepción y, posteriormente, aprobado, en hasta 15 días por el Grupo de Acompañamiento del acuerdo, compuesto por integrantes del gobierno federal.
Uno de los parques que quedarán bajo gestión de Vale con base en este acuerdo es el de Serra da Gandarela, que está atravesado por diversos proyectos de minería. Creado en 2014 para proteger una importante porción de la Mata Atlántica [bioma específico brasileño] del estado de Minas Gerais, el parque queda en el corazón del Cuadrilátero Ferreo, al sur de la Serra do Espinhaço, a 40 km de la capital, Belo Horizonte. Inicialmente se previó que tuviera 38 mil hectáreas, pero el área final del parque quedó en cerca de 31,2 mil para excluir justamente un proyecto de extracción de hierro de la Vale en la región, el Apollo.
"Hay diversos conflictos de interés involucrados, especialmente en los territorios señalados que tienen un potencial de minería muy grande, la homologación de ese acuerdo da carta verde para que la Vale comience a actuar como un poder paralelo en esos territorios. La ley bien señala que la gestión de las unidades de conservación debe ser realizada por entidades específicas para tal actuación, con la fiscalización adecuada del Estado y amplia participación de las comunidades en ese proceso", añade Galeb.
El reportaje de Brasil de Fato buscó a Vale para comentar sobre los eventuales conflictos de interés de la compañía en la gestión de proyectos de conservación ambiental en Minas Gerais y sobre el recurso presentado por el MPF para suspender los efectos del acuerdo, pero la empresa no respondió. También buscamos al IBAMA y al ICMBio, pero estos se limitaron a informar que las informaciones disponibles sobre el caso ya se divulgaron por los canales oficiales del gobierno federal.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
