En Brasil, la pandemia que afecta la economía, la política, la naturaleza, y que impone efectos más severos sobre la vida de los trabajadores más pobres, no permite un escenario optimista de futuro, considerando la postura del gobierno federal frente a las miles de muertes y la profundización de la crisis social.
Para el Movimiento de los Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST), la movilización y organización del pueblo, que busca reunir fuerzas para la construcción de un nuevo proyecto de país, señala un camino único: la construcción de la Reforma Agraria Popular.
Este viernes (5), el movimiento lanza un plan con Medidas de Emergencia para la construcción de la Reforma Agraria, que agrupa propuestas para la democratización del acceso a la tierra, la distribución de riquezas y la defensa de los derechos de los pueblos del campo y de la selva.
Kelly Maffort, de la dirección nacional del movimiento, explica que la efectivización del plan es fundamental para hacer que varios trabajadores y trabajadoras, que están hoy en la extrema pobreza y con la situación dramática del hambre, puedan vivir dignamente.
“Atacar los problemas de la crisis y los problemas del hambre es fundamental, y en la visión del MST, una de las formas en que garantizamos que las personas tengan acceso a trabajo, ingresos, vivienda, y alimentación, es a través de la reforma agraria”, señala Maffort.
El lanzamiento oficial del plan está marcado para las 10h de este viernes, moderado por dirigentes y con la participación de artistas, científicos y parlamentarios.
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Tierra y trabajo
Asentar familias que hoy están acampadas, desempleadas y en las periferias de las ciudades es uno de los ejes centrales de la propuesta. Para eso, el MST quiere la expropiación de latifundios improductivos, especialmente en áreas próximas a los grandes centros urbanos.
“Hicimos un levantamiento entre 729 empresas que deben al Gobierno Federal. Allí tenemos por lo menos una deuda de R$ 200.000 millones (US$ 40.300 millones) de evasión fiscal. Si esas empresas pagaran en tierra al gobierno brasileño, restituyendo a las arcas públicas, sólo allí tendríamos la posibilidad de recaudar seis millones de hectáreas de tierra”, explica Maffort, que también señala como alternativa la distribución de las tierras devueltas de los estados.
Según datos divulgados por la Procuraduría General de la Hacienda Nacional (PGFN) el año pasado, los grandes deudores, con débitos superiores a R$ 15 millones (US$ 3 millones), son responsables por 62% de la deuda activa federal y del Fondo de Garantía de Tiempo de Servicio (FGTS), que alcanza un valor total de R$ 1,368 billones (US$ 274.330 millones).
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La líder del MST explica que los movimientos de ruralistas y del Gobierno Federal en torno al proyecto de ley (PL) 2633 son prueba de que hay tierra disponible, lo que falta es “voluntad política”. El PL se basa en la Medida Provisional 910, que pretendía distribuir 65 millones de hectáreas de tierras públicas a hacendados y deforestadores, principalmente en los estados de la Amazonia Legal,.
“Brasil no sufre de un problema de carencia de tierras para poder hacer reforma agraria. Tenemos un bolsón enorme de tierras públicas que podrían ser arrecadas inmediatamente y colocar en ellas personas que están en situación de vulnerabilidad social”, analiza Maffort.
Tenemos un bolsón enorme de tierras públicas que podrían ser arrecadas inmediatamente.
Otro punto central expuesto en el eje Tierra y Trabajo del plan, es la suspensión de los desalojos y restituciones de tenencia, que se volvieron más inminentes después del golpe contra Dilma Roussef (PT), en 2016, y la consecutiva elección de Jair Bolsonaro (sin partido) – defensor declarado de la violencia contra campesinos sin-tierra.
Amenazas x solidaridad
En Paraná, 10 mil familias viven en 70 campamentos del MST y cerca de 25 de ellos enfrentan riesgo de desalojo. Incluso ante este escenario, es en ese estado donde el MST ha tenido una de las actuaciones más importantes en la distribución de alimentos para la población vulnerable. Desde el comienzo de la pandemia, ya se donaron más de 155 mil toneladas de alimentos agroecológicos cosechados de granjas y huertas de más de 90 asentamientos y campamentos.
Adair Gonçalves vive hace 10 años en el campamento Resistencia Camponesa [Resistencia Campesina], en Cascavel, que se prepara para participar en la tercera donación de alimentos en la región oeste del estado. Las primeras fueron el 10 y el 17 de abril y atendieron a entidades y tres comunidades indígenas de la ciudad de Guaíra.
La inminencia del desalojo, para el campesino que inició la lucha dentro del movimiento en 1991, cuando tenía apenas 11 años, “es la gran dificultad y angustia de las familias”.
“Nosotros aquí en el campamento, recibimos la restitución de tenencia el 15 de diciembre. Estábamos preparándonos para hacer las fiestas de fin de año, para recibir a nuestros familiares. Ahí recibimos esa dura realidad. Aquí es un campamento antiguo, de 1999. Las familias viven aquí, todo lo que tienen está aquí. Se imagina tener que salir de un lugar, donde ya construyó una relación”, afirma Gonçalves, al recordar que sólo el año pasado, en el primer año de gobierno del gobernador Ratinho Júnior (PSD), 500 familias fueron desalojadas de sus tierras en el estado.
El agricultor relata que, durante la pandemia, las 52 familias del campamento están trabajando en un área de 10 mil metros cuadrados para implantar una agrofloresta. El lugar recibió el nombre de Antonio Tavares – trabajador rural asesinado el 2 de mayo en el municipio de Campo Largo
Para Gonçalves, es necesario que las personas de las ciudades perciban la importancia de la agricultura familiar y la paradoja de que un país rico como Brasil no consiga atender a las propias necesidades de su pueblo.
“Decimos que es un país que es un gran productor de alimentos, pero en verdad somos un gran productor de commodities”, afirma.
La Reforma Agraria debe ser agroecológica
Para el MST, la pandemia también evidencia la necesidad de consumir alimentos saludables, agroecológicos, y que sean producidos próximos al mercado consumidor.
Kelly explica que, a partir de las acciones solidarias desarrolladas por el MST en las periferias urbanas, fue posible identificar la importancia de que las personas cuiden de su inmunidad.
“Cuando hablamos de ese tema de la producción de alimentos tenemos un problema de la estandarización alimentaria que fue siendo impuesta por este sistema. Entonces muchas personas que viven en la ciudad, aquí en Brasil estamos hablando de 85% de la población que vive en los centros urbanos, se está alimentando cada vez más de algo que no puede ser considerado comida de verdad, un alimento ultra procesado", señala la sin tierra.
"Eso acaba favoreciendo todo el hall de empresas que está por detrás de eso. Por donde hemos andado en las acciones de solidaridad, percibimos como las periferias están colocadas en una situación de desiertos alimentarios”, señala.
Nacionalmente, el trabajo de solidaridad del MST, que ya distribuyó más de 1.200 toneladas de alimentos para familias de bajos ingresos de todo el país, está concentrado en dos iniciativas: en la campaña “Vamos Precisar de Todo Mundo”, que reúne, por medio de una plataforma online, acciones en curso de más de cien entidades que componen los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo; y en la campaña "Periferia Viva", enfocada en la lucha por políticas públicas y en el trabajo de base construido en los territorios.
Destinar recursos para quien alimenta las ciudades, los agricultores familiares, es un camino que puede garantizar la soberanía alimentaria de la población y que compone la propuesta. El desmantelamiento del Programa de Adquisición de Alimentos (PAA) y el incumplimiento del Programa Nacional de Alimentación Escolar (PNAE) durante la pandemia son denunciados por el movimiento en su estrategia para la construcción de la Reforma Agraria Popular, que también defiende la utilización de líneas de crédito de los bancos públicos para el financiamiento de agroindustrias y cooperativas.
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Para Maffort, los asentamientos de reforma agraria y los campamentos productivos tienen capacidad para seguir alimentando los centros urbanos, pero para eso se necesitan políticas públicas que apoyen esa producción.
“Para que podamos tener acciones de solidaridad, para hacer que el producto salga de allá de la parcela y llegue hasta la olla vacía de la ciudad, necesitamos tener políticas públicas”, explica la líder, que añade también que para garantizar la producción de alimentos es preciso crear condiciones dignas para la continuidad del agricultor en el medio rural - como el fortalecimiento del FUNDEB, la ampliación del PRONERA, y la ampliación y fortalecimiento del SUS.
Velar por la naturaleza y sus pueblos
El último eje expuesto en el plan es la preservación del medio ambiente, y sobre todo, de los pueblos de la selva. Para el movimiento, demarcar las áreas quilombolas [comunidades ancestrales de afrodescendientes], los territorios indígenas y el derecho de comunidades ribeirinhas y nativas son medidas esenciales para velar y proteger fuentes de agua y la biodiversidad en cada bioma.
“Solo vamos a tener un proceso de preservación de los bienes naturales, si defendemos los pueblos. Donde está el agro negocio y donde está la minería es donde más existen conflictos de lucha por la tierra.
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Expuestos en el plan, la interrupción del uso de los agrotóxicos y el estímulo a las agroflorestas son formas de garantizar la diversidad y la abundancia de alimentos. Para Maffort, la falta de agua en las ciudades en medio de la fase más dura de la covid-19 y la sequía que afecta al sur del país son expresiones evidentes del modelo de explotación centrado en el agro negocio y en la minería.
“Somos radicales en la defensa de la agroecología, de la agrofloresta, como una forma de producir y alimentarse en abundancia, pero al mismo tiempo preservar los bienes naturales. Todas las personas que viven en la ciudad dependen de esa preservación”, finaliza.
Edición: Rodrigo Chagas
