La Justicia Federal en Rio de Janeiro suspendió la segunda semana de agosto parte del decreto firmado por el presidente Jair Bolsonaro (Partido Social Liberal) que exoneró once integrantes del Mecanismo Nacional de Prevención y Combate a la Tortura. La Justicia también mandó reintegrar a los funcionarios exonerados.
El órgano está vinculado al Ministerio Público y al Ministerio de la Mujer, la Familia y los Derechos Humanos. La medida de Bolsonaro motivó una denuncia de la entidad Justicia Global a la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
La decisión de la justicia es de carácter provisional, y fue dada en respuesta a una acción ingresada por la Defensoría Pública de la Unión (DPU). En entrevista con el Programa Brasil de Fato, Natalia Damásio, integrante del Mecanismo Estadual de Prevención y Combate a la Tortura, explica cómo funciona el órgano y cómo fue recibida la noticia de la revocatoria por el decreto de Bolsonaro.
Brasil de Fato: ¿Cómo actúa el Mecanismo Nacional de Combate y Prevención de la Tortura?
Natalia Damásio: Fue creado a partir del cumplimiento de un tratado de la Organización de las Naciones Unidas (ONU). Básicamente, una ley internacional que el Estado se obliga a cumplir desde 2007 creando órganos autónomos e independientes para fiscalizar espacios de privación de libertad, o sea, albergues, hospitales psiquiátricos, penitenciarias, sistema socioeducativo, entre otros, para que se pueda crear y producir información sobre torturas o tratamientos degradantes, inhumanos y crueles, así como proponer políticas públicas y coordinar con otros órganos involucrados sean del Ejecutivo, del Sistema de Justicia o Legislativo. Pensar en conjunto con esos órganos propuestas que puedan evitar que la tortura se convierta una práctica común como lo es hoy en nuestro sistema penitenciario, así como en cualquier otro espacio de privación de libertad.
¿Cómo funciona ese protocolo?
En el momento en que se ratifica ese tratado, cada país intenta capilarizar ese sistema para garantir que en todos los espacios de privación de libertad van haber personas cumpliendo esa tarea en todo el territorio nacional. En este sentido, se crea un sistema que compuesto por dos órganos cada uno. Vamos a comenzar por lo nacional: está compuesto por el Mecanismo Nacional de Combate y Prevención de la Tortura que tiene los peritos, las once personas que fueron inicialmente exoneradas por el decreto, y por el Comité Nacional de Combate y Prevención de la Tortura. Ese mismo modelo es replicado en los estados.
¿Qué son los Comités?
Están compuestos por una serie de órganos ligados al Sistema de Justicia, Ejecutivo, Defensoría Pública, Consejo Penitenciario, a nivel federal, el Ministerio de Justicia. Es un órgano híbrido, que tiene algunos consejos de clase, como el Consejo de Psicología, regional o federal, Orden de Abogados de Brasil (OAB) local o federal, más los consejos de servicio social, y además, cinco representantes electos de la sociedad civil. Esos peritos que operan en estos órganos son electos por ese comité. Se abre una convocatoria pública, se hace un proceso selectivo de elección. Somos elegidos por un mandato de cuatro años, susceptible de reelección por cuatro años más. Aquí en Rio somos seis peritos. Es así como se construye este sistema que no es sólo brasileño, también existe en otros países que ratificaron el protocolo. Es importante destacar que Brasil es el primer caso de retroceso con relación a la creación de un Mecanismo. De todo el sistema global de protección, es la primera vez que la ONU está lidiando con un país que retrocedió en la implementación del protocolo.
En un país que se encuentra con su mayor representante mayor creyendo que la tortura es una cosa natural.
Exactamente. Lo que se reproduce en los espacios de la Comisión de Amnistía y de la Comisión de Muertos y Desaparecidos, también se reproduce en la Prevención. Este tipo de violación continúa aconteciendo incluso en el período pos-1988, que es cuando llega nuestra Constitución Federal actual, llamada Constitución Ciudadana.
Aquí en Rio, ¿cuáles son las violaciones más frecuentes con las cuales ustedes se encuentran durante la fiscalización?
Encontramos un sistema extremamente sobre poblado con un déficit de más de 128.000 plazas en el estado. Son 53.000 presos, el flujo de encarcelamiento es muy grande. Además de la sobre población y todos los problemas que ello genera, como falta de acceso al agua y a un lugar para dormir adecuado, encontramos en la salud un problema grave del sistema. Por ejemplo, hasta julio, ya están oficialmente contabilizadas 120 muertes por la Secretaria de Estado de Administración Penitenciaria (SEAP). Voy a dar el ejemplo de un presidio que está en una situación extremamente vulnerable, Jorge Santana, donde se encuentra un número alarmante de presos baleados sin que tengan siquiera acceso a médicos. La mayoría de ellos tienen amputaciones, tiros en la cabeza, tienden a tener deficiencias físicas que adquieren, en realidad, por la forma de encarcelamiento. Ellos ni siquiera estaban teniendo acceso a gasas.
Aparecen también otros agravios: no conseguir cirugía para una hernia, un tratamiento para cáncer, personas que viven con HIV, con tuberculosis. Además de eso, usted tiene una alimentación completamente inadecuada en términos de nutrientes, condiciones completamente insalubres, hay presidios con huecos en el piso donde las personas hacen sus necesidades, duermen en esos espacios con alcantarillado a cielo abierto. 180 personas durmiendo en celdas con capacidad para 75. En general, esas personas están muriendo debido al deterioro de su salud y son muertes evitables porque en el sistema carcelario estamos lidiando con una población muy joven, con una media de 19 a 30 años.
¿Cuándo el mecanismo constata una irregularidad, como la encamina?
Depende. Son una serie de procesos de referencia. Por ejemplo, hacemos el acompañamiento de casos individuales y también de casos colectivos. Depende, desde orientar junto a la SEAP a personas para que reciban atención médica, hasta por ejemplo el envío de una denuncia al Ministerio Público. Pensar con la Defensoría salidas para un caso específico que involucre falta de acceso a la salud. Hasta, por ejemplo, cuestiones más estructurales, como estimular la continuidad y perfeccionamiento de las audiencias de custodia del Estado, pensar medidas legislativas con diputados y diputadas que tengan aprecio por la cuestión de las garantías fundamentales, o sea, básicas de supervivencia, los derechos humanos de los presos. Una variedad de posibilidades de encaminamientos que hacemos, que son analizados en cada caso concreto o cada cárcel, porque son muy distintas realidades carcelarias, que demandan orientaciones muy específicas.
¿Cómo recibieron la noticia de la decisión judicial que revoca parte del decreto?
Es importante ver el grado de reacción que hubo, acciones de la Defensoría Pública, una orden para dar protección a los peritos, una carta de la sociedad civil firmada por más de 240 organizaciones e instituciones, notas del Subcomité de Combate y Prevención de la Tortura de la ONU, manifestando el fin de una política pública. Porque eso es lo que somos, nosotros somos una política pública. Otra reacción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, demandando que fuera restituido el órgano. Hubo una reacción tanto institucional como de la sociedad civil muy fuerte con el desmantelamiento. Vemos esto como reconocimiento de que el trabajo que el Mecanismo hace es de interés, se ha difundido y es una garantía básica del acceso a derechos humanos. No es un órgano creado de la nada, tiene una historia, tiene una misión y viene cumpliendo esa misión que hasta entonces no la realizaba ningún otro órgano en el país. Esto es, ser un órgano independiente y autónomo que garantice que las personas tengan condiciones mínimas de supervivencia y que se interrumpa definitivamente la tortura, que es un crimen de lesa humanidad.
Edición: Vivian Virissimo | Traducción: Pilar Troya
