De la acción violenta promovida por sicarios en el sur de Pará, región norte de Brasil, no se salvaron ni los niños. El viernes pasado, 4 de mayo, un grupo de 10 familias de agricultores que estaba acampando en las orillas del rio Araguaia, en São João do Araguaia, fueron víctimas de tortura y se les ordenó salir del estado. El caso sucedió a pocos días de cumplirse un año de la masacre de Pau D’Arco, donde 10 acampados en la hacienda Santa Lúcia fueron asesinados durante una acción policial.
De acuerdo con informaciones de la Comisión Pastoral de la Terra (CPT), los sicarios estaban fuertemente armados y usaban capuchas para esconder su identidad. Llegaron en dos camionetas al lugar donde las familias estaban. Aparte de los adultos, entre ellos una mujer embarazada de tres meses, había 11 niños en el campamento, de entre tres meses y 10 años.
Según el historiador Airton dos Reis Pereira, profesor en la Universidad del Estado de Pará (UEPA), “no existe sicario que actúe por cuenta propia”. El sicariato es una práctica de acción violenta que tiene como característica la remuneración paga por una persona que ordena la acción, el poder de mando se remonta a los grandes propietarios de tierra desde la época del imperio. La herencia de esa acción violenta puede esclarecer porque la presencia de sicarios en el sur y sudeste de Pará es fuerte, regiones donde hay “grupos poderosos de hacendados” y destaca que la impunidad es otro factor que colabora con el engranaje de crímenes en el campo.
“Hay otra pieza del engranaje que es el poder público, porque si no existiese la impunidad, y la impunidad sólo existe porque tenemos una lentitud y una cierta indolencia del estado, de las instituciones públicas, entonces por eso continúa perpetuándose”, completa.
El profesor cita diversos casos de lideres de movimientos populares asesinados por sicarios al mando de hacendados, como Expedito Ribeiro y João Canuto de Oliveira que, en épocas diferentes, fueron presidentes del Sindicato de Trabajadores Rurales (STR) del municipio Rio Maria. João Canuto fue asesinado en 1985, pero quienes ordenaron el crimen fueron condenados por la Justicia de Pará en 2003, después de 18 años del episodio.
Los trabajadores relataron a la CPT que durante una hora sufrieron una sesión de torturas, ni los niños se salvaron. “Los adultos fueron golpeados con palos, machetes y culatazos. Los cuerpos de los trabajadores están llenos de marcas. Los sicarios dispararon sus armas cerca del oído de dos niñas gemelas de 3 meses de edad para aterrorizar a su madre. Dispararon a hamacas con niños dentro, además de derribar y pisotear a niños en el suelo. Una de las madres que estaba embarazada, que también fue pisoteada, tuvo un sangrado y puede haber sido víctima de aborto”, informa la CPT.
Según la nota, los sicarios prendieron fuego a las chozas. Luego de la sesión de tortura, las familias fueron obligadas a subir a la carrocería de las dos camionetas llevando apenas la ropa que traían puesta. Fueron abandonados en Vila Santana, localizada a la orilla de la carretera Transamazónica, a cerca de 30 km del lugar del campamento donde las familias estaban.
La Comisión además informó que ese grupo de sin tierra junto con otras familias, por orden del juez de la Sala Agraria de Marabá, habían sido desalojados en enero de este año de la Hacienda Esperantina, de propiedad de la siderúrgica SIDENORTE Marabá. Sin tener a donde ir, este grupo de diez familias decidió acampar a las orillas del rio Araguaia – terrenos de la Marina, entonces federales – a cerca de 10 km de los límites de la hacienda, pero la orden dada por los sicarios a las familias era que el grupo saliese de Pará y fuese a Tocantins.
Sofisticación de la violencia
La CPT, organismo ligado la Conferencia Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), a lo largo de los años registra los casos de violencia en el campo. José Batista, abogado y coordinador de la CPT en Marabá, analiza que la práctica del sicariato ha presentado otros formatos: antes había una actuación más individualizada, un sicariato tradicional, actualmente los crímenes contra trabajadores sin tierra han involucrado acciones de grupos travestidos, sea de guardias de seguridad, sea de milicias rurales.
“Existe tanto el sicario tradicional, que aún continua en acción, como las empresas de seguridad que son contratadas junto con grupos de sicarios para realizar las acciones violentas y las milicias armadas, que son grupos que no tienen vínculos con empresas de seguridad, que son esencialmente sicarios que, generalmente, cuando la policía va a la hacienda, son presentados como funcionarios de la hacienda, vaqueros, etc., pero en verdad funcionan como milicias, grupos armados a servicio de los latifundistas”.
Además de estas categorías, Batista dice que existen personas identificadas en la región que consiguen sicarios, una especie de “empresarios del crimen” y que son “encargados de establecer contactos con los propietarios de tierras y ofrecer el servicio de sicariato a aquellos que tienen interés en contratarlo”. El también apunta otra característica fuerte de esa acción violenta: la participación de policías militares en los crímenes contra sin tierra y afirma que el actual escenario político ha contribuido al sicariato en Pará.
“En función del cuadro político actual hay una connivencia del poder público, una facilitación que acaba favoreciendo la diseminación de esos grupos armados en el campo y en esta región del sur y sudeste de Pará, una región que ha sido históricamente escenario de mucha violencia practicada por sicarios, esa práctica continúa en curso en la actualidad y gana fuerza por acciones de naturaleza más colectiva por parte del latifundio”, argumenta.
Para el profesor, el sicariato es un gran sistema alimentado también por los discursos cargados de prejuicios contra los sin tierra, por parte de agentes del estado que comulgan con el pensamiento de grandes hacendados de la región.
“Los prejuicios contra los trabajadores rurales de algunos agentes del estado aún son visibles, entonces el trabajador muchas veces es tachado como perezoso, como que no paga impuestos, que invade tierras, que quiere la tierra para venderla, que no produce, usted va a ver en el discurso de la policía que esos prejuicios están muy cerca”, dice.
La violencia contra las familias de trabajadores rurales en el municipio de São João do Araguaia está siendo investigada por la Delegación de Conflictos Agrarios (Deca) de Marabá. Batista relató que el delegado estuvo en el área, intimó a algunas personas y aún está recogiendo declaraciones del resto del grupo, no todos pudieron ir a la delegación el fin de semana por falta de condiciones financieras. El martes (8) había dos agricultores que aún estaban rindiendo declaraciones en Marabá y les hicieron exámenes corporales para verificar el delito.
Edición: Juca Guimarães | Traducción: Pilar Troya
