La disputa por las riquezas naturales de la región Oeste del Estado de Bahia es de larga data. Poblaciones ancestrales de ribereños, “quilombolas” (comunidades negras rurales que agrupan descendentes de esclavos, y son hasta hoy núcleos duros de la resistencia negra en el Brasil), pueblos indígenas, y comunidades tradicionales de “Fechos de Pasto”, han enfrentado todo tipo de violencias para defender su territorio. El cerrado, uno de los mayores biomas del país: su vida y su propia existencia.
En los años 70, en plena dictadura militar, grupos de pistoleros y forasteros ya andaban por aquí, amenazando a la población, siempre contando con la protección del Estado y en muchos casos de la propia policía. Muchos de los supuestos oficiales de justicia, en realidad eran los propios capataces, mandados por los propios terratenientes.
“Primero ellos llegaron cercando las áreas, de a poco, sin cultivar nada, sólo para marcar presencia. Enseguida comenzaron con los monocultivos. El primero de ellos fue el Eucaliptus”, afirma seu Zé, 75 años, habitante de una de las comunidades de los “Fechos de Pasto”. Nacido y criado en la región, se estima que su familia ha estado por aquí desde hace más de 300 años.
No pasó mucho tiempo para que el pueblo se movilizara en defensa del territorio.
“Cuando ellos llegaron con el eucaliptus, fue el momento en el que el pueblo vio lo que estaba aconteciendo y comenzó a movilizarse, los enfrentamos sin miedo”, afirma seu Zé. Desde aquel momento, el territorio en el que vive, tiene menos del 5% del área original.
La guerra desatada por estos lares, ya derramó mucha sangre. Uno de los mayores mártires de esta tierra fue el abogado Eugenio Lyra, gran defensor de los derechos de los campesinos de la región.
Setiembre de 1977. Un día antes de su testimonio en la Comisión Parlamentaria de Investigación sobre “Grilagem” (término en portugués utilizado para denominar las apropiaciones fraudulentas de tierras), le dieron un balazo en la frente en la puerta de una barbería en la ciudad baiana de Santa María da Vitória, al lado de su esposa embarazada.
Eugenio Lyra, abogado defensor de los derechos de los pequeños campesinos (Foto: Archivo)
En este contexto, dos “grileiros” –como se conoce a los apropiadores- tuvieron protagonismo en la tentativa de tomas os “Fechos de Pasto” de las Comunidades de la región. Es decir, tomar sus territorios: João Branco y José Cavalcanti. A base de violencia, por años tiraron la paz de los pobladores. Hoy, otros nombres cumplen el mismo rol.
En 2012, indignados con la demora de la justicia, los campesinos llegaron a detener a trece personas que actuaban como “seguridad” de las empresas, acusados de apropiarse de más de cincuenta mil hectáreas de tierras en las regiones de Lodo, Morrinho e Gado Bravo. El pueblo organizado ocupó la sede de la hacienda, detuvo a los pistoleros y los llevó para la Comisaría de Correntina. En poco tiempo fueron liberados.
Jornal “A Foice” (la hoz), edición de 1981, que denunciaba la violencia de los “grileiros” (Foto: Archivo MAB/Biblioteca Campesina)
La amenaza de las Usinas Hidroeléctricas
El contexto de la lucha se agudizó cuando los proyectos del gran capital alcanzaron otros niveles y la codicia de los grandes empresarios se volcó a la generación de energía. Los ríos de la región pasaron a ser vistos como fuente extraordinaria de lucro ya en los años 2000.
El proyecto implica la construcción de cerca de 39 PHC (Pequeñas Centrales Hidroeléctricas), con posibilidad de que sean más de 100. “Un verdadero crimen desde el punto de vista ambiental y social, como evalúa Temóteo Gomes, coordinador del Movimiento de los Afectados por Represas (MAB, por sus siglas en portugués).
“Si estos proyectos son aprobados, irán inundar un área de miles de hectáreas. Esta es una zona de Cerrado, totalmente preservada, y las comunidades que aquí viven tendrán toda su historia y su cultura ancestral totalmente inundada. No lo vamos a permitir”, afirma Gomes.
A comienzos de 2015, policías comenzaron a distribuir documentos que permitían los estudios de las áreas para construcción de las hidroeléctricas, mismo antes de cualquier estudio técnico, y en caso de no aceptar, serían obligados a pagar una multa de 500 reales (unos 155 dólares) por día.
Señora es forzada a firmar documento entregado por la policía. (Foto: Archivo MAB)
La acción de la policía, como de costumbre, fue desproporcional, intimando a los campesinos, haciéndolos firmar documentos, siendo muchos de ellos analfabetos. La falta de información y las amenazas eran constantes.
“Fueron tiempos muy difíciles, la policía venía a casa y nos forzaba a firmar documentos. Yo no tengo estudios, y tuve que colocar mi huella digital en un documento que ni sabía qué decía”, afirma Dionisio.
Policías obligan a un hombre que no sabe leer a firmar documento (Foto: Archivo MAB)
En respuesta, ribereños organizados resistieron, y acamparon durante días, cerrando las entradas que daban acceso a la comunidad. En aquel momento, más de 100 personas dijeron no a la empresa Data Traffic, responsable por el proyecto de la Pequeña Central Hidroeléctrica (PCH) Arrodeador, en el río Formoso.
La lucha del pueblo siempre fue en defensa del río, una riqueza sin valor, como explica el agricultor que nació y se crío allí:
“El río para mi es todo. Es mi vida. No tiene precio, y por él vamos a luchar hasta el fin de nuestros días. Nuestra lucha es por nuestros hijos, nuestros nietos, ¿qué herencia les vamos a dejar?, pregunta seu Dionísio, uno de los ribereños que más sufrió con la represión policial y el proceso de criminalización de la lucha.
El agua en disputa
Recientemente, el agronegocio ya instalado en la región viene codiciando el bien más precioso de los ribereños. La lucha hoy es por el agua.
Datos de la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT) señalan que por lo menos 17 riachuelos del Río Arrojado ya están totalmente secos. Empresas como Sudotex, Celeiro, BrasilAgro e Igarashi, por ejemplo, con inversiones de países como Nueva Zelanda, Estados Unidos, Japón, vienen avanzando cada vez más sobre los ríos. Solamente Igarashi, multinacional de origen japonés, consume hoy una cantidad equivalente a cien veces el total del municipio de Correntina.
“Solamente en la región de Jaborandi, tenemos instalados más de 117 centrales de irrigación (que consumen un volumen altísimo de agua). En todo el Oeste de Bahia, son más de 160 mil hectáreas irrigadas, tienen emprendimientos con 12 bombas de captación de agua, prendidas las 24 horas. La mayoría es monocultivo, granos para exportación, nada queda para la región”, refuerza Temóteo.
Según él, la pauta de reivindicaciones hoy, está enfocada en que se cancelen inmediatamente las concesiones que autorizan la libre explotación del agronegocio en la región.
“Nuestra pauta hoy es la suspensión de las concesiones para las grandes empresas que vienen deforestando, secando los ríos y violentando a la población desde hace tantos años”, concluye Gomes.
*Texto y fotos: Colectivo de Comunicación do MAB, reportaje especial en Correntina-BA
Edición: MAB
