La relatora de la Comisión Parlamentaria Mixta de Investigación (CPMI) que investiga los actos criminales del 8 de enero, senadora Eliziane Gama (Partido Social Democrático - Maranhão), pidió en su informe, presentado este martes 17 por la mañana, la acusación del expresidente Jair Bolsonaro (Partido Liberal).
"Es de conocimiento público que Jair Messias Bolsonaro nunca alimentó su simpatía por los principios republicanos y democráticos. Prueba de ello es la extensa documentación puesta en conocimiento de esta CPMI y que comprueba tales hechos", escribió la congresista en su informe.
:: Finalizó esta semana la comisión que investiga los actos golpistas del 8 de enero ::
"Como se menciona en otros puntos del informe, Bolsonaro hizo innumerables transmisiones en vivo durante el ejercicio de su mandato como presidente, cuestionando el sistema de voto electrónico, ocasiones en las que no presentó ningún fundamento técnico o fáctico concreto. En una de estas transmisiones, Bolsonaro filtró el contenido de un proceso confidencial en el que se investigaba la invasión de los sistemas del TSE."
'Socavar como una termita'
La relatora afirmó que el expresidente fue el mentor de los actos de vandalismo del día 8. "Visto como una figura 'mítica' por sus seguidores, Jair Bolsonaro utilizó lo mejor que pudo el aparato estatal para lograr su mayor objetivo: socavar como una termita las instituciones republicanas brasileñas hasta su total desintegración, de modo a permanecer en el poder de forma perenne y autoritaria."
"El entonces presidente tiene responsabilidad directa, como mentor moral, por gran parte de los ataques perpetrados contra todas las figuras republicanas que representaran cualquier tipo de obstáculo a su gesta golpista. Agentes públicos, periodistas, empresarios, militares, miembros de los Poderes: todos sufrieron ataques incesantes por parte de Jair Bolsonaro y sus partidarios, muchos de ellos ocupando cargos públicos, que se valieron de la maquinaria estatal para coaccionar y agredir a las personas."
“O nome é Jair Messias Bolsonaro.” 👀
— Brasil de Fato (@brasildefato) October 17, 2023
A senadora Eliziane Gama (PSD-MA) apresentou seu relatório à #CPMIdoGolpe nesta terça (17). O documento pede indiciamento de Jair Bolsonaro por abolição violenta do Estado Democrático e outros crimes. #BrasildeFato pic.twitter.com/kYcTBeiVLd
"'El nombre es Jair Bolsonaro'. Este martes 17, la senadora Eliziane Gama presentó su informe a la #CPMIdelGolpe. El documento pide acusar a Jair Bolsonaro por abolición violenta del Estado Democrático, entre otros crímenes."
Poco después, la senadora recordó el testimonio del hacker Walter Delgatti Neto ante la CPMI, el 17 de agosto. En su momento, Neto afirmó que el ex ministro de Defensa Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira facilitó su acceso a la sede de esa cartera, en Brasilia, y a empleados especializados en tecnologías de la información para intentar crear un código-fuente falso de las urnas electrónicas, con el fin de manipular fraudulentamente el resultado de las elecciones presidenciales de 2022.
Walter Delgatti Neto / Geraldo Magela/Agência Senado
El puente entre Paulo Sérgio Nogueira y Walter Delgatti Neto lo habría tendido el propio expresidente Jair Bolsonaro tras una reunión en el Palacio de la Alvorada, el 10 de agosto del año pasado. "La conversación fue muy técnica hasta que el presidente me dijo: 'la parte técnica yo no la entiendo; te voy a enviar al Ministerio de Defensa, a través del general Marcelo Câmara, y allí les explicas todo', a pesar de la resistencia de Marcelo Câmara a llevarlo", afirmó Walter Delgatti Neto.
"Me dijo que yo estaría salvando a Brasil. Esta conversación evolucionó y llegó a la parte técnica. Recibí una garantía de protección, recibiría un indulto del presidente. Con las medidas cautelares de prohibición de acceder a internet que yo tenía, me ofreció ese indulto".
Eliziane Gama afirmó que Bolsonaro debe ser acusado por los delitos de asociación criminal, violencia política, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, todos ellos previstos en el Código Penal, por conductas dolosas, es decir, cuando existe la intención de cometer los crímenes.
Silvinei Vasques, Marília Ferreira de Alencar y Anderson Torres
En el informe, la senadora también afirmó que hay "sobrados indicios" de que el expresidente hizo uso de la Policía Federal de Carreteras (PRF) "para monitorear localidades, especialmente en la región Nordeste, donde el candidato Luiz Inácio Lula da Silva, en la primera vuelta de las elecciones de 2022, habría tenido más votos; una "verdadera forma de violencia política".
En la segunda vuelta de las elecciones, la PRF, bajo el mando del exdirector Silvinei Vasques, realizó alrededor de 500 operativos viales, bloqueando calles, principalmente en la región Nordeste. Los lugares donde se llevaron a cabo los operativos fueron recopilados en una planilla confeccionada por la ex directora de inteligencia del Ministerio de Justicia, Marília Ferreira de Alencar. Ella declaró a la Policía Federal que entregó una planilla impresa con el mapa de votación de Lula y Bolsonaro, por municipio, al entonces ministro de Justicia, Anderson Torres.
Anderson Torres en la CPMI del 8 de enero / Bruno Spada/Cámara de Diputados
Datos del Ministerio de Justicia indican que la corporación inspeccionó, entre el 28 y el 30 de octubre, 2.185 autobuses en el Nordeste, 893 en el Centro-Oeste, 632 en el Sur, 571 en el Sudeste y 310 en el Norte. En cuanto a las multas pagadas en el primer y segundo turno, el 2 de octubre totalizaron R$ 500 mil, mientras que el 30 del mismo mes rondaron los R$ 13 millones.
Tanto Marília Ferreira de Alencar como Silvinei Vasques también fueron objeto de una sugerencia de acusación por parte de la relatora Eliziane Gama.
La senadora sostuvo, incluso, que Marília demoró mucho en actuar el 8 de enero, cuando era subsecretaria de inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, cargo que ocupó tras dejar el Ministerio de Justicia. Se sugirieron contra Marília los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Del mismo modo, Eliziane Gama sugirió los delitos de asociación criminal, fraude, delitos de malversación de fondos, abogacía administrativa, frustración del carácter competitivo de las licitaciones, contrataciones inadecuadas y violencia política.
Marília Ferreira Alencar en declaración ante la CPMI del 8 de enero en la Cámara Legislativa del DF. / Rinaldo Morelli/CLDF
Contra Anderson Torres se acusaron los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado. Además de haber sido "directo responsable por la realización de los operativos en las vías en la región Nordeste durante la segunda vuelta", la senadora afirmó que, en general, "Anderson Torres adhirió subjetivamente a la voluntad de Jair Messias Bolsonaro en el intento de golpe".
La congresista también escribió que Torres "intentó cooptar peritos criminales de la Policía Federal para producir eventuales pruebas contra la seguridad de las urnas de votación electrónica, el mismo día que Jair Bolsonaro publicaba contenidos cuestionando la seguridad electoral, anunciando que una elección sin voto impreso sería un fraude".
Otras acusaciones
La senadora también sugirió la acusación de Mauro Cid por los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado Democrático de Derecho y golpe de Estado, "a título de dolo, por adherir subjetivamente a las conductas delictivas de Jair Messias Bolsonaro y otras personas de su entorno, contribuyendo decisivamente al desenlace de los hechos del 8 de enero de 2023".
Luis Marcos Dos Reis también fue objeto de una sugerencia de acusación. El día de los actos golpistas, él compartió "diversas imágenes de las manifestaciones en la explanada de los ministerios junto con su esposa y uno de sus hijos. Además de filmar, compartió los videos con algunos contactos de su teléfono. A continuación se exponen algunas imágenes extraídas de los videos grabados y de las conversaciones en las que ese contenido fue compartido", señala la Policía Federal en el informe.
Edición: Nadini Lopes e Rodrigo Durão Coelho
