El escándalo de la venta ilegal de joyas podría llevar a Jair Bolsonaro (Partido Liberal) a la cárcel. Pero no es el único caso por el que debe responder el expresidente. El proceso se enmarca dentro de la investigación de las milicias digitales en el Supremo Tribunal Federal (STF), que también tiene otras cuatro líneas de investigación: actos antidemocráticos, ataques al proceso electoral, difusión de desinformación durante la pandemia e intento de golpe de Estado. También se investiga la presunta implicación del capitán retirado en una trama de fraude en su libreta de vacunación contra la COVID-19 utilizada en viajes al extranjero.
Un repaso de los casos:
Las joyas
La Policía Federal (PF) brasileña confirmó que el expresidente tenía conocimiento de intentos de su entorno cercano de vender las joyas recibidas en condición de regalos a Brasil por parte de delegaciones extranjeras. Los mensajes encontrados en el celular incautado del teniente coronel Mauro Cid, exedecán de Bolsonaro, confirman que el exmandatario estaba al tanto de las negociaciones.
El pasado 17 de agosto, el magistrado Alexandre de Moraes, del Supremo Tribunal Federal (STF), autorizó el levantamiento del secreto bancario y fiscal de Jair Bolsonaro y su esposa, Michelle Bolsonaro, con el objetivo de identificar si el dinero adquirido con la venta de joyas de la Presidencia fue transferido al expresidente.
La decisión de Moraes se produjo el mismo día en que el abogado del teniente coronel Mauro Cid, Cezar Bittencourt, informó que su cliente admitiría que vendió las joyas de la Presidencia de la República a instancias de Bolsonaro y que habría entregado el dinero obtenido en efectivo. El valor puede haber superado el millón de reales (aprox. 200 mil USD).
Según la corporación, fue montada una ofensiva para burlar el registro de los obsequios por parte del sector del Palacio del Planalto encargado de catalogar los objetos. Serían parte del esquema el exedecán de Bolsonaro, el teniente coronel Mauro Cid; su padre, el general retirado Mauro César Lourena; el subteniente del Ejército Osmar Crivelatti, mano derecha de Mauro Cid; y el exabogado de la familia Bolsonaro, Frederick Wassef.
Ellos fueron objeto de un operativo de la PF –denominada Lucas 12:2, en referencia al versículo de la Biblia que dice "nada hay tan oculto que no haya de ser descubierto o tan escondido que no haya de ser conocido"–, que comenzó el 11 de agosto, con órdenes de allanamiento autorizadas por el ministro Alexandre de Moraes, del STF. Según Moraes, hay indicios de que el esquema se llevó a cabo por indicación de Bolsonaro.
:: ¿Qué se sabe hasta ahora sobre la venta en EE.UU. de joyas obsequiadas a Bolsonaro? (disponible en portugués) ::
En un comunicado, la policía federal señaló que "existen fuertes indicios de que los investigados utilizaron la estructura del Estado brasileño para desviar bienes de alto valor patrimonial entregados por autoridades extranjeras al Presidente de la República (…) con la intención de generar el enriquecimiento ilícito del expresidente Jair Bolsonaro".
Los montos obtenidos de las ventas habrían sido "convertidos en dinero en efectivo e ingresados al patrimonio personal de los investigados, a través de personas intermediarias y sin utilizar el sistema bancario formal, con el objetivo de ocultar el origen, la ubicación y la propiedad de los valores".
La Policía Federal también está compartiendo todos los detalles de la investigación con el FBI, la agencia federal de policía de los Estados Unidos. Esto podría dejar a Jair Bolsonaro, Mauro Cid y Mauro César Lourena sujetos a investigaciones en el país norteamericano por posibles delitos financieros, como lavado de dinero y uso de cuentas bancarias para ocultar valores ilícitos. Además, el FBI deberá generar investigaciones sobre las empresas, tiendas e individuos que compraron las joyas, a fin de determinar si tenían conocimiento del origen ilegal de estas piezas.
La investigación de las milicias digitales
La operación de búsqueda realizada el 11 de agosto fue el resultado de una investigación del Tribunal Supremo Federal (STF) sobre la actuación de milicias digitales, informada al Tribunal Supremo Federal por el magistrado Alexandre de Moraes. La indagatoria partió de la investigación sobre los actos antidemocráticos de 2020. Según la PF, la organización responsable de esos actos fue autora de toda la escalada golpista hasta llegar a los ataques al sistema electoral en 2022.
En total, la indagatoria tiene cinco líneas de investigación que están relacionadas entre sí: actos antidemocráticos, ataques al proceso electoral, la difusión de desinformación durante la pandemia, el intento de golpe de Estado y la utilización del Estado para obtener ventajas personales, como la venta de obsequios. Todos estos hechos habrían sido movilizados por el mismo grupo de aliados y colegas de Jair Bolsonaro, lo que justifica que el operativo Lucas 12:2 haya partido de la indagatoria sobre las milicias digitales.
:: Alexandre de Moraes unifica investigaciones sobre milicias digitales y ataques a urnas electrónicas (disponible en portugués) ::
Respecto al caso de sospecha de utilización del aparato estatal para obtener ventajas, hasta el momento no había pruebas suficientes para implicar directamente a Jair Bolsonaro en las investigaciones. Esto se debe a que la verificación de las operaciones sospechosas llevadas a cabo por miembros del equipo liderado por Mauro Cid aún estaba en curso.
Los nuevos hallazgos de la PF, sin embargo, pueden implicar directamente a Bolsonaro en la venta ilegal de joyas y otros objetos de valor obsequiados al Estado brasileño, ya que se encontraron mensajes que demuestran que el expresidente habría recibido el dinero de la venta de esos obsequios.
Gabinete del odio
También en el ámbito de la investigación de las milicias digitales, la Policía Federal envió un informe al Supremo Tribunal Federal (STF) en el que señala la existencia de una milicia digital responsable de un "gabinete del odio" que actuaba contra las instituciones democráticas del país y contra opositores.
"También se observa que, además de promover ataques a los medios tradicionales de difusión de información (periódicos, radio, televisión, etc.) y de estimular la polarización y los debates acérrimos, la organización utiliza esta estructura para atacar de forma anónima a distintas personas (antagonistas políticos, magistrados del STF, miembros del propio gobierno, disidentes, etc.), todo con el objetivo de allanar el camino para alcanzar los objetivos trazados (ganancias ideológicas, partidistas y financieras)", escribió la comisionada de la PF, Denisse Ribeiro, quien firma el documento.
Ribeiro también resumió cómo se da la actuación del grupo en cuatro procesos. El primero es la elección: el grupo elige quiénes son los flancos de ataque. Luego, la preparación, es decir, la elaboración de los contenidos a publicar. En tercer lugar, el ataque en sí mismo, con la publicación de agresiones y noticias falsas. Finalmente, el gabinete produce el eco, que es el cruce de posteos y de retransmisiones.
:: PF confirma la existencia del “gabinete del odio” en un informe enviado al STF; lea el documento (disponible en portugués) ::
La comisionada también informa que el grupo actuó en la difusión de información falsa sobre la pandemia de COVID-19. "A modo de ejemplo, entre otros, se puede mencionar la cuestión del tratamiento precoz contra la COVID-19 con uso de hidroxicloroquina/cloroquina y azitromicina".
Pese a señalar la existencia del gabinete del odio, la comisionada de la PF explicó que la investigación debe continuar. "Existen, igualmente, lagunas que es necesario completar, lo que indica la necesidad de realizar nuevas acciones dirigidas a individualizar los hechos practicados, con identificación de autores y partícipes", completó la comisionada.
Ataques al proceso electoral
El expresidente ya fue condenado por el Tribunal Superior Electoral (TSE) a ocho años de inhabilitación por abuso de poder político y mal uso de los medios de comunicación al realizar ataques al proceso electoral durante una reunión con embajadores poco antes de los comicios de 2022. Sin embargo, la difusión de información errónea sobre las urnas electrónicas también es objeto de investigación por parte del STF en el marco de la causa sobre las milicias digitales.
El magistrado Alexandre de Moraes determinó, en mayo del año pasado, que las investigaciones relacionadas a los ataques de Bolsonaro a las urnas electrónicas y la supuesta actuación de una milicia digital contra la democracia fueran conducidas de manera conjunta.
La decisión se tomó en respuesta a una solicitud de la Procuraduría General de la República (PGR), que sostuvo que unificar las dos investigaciones era fundamental antes de tomar una decisión sobre la posibilidad de denunciar al capitán retirado. La investigación sobre los ataques de Bolsonaro al sistema electoral comenzó en 2021, luego de que el entonces presidente difundiera información falsa sobre las urnas durante una transmisión en vivo en las redes sociales.
"La Policía Federal realizó varias diligencias y concluyó que los elementos de interés obtenidos durante la investigación corroboran la esencia de la forma de actuar de este grupo de personas, en convergencia con la forma de actuar ya presentada ante el Tribunal Superior Electoral en ocasión de la investigación administrativa también iniciada a raíz de la promoción del vivo", escribió Moraes en su momento.
Fraude en la libreta de vacunación
De acuerdo con la Policía Federal, hay indicios de que Bolsonaro sabía del esquema de fraude en sus registros de vacunación contra la COVID-19, ya que las libretas de vacunación suya y de su hija menor contienen registros de vacunación falsos. El teniente coronel Mauro Cid, exedecán y mano derecha del expresidente, habría sido el coordinador del fraude. Cid se encuentra preso desde el 3 de mayo.
"Jair Bolsonaro, Mauro Cesar Cid y, posiblemente, [el asesor] Marcelo Costa Câmara tenían pleno conocimiento de la inserción fraudulenta de los datos de vacunación, permaneciendo inertes ante tales hechos hasta el momento", dice un extracto de un informe de la PF.
El actual asesor del expresidente, Max Guilherme Machado de Moura, confirmó en una declaración a la Policía Federal que emitió un certificado de inmunización contra la COVID-19 a su nombre, incluso sin haber sido vacunado.
"Al igual que los hechos investigados relacionados con Jair Bolsonaro y su hija Laura, los elementos de información recopilados demostraron coherencia lógica y temporal, desde la inserción de datos falsos en el sistema SI-PNI [Sistema de Información del Programa Nacional de Inmunizaciones] hasta la generación de certificados de vacunación contra la COVID-19", afirmó la PF sobre Moura.
Edición: Nadini Lopes e Felipe Mendes
