“Pasaron por encima de mi café con un tractor. Pasaron por encima de mi huerto. Quemaron mis plataneras, todas con varios racimos, para consumo interno pero también para comercializar. Pasar por ahí y ver que se destruyó todo es muy difícil”.
Con la voz trémula, la sin tierra Helen Mayara dos Santos narra los momentos de agobio vividos por las familias del campamento Quilombo Campo Grande, ubicado en Minas Gerais (sudeste de Brasil), durante la restitución de tenencia el 14 de agosto.
La memoria del gas lacrimógeno lanzado por los policías y el avance de la policía antidisturbios contra los integrantes del campamento, que resistieron al desalojo por casi 60 horas, aún es candente días después de la acción.
La familia de Helen es una de las ocho impactadas directamente por la restitución de tenencia a favor del empresario Jovane de Sousa Moreira, que intenta reactivar el ingenio azucarero Ariadnópolis, que acumula una deuda de más de R$ 406 millones [un poco más de US$ 73 millones].
Tras declararse en quiebra en 1996, la empresa no pagó lo que en derecho correspondía a sus trabajadores. Las multas laborales suman más de 1 millón de reales. Las deudas al fondo de seguridad nacional sobrepasan los 1,5 millones. Dos años después, trabajadores del ingeniero quebrado que hasta hoy no recibieron sus derechos se sumaron al Movimiento de Trabajadores Rurales Sin Tierra (MST) y ocuparon y revitalizaron el área.
Los cultivos de Helen y de su marido fue destruido / Foto: Archivo Personal
Actualmente, el área de Quilombo Campo Grande cuenta con 11 campamentos, que alojan a más de 450 familias; 8 de ellas perdieron sus casas, según el MST. Son 36 personas afectadas, incluyendo 16 niños.
Según el MST, la restitución de tenencia que ocurrió el último viernes es ilegal por abarcar un área más grande que la determinada por la Justicia. La primera orden de desalojo se restringía a 26 hectáreas del terreno. Sin embargo, en febrero, la jurisdicción agraria de Campos Gerais determinó la restitución de tenencia de un área dos veces más grande que en el primer fallo.
Las familias que vivían en el área desocuparon el terreno como exigía la sentencia. Pero, según Turia Tule, de la coordinación estadual del MST, el perímetro restituido es más grande que las 52 hectáreas determinadas por la jurisdicción agraria.
“Es muy triste y muy agobiante para las familias. Estamos acogiendo a la mayoría, que no tiene ningún apoyo de la alcaldía o del estado. Nos estamos organizando para que esas familias se queden en nuestras casas de modo solidario. Una tristeza profunda, pero estamos recibiendo mucha solidaridad”, afirma.
Famílias resistieron casi 60h ante el desalojo (Foto: MST)
Justo por ocupar un área que no estaba prevista en la reintegración, Helen y su marido, Cícero Mariano da Conceição Silva, no dejaron sus casas.
Pero ella lamenta la destrucción de las más de mil plataneras, así como de la huerta donde producían naranja, aguacate, mango, mora, acerola y otros frutos. La venta de alimentos, consumidos también por la familia, era su única fuente de ingresos.
“No solo vivíamos allí en aquel espacio, allí estaba nuestra sobrevivencia”, dice la sin tierra que vivía a 1 kilómetro del límite del terreno que sería restituido.
“Nos quedamos sin casa, sin nada. Tomaron nuestras cosas. Nos quedamos sin nuestras pertenencias...ahora contamos solo con la ayuda de nuestra gente. Fue un momento de mucha violencia. Ya llegaron invadiendo, tomando nuestras cosas sin que estuviéramos presentes. Fue muy difícil ver como se llevaban las cosas de aquel modo, con violencia, destruyendo lo que habíamos construido en muchos años”, cuenta Helen, que vive en el campamento desde sus 14 años.
Ella cuenta que hace poco tiempo que su hermana y su sobrino fueron a vivir en Quilombo Campo Grande con su familia. Los niños de las familias del espacio frecuentaban la casa de Helen para jugar.
El día del desalojo se interrumpieron las actividades. “Cuando empezó la agresión, tuvimos que retirarlos de aquel espacio. Fue desesperante. Los niños lloraban. Mi hijo me buscó y cuando no me encontró, empezó a llorar. El helicóptero sobrevolaba mi casa. Los niños allí abajo y ellos lanzando bombas”, recuerda.
El MST había apelado esa semana al Supremo Tribunal Federal para que se detuviera el desalojo.
Reconstrucción
El campamento Quilombo Campo Grande, productor del café Guaií, reconocido en el país por su producción agroecológica, recibió manifestaciones de solidaridad de decenas de organizaciones populares, políticos y personalidades.
Tuira Tule cuenta que la población del municipio Campo do Meio, que conoce el trabajo del campamento hace décadas, también presta apoyo a los sin tierra.
Según la referente, es con la fuerza que surge desde la solidaridad que el campamento construirá todo lo que ha sido destruido en la restitución de tenencia.
“Hay un sentimiento colectivo, que demuestra que la resistencia sigue. Vamos a reconstruir nuestro territorio con mucha más fuerza y voluntad. Vamos a poner cada ladrillo que fue destruido ante nosotros, ante nuestros niños. Estamos recibiendo el apoyo de la población, de las organizaciones, para que podamos hacerlo colectivamente”, dice.
La Escuela Popular Eduardo Galeano, donde se alfabetizaban a niños, jóvenes y adultos, fue destruida al comienzo del desalojo.
La reconstrucción de la escuela, uno de los pocos espacios colectivos del campamento, es un paso fundamental para los sin tierra. “El primer ladrillo que derribaron fue en nuestra escuela. Vamos a construir prioritariamente las casas de las familias pero también vamos a reconstruir nuestra escuela Eduardo Galeano, levantarla nuevamente”, asevera la coordinadora del MST.
El MST señala la responsabilidad del gobernador Romeu Zema, que autorizó la restitución / Foto: MST
Debora Vieira de Jesus Borges, que también vive en el campamento, señala que en la escuela se realizaban otras actividades, además de la alfabetización, como clases de capoeira, de agroecología, artesanía, entre otras.
“Nos duele mucho pasar por la carretera y ver nuestra escola destruida. Nuestra esperanza, nuestro proyecto de reforma agraria, prioriza la educación. Vamos a reconstruir nuestra escuela lo antes posible”, dice.
Violencia contínua
Habitante del Quilombo Campo Grande hace 14 años, Debora denuncia el asedio frecuente contra los sin tierra por parte “de sicarios del propietario del ingenio”.
Su casa es la única próxima a la sede de la Hacienda Ariadnópolis que no fue desalojada. Pero el día de la acción policial, Debora fue víctima de las bombas de gas lacrimógeno y asistió a la quema de los cultivos.
El sitio actualmente es utilizado como una base de apoyo para el movimiento y para los afectados en el desalojo.
“No puedo más vivir allí. Además de formar parte de la coordinación, somos amenazados a diario. Los niños asistieron a todo lo que ha pasado”, afirma.
“El edificio de la sede de la hacienda está ubicado frente a mi casa. Desde allí pueden ver todos las áreas del campamento. Lo hacen utilizando binóculos, sacan fotos, graban”.
Según un comunicado de prensa enviado por el gabinete del gobernador de Minas Gerais, Romeu Zema, a Brasil de Fato, las familias fueron enviadas a algunos sitios puestos a disposición por la Alcaldía de Campo do Meio.
Por otro lado, la integrante del MST afirma que solo algunas familias fueron enviadas a esos alojamientos y que la estructura que ofrecen no es adecuada.
“Hay dos familias que están viviendo en guarderías y fuimos informados de que allí habían algunas personas infectadas con coronavirus. No sabemos si hubo una desinfección. En una de ellas no había agua. Una precariedad total”, critica Nunes.
Consultada por Brasil de Fato, la alcaldía de Campo Grande no contestó hasta el cierre de esta nota.
El gobierno de Minas Gerais afirma que antes de la restitución de tenencia, la Secretaría de Desarrollo Social envió al Poder Judicial una nota colectiva, junto a otros organismos, como la Comisión de Derechos Humanos de la Orden de Abogados de Brasil y el Consejo Estadual de Derechos Humanos, para que se suspendiera la acción en medio de la pandemia de covid-19. Ante la respuesta negativa del Poder Judicial, la Policía cumplió la orden.
La asesoría de prensa de Romeu Zema también envió a Brasil de Fato un comunicado de prensa de la Policía Militar de Minas Gerais en el cual se comenta la acción”.
“Tras 50 horas de negociaciones, la policía antidisturbios tuvo que actuar, empleando la fuerza legal y proporcional, para concretar la restitución de tenencia. Esclarecemos que hasta el momento, no fueron identificados heridos graves y que todas las acciones se realizaron en el marco de los principios constitucionales de proporcionalidad y legalidad, siempre intentando disminuir los daños, preservar vidas y proteger los derechos humanos, que son la base de la actuación de la institución”, dice la nota.
Para Helen dos Santos, el gobierno y la alcaldía también son responsables por el desalojo de las familias. “Ellos querían que eso ocurriera. Siempre defendieron que saliéramos de allí. Una indiferencia total, cruel. En medio de una pandemia, desalojaron a las personas. Nos hicieron incumplir el aislamiento y estar en contacto con personas cuyo estado de salud desconocemos. Nos pusieron en riesgo, aquí en el campo, y también a la población de la ciudad”.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
