La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) ganó el refuerzo de 223 organizaciones civiles brasileñas, partidos políticos y movimientos en su representación contra el presidente Jair Bolsonaro (sin partido) en la Corte Penal Internacional (CPI).
:: ¿Por que Bolsonaro está siendo acusado de cometer crímenes contra la humanidad?::
El martes (11), el apoyo de las organizaciones fue protocolado oficialmente en la corte, como endoso del pedido para que el presidente sea condenado por crímenes de lesa humanidad, por la exposición de los ciudadanos brasileños a la covid-19, a partir de estímulos al contagio y la proliferación del virus.
Hasta el momento, la CPI no dio ninguna respuesta a la representación de la ABDJ, oficializada el 3 de abril. El pedido está detenido con la fiscal de justicia penal internacional Fatou Bensouda, a quien cabe el análisis de las representaciones.
El abogado Ricardo Franco Pinto, que firma el documento de la ABDJ, afirma que el apoyo de las organizaciones puede presionar a la fiscal a llevar el caso a juicio.
“Es en el sentido de llevar un grito social colectivo, para que la fiscalía de la corte que es quien decide sobre el inicio o no de las investigaciones, verifique que no es solo una asociación la que está presentando”, afirma.
De acuerdo con Franco, hay una cierta resistencia de algunos juristas en concebir que los crímenes cometidos por Bolsonaro son susceptibles de castigo en la CPI, un tribunal acostumbrado a juzgar, mayoritariamente, crímenes de guerra. Sin embargo, el resalta que, con el apoyo reforzado, es posible que ese aspecto sea superado por la fiscalía de la corte.
“Este es un grito de alerta, de socorro, y es una necesidad investigativa que está siendo solicitada por toda la sociedad brasileña, a través de esas organizaciones, que son representativas de varios brasileños, imagino que de millones. Esa es la diferencia: antes teníamos un apoyo individualizado, ahora tenemos un apoyo colectivo”, dice el abogado.
La representación
La representación presentada a la CPI enumera una serie de acciones defendidas y realizadas por el presidente de la República. Entre ellas, están: pronunciamientos que incentivan el fin del aislamiento social y la reapertura de servicios no esenciales, así como la divulgación de la campaña “Brasil no puede parar”; visitas a comercio y a manifestaciones estimulando a la población a participar en aglomeraciones; y la edición de un decreto que permite la apertura de iglesias y casas de lotería durante la pandemia.
La corte, creada en 2002, con apoyo de Brasil, procesa y juzga exclusivamente a individuos acusados de promover genocidios, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y, desde 2018, crímenes de agresión. La CPI tiene competencia para juzgar dentro del territorio brasileño, ya que el Congreso Nacional aprobó su inclusión en el ordenamiento jurídico del país.
Edición: Rodrigo Durão Coelho
