Luego de tres años del asesinato de Luana Barbosa, el caso aún sigue en proceso judicial sin responsabilizar efectivamente a los agresores. Negra, lesbiana, madre y periférica, Luana fue asesinada a los 34 años por lesiones cerebrales provocadas por tres policías militares que la golpearon en la esquina de su casa, en el barrio Jardim Paiva II, zona Norte de Ribeirão Preto (estado de São Paulo). Las agresiones ocurrieron después de que Luana se rehusó a ser revisada por los soldados del 51º Batallón de la Policía Militar (PM), exigiendo una presencia policial femenina. Ella fue encaminada la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas (HC-UE), pero murió cinco días después de la violencia.
El laudo del Instituto Médico Legal (IML) anexado a la investigación en la época confirma la muerte por isquemia cerebral como consecuencia de golpiza. Luana había salido con la moto para llevar a su hijo Luan a un curso de informática el día del crimen. El adolescente de 14 años presenció la brutalidad de la acción, después de ser detenidos por policías en la esquina de la casa de la familia. Los policías militares están respondiendo en libertad por homicidio triplemente calificado: esto es cuando el crimen es considerado cruel, por motivo torpe, y sin posibilidad de defensa de la víctima.
La última audiencia de instrucción y juzgamiento que ocurrió el día 26 de marzo último en el Tribunal de Justicia de Ribeirão Preto (SP), estuvo marcada por la ausencia de los testigos que iban a declarar a favor de Luana, mismo que en anonimato. Fue la sexta audiencia desde el fin de la investigación policial en abril de 2018, que acusó formalmente a Douglas Luiz de Paula, André Donizete Camilo y Fábio Donizeti Pultz por lesión corporal seguida de muerte.
Daniel Rondi, uno de los abogados de la familia de Luana, explica que el trabajo se concentra ahora en encontrar a los testigos protegidos por la justicia, que desaparecieron sin dejar dirección. El explica que una de las estrategias de los policías viene siendo culpar a la propia Luana por su muerte, en un intento de evitar la tipificación del crimen como homicidio calificado - lo que salvaría a los policías de enfrentar un jurado. "La tesis de victimologia infelizmente es muy usada en este tipo de crimen, se intenta imputar 'conductas' deshonrosas o pasajes criminales de la víctima para dejar homicidas impunes", revela.
Otra estrategia de la defensa de los PM se apoya en el hecho de que ella pasó antes por unidades carcelarias. El último paso de Luana por la cárcel había ocurrido en 2009, en la Penitenciaría Femenina de la Capital, siete años antes de su muerte, con las acusaciones de robo y porte de armas. Durante el período que estuvo recluida, Luana participó en actividades laborales y culturales, entre ellas, el concurso cultural O Direito do Olhar [El Derecho de Mirar]- en que Luana desarrolló el arte del diseño y fue premiada con el tercer lugar - y la experiencia con la Cia. Coexistir de Teatro.
Cuando salió de la prisión, Luana pasó a trabajar como tercerizada en una empresa de buffets. Fue con el dinero del último servicio que consiguió comprar la moto, el motivo por el cual fue parada por los policías el día de su muerte. Para ella, que no reproducía estereotipos de femineidad, las salidas con la moto generaron sucesivos abordajes policiales. El día de su muerte, Luana ya había sido encuadrada cuatro veces.
La defensa de Luana sustenta que la tipificación del caso sea la de homicidio calificado, o que llevaría los PM a júri popular. La sentencia es dada por la jueza Martha Rodrigues Moreira, quien acompaña el caso. Para abogada de la familia de Luana, Dina Alves, existen pruebas suficientes en el proceso para condenar a los agresores. "Es innegable que ella fue asesinada violentamente como consta en el laudo del IML, esa es nuestra materialidad". Sobre la autoría, Dina afirma que "El propio contenido fáctico probatorio formado en los autos a través de las declaraciones de los testigos no dejan la menor duda de la agresión por parte de los policías".
En 2016, año del asesinato de Luana, o Brasil alcanzó la marca histórica de 62.517 homicidios, segundo Sistema de Información sobre Mortalidad del Ministerio de Salud. El número equivale a una tasa de 30,3 muertes para cada 100 mil habitantes, la mayor de todo el período de 2006 a 2016. Del total de óbitos, 4.645 eran mujeres, siendo 507 solamente en el estado de São Paulo - la mayor tasa entre los 26 estados de la federación. En los últimos diez años, 553 mil personas murieron víctimas de violencia intencional en el país. Los datos son del Atlas de la Violencia de 2018, producido por el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada (IPEA).
Según datos del Fórum Brasil de Seguridad Pública, en 2017, las policías brasileñas fueron responsables por 5.144 muertes en el país, una media de 14 por día. El número corresponde a un aumento de 20% con relación a 2016. En este mismo período fueron 367 policías muertos, un 5% menos que el año anterior.
La novela judicial
El caso de Luana está marcado por el impase judicial entre las esferas civil y militar, cada una con interpretaciones distintas del asesinato. En mayo de 2016, un mes después el crimen, la investigación de la muerte de Luana fue enviada a la Justicia Militar del Estado de São Paulo (JMSP) y el caso fue archivado por ausencia de indicios de crimen militar. Sin embargo, a pedido del Ministerio Público y por decisión del Tribunal de Justicia de São Paulo (TJ-SP), el proceso fue reabierto en la Justicia Común.
Sólo a comienzos de 2018, la investigación policial fue finalizada por la Policía Civil, tipificando el crimen como lesión corporal seguida de muerte y no como un crimen hediondo. Los tres policías militares indiciados en el caso llegaron a tener orden de prisión solicitada por el Ministerio Público, que fue negado por el juez José Roberto Bernardi Liberal. Actualmente los policías responden en libertad: André Donizetti Camilo y Fábio Donizeti Pultze realizan actividades administrativas dentro de la corporación y Douglas Luiz de Paula se jubiló.
La abogada considera que a pesar de las dificultades enfrentadas durante estos tres años en el proceso, el caso avanzó comparado la mayor parte de las muertes como resultado de intervención policial en que no hay avances, ni conclusión de las investigaciones. “Es común que la investigación sea archivada por falta de pruebas y ya estamos en la sexta audiencia, oímos a testigos y relatos, que inclusive deconstruyen algunas narrativas criminalizadoras contra Luana construidas por la defensa de los policías, como por ejemplo, que ella era adicta a las drogas o luchadora de artes marciales”, completa.
El caso ganó visibilidad cuando la hermana de Luana, Roseli Barbosa dos Reis, hizo un pronunciamiento en la Sección Ordinaria de 19 de abril de 2016 de la Cámara Municipal de Ribeirão Preto. En mayo de 2016, la muerte de Luana también fue reconocida internacionalmente cuando la ONU Mujeres y el Alto Comisariado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) publicó una nota enfatizando la importancia de una investigación imparcial del caso. El texto publicado en el site de la ONU afirma que "la muerte de Luana es un caso emblemático de la prevalencia y gravedad de la violencia racista, de genero y lesbofóbica en Brasil.
Além de eso, otras instituciones también ayudaron a que el caso se vuelva público, como la Comisión del Negro y Asuntos Antidiscriminatorios de la OAB, la Oidoría de la Policía Militar del Estado de São Paulo y el Consejo de Defesa de Derechos de la Pessoa Humana de São Paulo (CONDEPE), que concluye la existencia de abuso institucional y lesbofobia durante el abordaje.
Los movimientos populares también tuvieron una participación efectiva para la continuidad de las investigaciones, con maciza participación de colectivos, entre ellos el Colectivo Luana Barbosa. Fernanda Gomes, que faz parte del Colectivo, diserta en su TCC en el curso de Servicio Social de la Pontificia Universidad Católica (PUC-SP) sobre el poco acceso a las políticas públicas afirmativas por parte de las mujeres negras, lesbianas y periféricas, como es el caso de Luana.
Ella aclara que en vez de promover la igualdad, el Estado naturaliza prácticas violentas de control social. Presentado en el estudio de Fernanda, el dossier sobre el lesbocidio en Brasil revela que en 2016, el Estado de São Paulo fue responsable por el mayor número de muertes de lesbianas, representando 20% del total nacional.
Racismo generacional
La población negra es la que más muere por acción policial en Brasil. Entre 2015 y 2016, 76,2% de las víctimas de actuación de las fuerzas policiales eran negras. El levantamiento fue expuesto en el Anuario Brasileño de Seguridad Pública, después de un análisis de 5.896 denuncias de muertes provenientes de intervenciones policiales en el período. La desigualdad racial en el país, que expone la alta concentración de óbitos de la población negra, acompaña la historia de la familia Barbosa en Ribeirão Preto (SP).
Venida de Goiânia, Eurípides Barbosa dos Reis, sus cuatros hijas y su hijo Nathan, llegaron al interior paulista justo después de la muerte del padre de Luana, asesinado en 1981, en São Paulo, víctima de tres tiros de arma de fuego. Luana, con ayuda de Roseli, fue quien localizó el cuerpo de su padre desconocido treinta años después del crimen. El fue enterrado como indigente en la fosa común del cementerio Dom Bosco, en Perus, zona norte de la capital paulista - o incluso de las tumbas clandestinas de la dictadura militar descubiertas en 1990.
La familia se instaló en el barrio Ipiranga, en la zona oeste de Ribeirão, que convivía con muchos problemas relacionados con la criminalidad, violencia y abandono por parte del poder público en los años 90. Eurípides, por necesidad, se separaba del cuidado de sus hijos. Ella sustentaba a sus cinco hijos trabajando día y noche como doméstica para familias ricas de la ciudad, conviviendo con muchos casos de racismo dentro de las casas de las "patronas blancas". En una situación emblemática, Eurípides recuerda a una patrona que separaba sus cubiertos y la mandaba a comer en la perrera. "Ella me dijo así - hay un banquito allá y usted se sienta allá para almorzar. Yo fui para allá y era una perrera, con muchas moscas, oliendo a orina y caca. Ahí mi estómago no aguantó, volví a casa llorando".
Su madre cuenta que Luana sufría del mismo prejuicio años más tarde. Dos veces ella llevó su currículo a una red de supermercados de Ribeirão. "Una vez la llamaron para comenzar a trabajar, llegando allá la recepcionista preguntó, ¿pero Luana es usted? Y salió y dijo espera un momentito. Volvió diciendo que la plaza ya se había llenado. Era la forma en que vestía y su color. Nos hicieron mucho daño con eso".
Luana era la más joven de las cuatro hermanas. Sin la presencia materna, las hermanas se cuidaban entre si y también a su hermano Nathan, que por haber nacido con deficiencia cerebral exigía - y aún exige - atención especial de las mujeres de la casa. Roseli relata que sólo hace poco tiempo el hermano dejó de tener crisis epilépticas. En su infancia esa era otra dificultad: los remedios eran caros y no se ofertaban en la red pública. "Esa aún infelizmente es una realidad brasileña: de niños criados por niños. los hermanos mayores cuidando de los menores", revela Roseli. El poco ingreso de la familia venía del trabajo de la madre, y de una pensión que Eurípedes recibía por la muerte de su marido - que en la época representaba un tercio del salario mínimo.
En enero de 2007 la familia se mudó al Jardim Paiva II, donde Luana sería asesinada brutalmente. El barrio es separada por cuatro etapas de conjuntos habitacionales erguidos en la região por medio del programa federal Mi Casa Mi Vida y de la Compañía de Desarrollo Habitacional y Urbano del Estado de São Paulo (CDHU). "Esperé toda la vida para conseguir esto", cuenta la madre de Luana. El barrio está dividido en un proceso de "guetización" revela Roseli, hay una línea divisoria imaginaria en los alrededores del campus de la Universidad de São Paulo, conocida como Ciudad Universitaria, que hace la división entre ricos y pobres. Ella revela que la ciudad es muy conservadora, elitista, - comandada por los barones del agro negocio -, donde la periferia y la población negra permanecen escondidas. " Es una ciudad muy difícil para encontrarse como joven periférico, negro y para Luana que era lesbiana, mucho peor, pues ella exteriorizaba. Aquí la selección racial es implacable."
Para la abogada de la familia las políticas del presidente Jair Bolsonaro (PSL) pueden ser combustible para impulsar la exención de culpa de policías o reducción de pena en ese caso. " Las palabras dichas por Luana como derechos humanos, en el momento de la golpiza, y recordada por los testigos, revela que la política defendida hoy en el país es contra el castigo y criminaliza a mujeres negras como Luana."
En nota enviada a Brasil de Fato, la Secretaría de Seguridad Pública del estado de São Paulo informó que espera el resultado del proceso penal para tomar cualquier tipo de providencia administrativa.
Edición: Redacción | Traducción: Pilar Troya
