Los territorios de los quilombos [comunidades rurales ancestrales que agrupan afrodescendientes] María Valentina y Arapucu, situados en los municipios de Santarém y Óbidos, respectivamente, en Pará, fueron oficialmente reconocidos por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA), la semana pasada.
Para el coordinador de la Asociación María Valentina, Manoel de Jesús Miranda Coelho, de 68 años, la publicación del informe en el Diario Oficial de la Unión (DOU) es una etapa superada. Él pondera, sin embargo, que la victoria solo llegará cuando todas las fases del proceso de regularización agraria sean concluidas y ellos obtengan el título definitivo.
“Es nuestra esperanza que la próxima [etapa] sea la regularización de la tierra. Saracura y Arapemã [comunidades quilombolas] pasaron por ese proceso hace ya varios años y hasta ahora no fueron regularizadas. Esperamos que, con la máxima brevedad, podamos tener esa victoria”, dice Coelho.
El Informe Técnico de Identificación y Delimitación (RTID) obtenido por la comunidad es la segunda etapa del proceso de titulación del territorio quilombola. Después de la entrega del certificado de autorreconocimiento, emitido por la Fundación Palmares, la comunidad quilombola solicita al INCRA que inicie el proceso de regularización agraria.
Próxima etapa
De acuerdo con el INCRA la próxima etapa será notificar a las personas que no pertenecen a las comunidades quilombolas pero están en el perímetro o área de frontera.
El Instituto también envía notificaciones a otros órganos vinculados al patrimonio público, cultural y medioambiental para verificar si existe superposición de intereses en las áreas.
El INCRA abre un plazo de 90 días para recibir eventuales objeciones referentes a los informes. En caso de haberlas, las partes técnica y jurídica del órgano hacen la evaluación. El juzgamiento cabe al Comité de Decisión Regional (CDR).
Hecha la conciliación de intereses públicos y el juzgamiento de los recursos de objeción a las notificaciones, se da inicio a la etapa siguiente: la publicación del decreto de reconocimiento del territorio, a ser firmada por el presidente de la división del INCRA en el estado de Pará.
Retroceso
La victoria de las comunidades Maria Valentina y Arapucu es considerada un aliento en el escenario político actual del país. El miércoles próximo (16), el STF analizará la acción presentada por el partido Demócratas (DEM) que cuestiona la constitucionalidad del decreto 4887/2003 que reglamenta el procedimiento para identificación, reconocimiento, delimitación, demarcación y titulación de las tierras ocupadas por remanentes de las comunidades de los quilombos.
“Son varias ciencias que se juntan para producir ese documento [de identificación del territorio quilombola], por eso nuestra lucha es para que no se invaliden estos procesos, para que podamos seguir, incluso con ese proceso lento”, señala Givânia Silva, integrante de la Coordinación Nacional de Articulación de las Comunidades Negras Rurales Quilombolas (CONAQ).
Ella resalta además que el procedimiento no es solo una política de tierra o de regularización agraria, “es una política de ciudadanía, es una política que resguarda valores e historias que Brasil todavía no contó y todavía no conoce”, define Silva.
Silva destaca además que la delimitación de los territorios quilombolas no solo permite proseguir con el proceso para la obtención del título de sus tierras, sino que permite que esas poblaciones tengan acceso a políticas públicas de salud, educación y vivienda, además de descubrir para el Estado la existencia de esas poblaciones.
“Ella ilumina ante los ojos del Estado brasileño la existencia de esos grupos, los saberes que allí están preservados, la cultura de aquel pueblo, la manera de lidiar con la tierra, la forma en que esas comunidades suelen preservarse, no solo su cultura. Este momento es extremamente importante, por eso que las comunidades desean tanto que se llegue a ese paso”, concluye Givânia Silva.
Edición: Vanessa Martina Silva | Traducción: Pilar Troya