La suspensión de los contratos de la Petrobras con contratistas brasileñas, en los últimos dos años, paralizó varios segmentos de la industria nacional. Entre los más afectados, están los sectores metalúrgico, naval y la construcción civil.
Los dos primeros capítulos de esta serie demostraron que el déficit en la economía brasileña puede ser atribuido no sólo a políticos y empresarios, que cometieron crímenes, sino también al Poder Judicial, que podría haber evitado parte de ese prejuicio – sin debilitar el combate a la corrupción.
Pero ¿cómo es que la operación Lava Jato fue capaz de comprometer, en pocos meses, el avance de la industria nacional? El reportaje de Brasil de Fato de Paraná consultó a investigadores sobre el tema y explica por que la economía del país no consiguió sobrevivir a los impactos de la operación, y como ella benefició el mercado financiero internacional.
Histórico
Según el economista Luiz Gonzaga Belluzzo, no se puede analizar los impactos de la Lava Jato sin comprender el desmantelamiento de la industria ocurrido en la década de 1990: “ Brasil venía estructurando su industria desde los años 30 del siglo pasado, con Getulio [Vargas] y después Juscelino [Kubitschek], con una pequeña interrupción entre 1961 y 1963. Los militares [a partir de 1964] retomaron el proyecto de industrialización, manteniendo el arreglo productivo institucional entre bancos públicos, empresas estatales y articulación con el sector privado”, relata. “El llamado “milagro brasileño” se apoyó en eso, hasta llegar a [Ernesto] Geisel, que cometió el pecado del endeudamiento externo”.
Para superar el período de inestabilidad financiera que sucedió a la dictadura militar (1964-1985), Brasil adoptó el llamado proyecto económico neoliberal. La industria fue debilitada y las puertas abiertas al capital extranjero. “Se vendió la idea de que era necesario abrir la economía y disminuir el papel del Estado, a través de privatizaciones”, critica el economista.
El abandono del proyecto de desarrollo nacional, realizado en los dos mandatos de Fernando Henrique Cardoso (FHC), del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), puede ser traducido en números: “Si, al final de los años 80, la industria tenía casi 25% de participación en el PIB [Producto Interno Bruto], hoy tiene 9%. Y eso no fue revertido en el gobierno Lula”. O sea, el efecto de la Lava Jato fue aún más devastador porque Brasil ni siquiera se había recuperado de la destrucción causada por el proyecto neoliberal, 20 años antes.
Mal negocio
Entre las empresas privatizadas en la década de 1990, está la minera Vale do Rio Doce. Fue vendida por FHC por US$ 960 millones y, 14 años después, tenía un valor de mercado estimado en US$ 96 mil millones. Los movimientos sociales fueron a las calles y denunciaron el modelo exportador adoptado por la Vale, que no generaba empleo, desarrollo ni industrialización. El pretexto de la venta era el pago de parte de la deuda pública interna y externa. Del mismo modo que con otras privatizaciones, eso nunca sucedió.
La Vale do Rio Doce, principal empresa estratégica brasileña en el ramo de minería e infraestructura, y sus reservas minerales eran calculadas en más de R$ 100 billones en la época de la subasta. En los últimos tres años, el fantasma de las privatizaciones volvió a asombrar aeropuertos y compañías de saneamiento en todas las regiones del país, con la falsa promesa de sacar a los estados de [las cuentas en] rojo.
“Fue una oportunidad perdida”, resume el doctor en Ciencias Políticas y profesor de la Universidad Federal Rural de Rio de Janeiro (UFRRJ), Caio Bugiato, sobre aquel período. “Teníamos finalmente una democracia, una Constitución ciudadana, con varios derechos sociales garantizados, pero la política económica, que podría generar empleos y desenvolver el país, fue rota”.
Bugiato señala que, durante los ocho años de gobierno Lula (PT), la inversión en la industria alcanzó, en algunos meses, el mismo nivel de los años 1980. Sin embargo, no hubo una política de diversificación. “La industria brasileña se concentra en pocos sectores: gas, petróleo, industria de alimentos, construcción civil, y para por ahí. Como las inversiones se concentran en grandes monopolios y en empresas estatales, como la Petrobras, en los momentos de crisis, como en la Lava Jato, toda la economía nacional se ve afectada”, explica.
Esa situación resulta evidente en el relato de Edson Rocha, asesor del Fondo de la Marina Mercante (FMM). La industria naval fue desmantelada rápidamente, luego de la Lava Jato, porque la mayoría de los astilleros del país dependían de la demanda de la Petrobras. “Lula y Dilma [PT] hicieron un esfuerzo para invertir en nuestro sector. Pero la industria naval no puede permanecer colgada de una decisión gubernamental. Hay que crear una política de Estado”, defiende Edson Rocha. “Brasil tiene casi 9 mil km de costa y varios ríos navegables. ¿Por qué es que nosotros transportamos casi todo por vía terrestre? Cómo un país de este tamaño no tiene una industria naval fuerte?”.
Falta autonomía
Luiz Gonzaga Belluzzo afirma que los esfuerzos realizados en los últimos 15 años para retomar el camino del crecimiento no fueron suficientes. “Cuando digo que los gobiernos PT hacen parte del período neoliberal es porque no se tocó cuestiones fundamentales. Tuvimos un movimiento de expansión de la economía, y los programas sociales mejoraron mucho la vida de las personas. Pero, en términos de industria, hubo cierta duda”, pondera. “Es claro que reconstruir todo el parque industrial no era una tarea fácil. Sea como sea, el Pre sal podría hacer ese papel, con el llamado “contenido nacional".
La entrega de la capa Pre sal para inversión extranjera, además de ser una consecuencia directa de la operación Lava Jato, según el economista, impide cualquier perspectiva inmediata de reindustrialización de Brasil.
Lo que explica los altos índices de crecimiento económico de China, en comparación con Brasil, es que allá fue posible preservar la autonomía del sector público. “Son las empresas estatales chinas que definen la relación que van a mantener con el sector privado. Lo que aconteció en la Petrobras, de cierta forma, es que se invirtió la relación: las empresas privadas comenzaron a determinar las políticas de la Petrobras. Con el neoliberalismo, hubo una tremenda invasión, en Brasil, de lo privado sobre lo público”, interpreta Belluzzo.
Papel del BNDES
Según la Asociación Brasileña de Infraestructura e Industrias de Base, el país posee un déficit en infraestructura equivalente a US$ 962 billones. Con 14 millones de desempleados y la necesidad urgente de volver a crecer, el gobierno de Michel Temer (PMDB) camina a contramano del desarrollo. Una de las propuestas del presidente golpista es reducir el papel del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES), principal entidad fomentadora de obras y emprendimientos en el territorio nacional.
“Fueron ventiladas varias posibilidades para hacer eso [debilitar al Banco]. Una de ellas, que se concretó el año pasado, fue la devolución anticipada de US$ 32 millones referentes a préstamos del Tesoro Nacional al BNDES. Y la amenaza más reciente es la MP [Medida Provisoria] 777, que está en fase de audiencias públicas”, afirma Thiago Mitidieri, presidente de la Asociación de Funcionarios del BNDES.
La MP 777 coloca una serie de barreras para la inversión en el sector productivo, encarece los costos de financiamiento y aumenta el riesgo de los empresarios, favoreciendo la competencia extranjera. La tentativa de inmovilizar al banco público, según Mitidieri, es una repercusión equivocada de la operación Lava Jato.
“Ningún funcionario del BNDES fue citado por recibir ventajas o favores. Tanto en las delaciones de la Odebrecht cuanto de Joesley Batista [ejecutivo de la empresa JBS], queda claro que no había involucramiento del cuerpo técnico del BNDES”, aclara. “Pero vivimos un período de destrucción de la reputación del Banco. Es una cuestión de oportunismo. Esa campaña coloca a la opinión pública contra el banco, favoreciendo cualquier propuesta de cambio, incluso aunque sea contraria al interés nacional”.
De acuerdo con Belluzzo, no hay salida para la crisis del sector industrial sin el fortalecimiento del Estado y de los bancos públicos. “El sistema de innovación exige un aporte muy grande de recursos, tanto humanos como financieros. Porque la innovación tiene un riesgo muy grande, y el Estado tiene que mitigar ese riesgo. No estoy queriendo minimizar, por el contrario, estoy exaltando el papel del empresario. Sólo que, hoy en día, objetivamente, la articulación es esa”, afirma el economista. Todo lo contrario de lo que propone el gobierno Temer.
Alternativa
El Frente Brasil Popular, que reúne movimientos sociales en defensa de la democracia y de la clase trabajadora, lanzó hace dos meses un documento con alternativas para la política económica del país. El material, llamado Plan Popular de Emergencia [clic aquí para descargar el documento completo, en español], propone salidas para el escenario presentado por los economistas.
El Plan incluye el incremento de las inversiones a 25% del PIB en el plazo de cuatro años. Además de eso, prevé la suspensión de las concesiones y privatizaciones realizadas durante el gobierno Temer, por ejemplo, la venta de activos de las empresas estatales y las subastas de las áreas del Pre sal.
Edición: Ednubia Ghisi | Traducción: Pilar Troya
