Viviane Neves Gomes, 42 años, está buscando empleo. Encargada de andamio en las obras del astillero Rio Grande, en el litoral sur de Brasil, ella trabajaba desde 2012 para la empresa Engevix Construcciones Oceánicas (Ecovix). Hace siete meses los patrones convocaron a una asamblea y anunciaron el despido de 3,2 mil obreros. En la lista de despidos, además de Viviane, estaban el marido de ella, Jonas Gomes, y el hijo, Lucas Neves.
La Engevix es una de las contratistas investigadas por la operación Lava Jato por pago de coimas en contratos con la Petrobras. Desde el año pasado, el único dueño de la empresa es el ingeniero paranaense José Antunes Sobrinho. Denunciado por el Ministerio Público Federal (MPF) por organización criminal, lavado de dinero y corrupción activa, fue absuelto por el juez de primera instancia Sergio Moro en mayo de 2016 y está libre.
“Todos los días, incansablemente, nosotros buscamos, pero no hay más empleo en la ciudad. Con el cierre del astillero, todos los sectores fueron afectados”, lamenta Viviane. “Hay 200 personas trabajando en el astillero al momento, para manutención apenas. En la época más fuerte, eran 12 mil”.
El marido y el hijo de ella volvieron a trabajar en junio. Lucas y Jonas fueron contratados como ayudantes en el sector de construcción civil y reciben menos de la mitad de lo que ganaban en el astillero – el salario cayó de R$ 2,5 mil (cerca de US$ 796) a R$ 1,1 mil (US$ 338) al mes.
Peor para ellas
Cerca de 30% de la mano de obra del astillero Rio Grande era femenina, y la recolocación en el mercado ha sido mucho más difícil para las mujeres. Cuando se dio cuenta de eso, Viviane y varias ex-colegas de trabajo pasaron a participar del grupo Muralla Rosa, que reivindica la implementación de políticas públicas para reinsertar a las mujeres en la industria.
El único punto de la reforma laboral de Michel Temer (PMDB) que habla acerca de la reducción de la desigualdad de género es visto como un tiro en el pie. El texto prevé que gestantes y lactantes puedan trabajar en lugares insalubres, como puestos de gasolina y hospitales, exponiendo a las mujeres a riesgos y precarizando aun más la mano de obra femenina.
Del paraíso al infierno
Presidente de la Confederación Nacional de Metalúrgicos (CMC-CUT), Paulo Cayres calcula que por cada prisión decretada por la Lava Jato, 22 mil puestos de empleo son destruidos. La estimación fue hecha en base a números divulgados por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) y por el MPF.
“Cuando decimos que la Lava Jato solo perjudicó al trabajador, las personas nos juzgan. Pero los perjudicados, realmente, son de la clase obrera”, explica la trabajadora gaucha [del estado de Rio Grande do Sul]. “Los grandes empresarios continúan manteniendo sus vidas de lujo como hacían antes”.
Si Viviane tiene al menos quien la ayude a poner comida en la mesa, lo mismo no se puede decir de Karina Benites. A los 29 años, ella miraba la industria naval como una posibilidad de realizar sueños. Para quien trabajaba en la manipulación de pescados por menos de US$ 3,9 al día, ser admitida en la Ecovix con todos los beneficios de ley era “demasiado bueno para ser verdad”.
Karina entró en el astillero Rio Grande como ayudante. En dos años y ocho meses, aprendió a soldar y a lidiar con el soplete. Subió varios grados en la jerarquía de la empresa antes de ser despedida, en octubre de 2016. Con ella, otros 400 trabajadores tuvieron sus contratos rescindidos el mismo día.
“Fue la penúltima leva. Desde entonces, estoy desempleada. Y el seguro de desempleo ya acabó”, cuenta. “Soy el padre y la madre, el jefe de la casa. Tengo un pequeñito de dos años, él es totalmente dependiente de mi. Trato de todas las formas de entrar en el mercado de trabajo, pero no lo consigo. Nosotros tuvimos el paraíso y ahora estamos en el infierno”.
El despido de Viviane, Lucas, Jonas, Karina y millones de brasileños es resultado de la inconsecuencia de los procuradores de la Lava Jato, según el economista Luiz Gonzaga Belluzzo. “Y el gobierno no hace nada para recuperar esas empresas y su acervo tecnológico, de experiencia”, critica. “Mi estimación es que, directa o indirectamente, las operaciones Lava Jato y Carne Fraca [carne débil] son responsables por alrededor de 5 a 6 millones de desempleados [de un total de 14,2 millones]”.
La paralización de obras y el consecuente desempleo retiraron US$ 27 mil millones de la economía nacional, según investigación de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción Civil (CBIC) – sin considerar el impacto incalculable de la entrega del Pre-Sal y de la destrucción de la imagen del país en el exterior. El MPF afirma que el valor total del resarcimiento pedido por la Lava Jato, incluyendo multas, es equivalente a US$ 11,6 mil millones, o sea, poco más de un tercio del desfalco que causó.
El desmantelamiento de la industria
Hasta los años 2000, la mayor parte de la infraestructura naval del país estaba concentrada en tres municipios: Angra dos Reis, Niterói y Rio de Janeiro – todos en el mismo estado. La expansión geográfica del sector fue el resultado de políticas implementadas en el primer mandato del ex presidente Lula (PT), para atraer inversiones en puntos estratégicos del litoral. Con el mismo objetivo, a partir de 2004, la Petrobras fue obligada a firmar contratos para construcción de astilleros, plataformas y embarcaciones con empresas nacionales.
Todas las obras de la industria naval brasileña dependían de la demanda de la estatal. En diez años, el número de empleos directos en el sector creció 383% y llegó a 71,6 mil. El sueño duró hasta la detonación de la operación Lava Jato, en marzo de 2014. En el segundo semestre de aquel año, la Petrobras dejó de transferir el dinero para la realización de obras en los astilleros, lo que afectó a toda la cadena productiva. En 2016 el numero de empleos en el sector es de 40,2 mil, inferior a los 46,4 mil registrados en 2011.
La diferencia en la cartera anual de pedidos de la petrolera, de 2013 para 2016, evidencia el desfalco causado en el sector. En tres años, las encomiendas de navíos de apoyo marítimo cayeron de 61 a dieciocho; de navíos petroleros, de 34 a veinte; de embarcaciones para navegación fluvial, de 220 a 96; de sondas de perforación, de 29 a cero.
Sin dinero para concluir las encomiendas, el número de empleos en la industria naval cayó 44% entre 2014 y 2016. Y puede empeorar. El Plan de Negocios y Gestión de la Petrobras, referente al período 2017-2021, prevé una inversión de US$ 22,6 mil millones, casi 25% menos de lo previsto en el plan anterior.
“Todo parado”
El consejero del Fondo de la Marina Mercante (FMM), Edson Rocha, también actúa como presidente del Sindicato dos Metalúrgicos de Niterói, en la región metropolitana de Rio de Janeiro. Antes de la operación Lava Jato, el municipio tenía diez astilleros activos para reparación y construcción de embarcaciones. “Hoy, tenemos solo dos astilleros de reparación, y funcionando al 50% de la capacidad. Todos los astilleros de construcción pararon”, describe el sindicalista.
En el muelle del astillero Mauá, en Niterói, tres navíos de la Petrobras Transporte S.A. (Transpetro) están en fase de construcción. Edson Rocha explica que uno de ellos, bautizado como Irmã Dulce, está con el 95% de las obras concluidas, pero no hay perspectivas de colocarlo en funcionamiento por falta de recursos. “Y cada vez se vuelve más caro terminar esos navíos”, completa.
Edson Rocha cuenta que los municipios que donde están ubicados los puertos más antiguos del país se volvieron exportadores de mano de obra. “Hay mucha gente de otros polos navales que se fue a Rio Grande, a Pernambuco, o al polo de Itajaí, en Santa Catarina. Eran trabajadores más antiguos, que se esparcieron por Brasil para ayudar a los trabajadores en otros lugares, y acabaron quedándose”, explica. “Y ahora hasta ellos están siendo despedidos”.
Del astillero al punto de taxi
El obrero minero Francisco Assis, 45 años, conocido como Chicão, trabajaba en el sector de manutención y montaje en el polo naval de Espírito Santo. Cuando supo de la necesidad de mano de obra para construcción de cascos para ocho navíos en Rio Grande, vendió todo lo que tenía, se mudó al litoral gaucho y fue contratado por la Ecovix.
En la cabeza de Chicão, el cálculo era simple. Cada casco demoraría por lo menos cinco años para estar listo, lo que significaba casi cuatro décadas de trabajo garantizado en Rio Grande do Sul. “Llegué a comprar hasta casa aquí en la ciudad”, cuenta. “Hicimos tres cascos de navío de las plataformas P-66, P-67 y P-68. Aun había cinco más!”.
Los navíos mencionados por Francisco deberían servir como una especie de refinería ambulante. Además de extraer el petróleo, pueden ser usados para almacenar, hacer la separación del gas y la gasolina y la distribución, tanto del petróleo bruto como de los subproductos. “De los navíos que nosotros acabamos, solo el de la P-66 está funcionando. El de la P-67 está allá en Espírito Santo, apoyado en un rincón, pudriéndose. Y el de la P-69 está en Rio [de Janeiro], parado también”, afirma el obrero.
Desde que fue despedido, en diciembre de 2016, Chicão hace cachuelos como cortador de hierba, pintor y lavador de carros. Encargado de mecánica con diez años de experiencia en la industria naval, solo le quedó un empleo de taxista.
Desempleado como consecuencia de la Lava Jato, el obrero concuerda con los objetivos de la fuerza tarea [grupo especial creado por la Justicia para encargarse del caso], pero está en desacuerdo con los métodos: “Delación premiada no resuelve. Tienen que agarrar a los corruptos, calcular cuanto es el desfalco, hacer que ellos den ese dinero de vuelta, y no parar el país. Ellos iban a hacer ocho navíos? Tienen que hacer los ocho navíos! Brasil necesita esos barcos”.
Infraestructura comprometida
El Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) estima que ningún sector fue tan perjudicado por la Lava Jato como la construcción civil: fueron más de un millón de empleos perdidos desde el inicio de la operación.
Carreteras, universidades, puestos de salud, estaciones y líneas de metro, además de las inversiones de la Petrobras, componen la lista de obras paralizadas por sospecha de sobreprecio o por falta de recursos para su conclusión.
La paralización de obras implicó US$ 27 mil millones menos circulando en la economía nacional, según investigación de la Cámara Brasileña de la Industria de la Construcción Civil (CBIC). El MPF afirma que el valor total del resarcimiento pedido por la Lava Jato, incluyendo multas, equivale a US$ 11,6 mil millones, o poco más de un tercio del desfalco que la operación causó. Sin considerar el impacto de la entrega del Pre-Sal y de la destrucción de la imagen del país en el exterior, ni el dinero que deja de circular en la economía con la disminución de la masa salarial.
En el próximo reportaje de esta serie, la semana que viene, sepa por que la Lava Jato castiga en primer lugar a las empresas contratistas, para después juzgar a los políticos y ejecutivos involucrados en la corrupción.
Edición: Ednubia Ghisi | Traducción: Pilar Troya
