El día 21 de marzo último la lucha de los Xukuru para garantizar su territorio tuvo un importante capítulo: el Estado brasileño fue juzgado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Es la primera vez que un pueblo indígena consigue procesar a Brasil por las violaciones que comete.
El caso de los Xukuru fue denunciado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2002. Divulgado en julio de 2015, el informe de mérito del caso concluye que el Estado brasileño es responsable por las violaciones de derechos del pueblo Xukuru y hace recomendaciones, no cumplidas hasta hoy. Por eso, en marzo de 2016, la CIDH decidió someter el caso a la Corte Interamericana.
La audiencia del día 21 fue la primera y será la única durante todo el juzgamiento del caso. Ahora, los representantes de las víctimas y los representantes del Estado todavía tuvieron hasta el último día 24 de abril para presentar nuevas alegaciones, por escrito, para que la Corte emita futuramente su sentencia sobre el caso, condenando o absolviendo a Brasil de las acusaciones.
El pueblo Xukuru sufre más de tres siglos de expoliación y muerte, en la Serra do Ororubá, en Pesqueira, zona agreste de Pernambuco. Fue en los años 80 que esa trayectoria comenzó a cambiar. El nombramiento de Xikão como cacique permitió que los Xukuru se articulasen mejor y, luego de casi 20 años de lucha, en 2001, consiguieran la homologación de las 27.555 hectáreas en que viven.
En esas tierras habitan 12 mil indígenas que luchan diariamente contra el prejuicio y la violencia para mantener su cultura viva. Hasta el momento el Estado no concluyó la evacuación de ocupantes de la totalidad del área y ni garantizó la posesión de todo el territorio al pueblo Xukuru, que todavía sufre la presencia de ocupantes de sus tierras.
El problema se arrastra desde la promulgación de la Constitución Federal de 1988, que debería garantizar los derechos de los pueblos indígenas. Este tiempo fue marcado por gran violencia y por la criminalización de los indígenas. Entre 1992 y 2003, cinco indígenas Xukuru fueron asesinados directamente en función de la lucha por la tierra. La situación se complica aún más porque hay 45 procesos judiciales de antiguos ocupantes que piden tierras de vuelta, creando una gran inseguridad jurídica para los indígenas que viven en ellas.
La abogada del Consejo Misionario Indigenista (CIMI) Caroline Hilgert, durante el juicio, afirmó que “el caso Xukuru revela el estrechamiento de la estructura normativa, apuntada en esa Corte por el propio perito del Estado, al destacar que en el sistema actual, incluso después del reconocimiento formal, el Estado no ejerce la protección de los pueblos y de sus tierras. Eso significa que la demarcación es un acto declaratorio y no demarcatorio, como lo reconoce la Constitución”.
*Con informaciones del Consejo Indigenista Misionario (CIMI)
Edición: Monyse Ravenna
