Cuando se creó en agosto de 2021, el programa de ayuda social Auxílio Brasil puso fin al mundialmente reconocido programa Bolsa Familia. Sin estudios que respaldaran esta decisión, ni siquiera una discusión con la sociedad, la trayectoria de uno de los mayores programas de transferencias monetarias condicionadas llegó a un abrupto fin. Bolsa Família fue creado en 2003, al inicio del gobierno de Lula, y tenía como objetivo combatir la pobreza y el hambre, ofreciendo y sosteniéndose, al mismo tiempo, en una red social robusta que atendía a los trabajadores en situación de pobreza y extrema pobreza.
Apoyado en una serie de políticas sociales como la valorización del salario mínimo, el fomento de la agricultura familiar y las políticas de salud, educación y generación de empleo. Bolsa Família fue un programa que presentó resultados significativos y notables en la trayectoria de experiencias democráticas en el país.
Para señalar solo algunos de sus logros, en 2014 logramos salir del Mapa del Hambre, lo que significa que menos del 5% de la población del país sufría de hambre en ese momento; el monitoreo nutricional y la vacunación de los niños se realizaba de manera constante; y las redes de educación trabajaban en colaboración con la gestión del programa para garantizar la asistencia escolar.
El lenguaje público cambió con la existencia de Bolsa Familia. Empezamos a hablar abiertamente de la asistencia social, del hambre y de la pobreza como problemas sociales urgentes que solo pueden solucionarse a través de la acción del Estado guiada por la gestión democrática. Así, se amplió la participación de la sociedad en los programas sociales del gobierno federal. Trabajadores sociales, investigadores, representantes de movimientos sociales y diferentes sectores de la sociedad fueron llamados a hablar y mejorar el Bolsa Família.
Para que todo esto fuera posible, fueron creados los Centros de Referencia de Asistencia Social (CRAS), en el marco del Sistema Único de Asistencia Social (SUAS). Desde el CRAS, las familias eran asistidas por trabajadores sociales y funcionarios capacitados que las derivaban a los programas federales, estaduales o municipales disponibles, según sus necesidades.
Al llegar a un CRAS, se completaba el Registro Único de Programas Sociales del gobierno federal, el CadÚnico, que abarcaba una serie de temas, desde composición familiar, nivel educativo, descripción de la vivienda y acceso a saneamiento básico, a la salud y a la educación. Pueblos indígenas, ribereños, pescadores y la población rural recebían atención acorde a especificidades que van más allá de lo que caracteriza a las familias de los centros urbanos.
Con el Número de Registro Social (NIS), las familias accedían a un abanico de políticas y programas sociales: exención de concursos públicos, tarifa social de energía eléctrica, actividades extraescolares para niños y niñas, programas de formación profesional, seguimiento de la vacunación, atención psicosocial, etc.
A raíz del Auxílio Emergencial, el Auxílio Brasil promovió un fuerte llamado y propaganda en torno a los valores que se entregan a las familias beneficiarias. Seamos claros: el dinero es importante, y contar con suficiente dinero para que las personas vivan con un mínimo de dignidad es un derecho. Sin embargo, cuando se trata de combatir la pobreza y la pobreza extrema, el dinero, a pesar de ser uno de los elementos principales, no es suficiente. Todos necesitamos acceso a servicios de salud y educación, poder comprar alimentos saludables en cantidad suficiente, tener acceso a medicamentos y a campañas de vacunación. El acceso a oportunidades de empleo, calificaciones profesionales y educación escolar son derechos.
Al proponer cuotas de R$ 400 (aprox. 75 USD) por mes a los beneficiarios, desviando el foco hacia el monto aparentemente mayor que el de Bolsa Família, se nos induce a olvidar toda la red de protección social necesaria para que la vida funcione en su totalidad. El monto del nuevo beneficio no considera la composición familiar, que puede reducir el valor al dividirlo entre los beneficiarios de una misma familia, y tampoco acompañan el costo de vida. En ciudades como Belo Horizonte, a principios de octubre, la canasta básica de alimentos alcanzó R$ 650,16.
:: La urgencia del hambre es la urgencia por democracia ::
Con el fin de un programa social exitoso era de esperar que se implementara uno mejor. Uno que ampliara la cobertura de asistencia social, la atención médica, el acceso a alimentación saludable y el acceso a la educación.
Sin embargo, no fue lo que pasó y nos encontramos en una situación peor. Actualmente, el fracaso del programa se expresa en el creciente número personas que pasan hambre: 33,1 millones en la caída de la capacidad de atención de los CRAS por el desfinanciamiento de la red de protección social y la ausencia de formas de seguimiento en salud y educación.
Como si todo esto no fuera suficientemente negativo, aferrándose solo a la idea de que el dinero es suficiente, Auxílio Brasil, en lugar de ampliar las oportunidades para la población, genera endeudamiento a las familias atendidas por este programa y por el Beneficio de Prestación Continua (BPC), poniéndolas en manos de las entidades financieras con la liberación del crédito de nómina. Es decir, préstamos con intereses inmorales, tomando parte del dinero que se ebtrega a los beneficiarios e instituyendo un mecanismo de transferencia de dinero que, en lugar de ser utilizado, por ejemplo, para mejorar los servicios públicos, irá directamente a los bancos, porque las cuotas de los préstamos se deducen directamente del beneficio social.
Son jubilados, personas en situación de calle, trabajadores informales, madres y desempleados que están siendo acosados desde junio para contratar un préstamo de poco más de R$ 2.000 para comprar alimentos y medicamentos, alquilar una habitación, entre otros y que, finalmente, dejará el monto del beneficio menor de lo que se esperaba. La promesa de mantener el Auxílio Brasil en R$ 600 (aprox. 115 USD) por mes no se sostiene. Las simulaciones de préstamos de nómina se vienen realizando a partir del valor base de R$ 400. Si las agencias financieras no creen en la promesa de R$ 600, ¿por qué deberíamos hacerlo nosotros? No hay interés político en aumentar el valor del beneficio, si lo hubiera, esto ya se habría producido de forma permanente.
Además de valores insuficientes, no hay vacantes suficientes en la previsión presupuestaria para todos los que necesitan recibir el beneficio. El Auxílio Brasil es una propuesta negativa para el conjunto de la población, ya que no combate la pobreza y el hambre, terceriza este rol a los individuos, beneficiarios o no, en medio del desempleo y el alto costo de vida. Significa más personas en la calle, más niños y niñas fuera de la escuela y más gastos de salud pública. Al final, todos pagamos.
Denise De Sordi es historiadora e investigadora posdoctoral en COC/FIOCRUZ y FFLCH/USP, en Brasil.
Edición: Flávia Chacon e Glauco Faria
