Este Día Internacional de los Derechos Humanos (10), el Centro de Documentación de la Comisión Pastoral de la Tierra (Cedoc/CPT) presenta los datos parciales de los Conflictos en el Campo referentes al período comprendido entre enero y agosto de 2021. El documento señala una disparada en los índices de violencia contra ocupaciones y posesioness, asesinatos de sin tierra, además de de muertes a consecuencia de conflictos.
De acuerdo con los datos parciales, 418 territorios fueron víctimas de las acciones de destrucción de casas y pertenencias, expulsión, grilagem [utilización de documentos falsos para forjar titularidad y reivindicar la tenencia de tierras], sicariato e impedimento de acceso a áreas de uso colectivo en ese período. De este total, 28% son territorios indígenas, 23% quilombolas [comunidades afrodescendientes ancestrales], 14% de colonos y 13% de sin tierra, entre otros.
:: Bolsonaro e Damares querem que pecuaristas e garimpeiros sejam considerados povos tradicionais ::
A pesar de que no se refieren a todo el año 2021, el documento alerta que los datos ya superaron, en todos los aspectos, los índices de violencia registrados durante 2020, que contabilizó casi 1 millón de personas involucradas en conflictos en el campo.
En entrevista con Brasil de Fato, el coordinador nacional de la CPT, Ronilson Costa, explica que eso es un reflejo de la política que se ha adoptado con relación a los pueblos del campo, de los bosques, a los pescadores, comunidades tradicionales y pueblos indígenas en el país.
“Hay diversas iniciativas en discusión en el Congreso que van contra las formas de vida de esas comunidades y que incentivan, de cierta forma, esa ofensiva violenta contra esas comunidades. ¿Imagina cuando, públicamente, se defiende la actuación de mineros ilegales? Son muchas medidas, muchas discusiones para defender una pequeña elite económica o política, en detrimento de los modos de vidas de centenas de comunidades tradicionales en nuestro país.”
:: Bolsonaro descumpre lei e ignora consulta a indígenas e quilombolas, diz pesquisa ::
La desnutrición de la niñez está directamente ligada la minería artesanal ilegal de oro en el territorio indígena / Augusta Lunardi/Agência Pública
Asesinatos
Entre enero y noviembre de 2021, se registraron 26 asesinatos en conflictos en el campo, lo que representa un aumento de 30% con relación a todo el año anterior, que registró 20 asesinatos.
De las 26 víctimas de asesinatos, 8 eran indígenas, 6 sin tierra, 3 colonos, 3 quilombolas, 2 asentados, 2 pequeños propietarios y 2 quebradeiras de coco babaçu*. Vale destacar que todos los quilombolas asesinados en 2021 son del estado de Maranhão.
Maranhão es el estado con mayor número de asesinatos en el campo en el período de enero a agosto de 2021. / Informe CPT_2021
Maranhão acumula también el mayor número de asesinatos en el campo registrados hasta el momento. De los 26 asesinatos, 9 fueron registrados en ese estado, lo que representa cerca de un tercio del total nacional, seguido por los estados de Roraima (5) y Tocantins (3).
Las muertes como consecuencia de conflictos aumentaron 1.044%, nuevamente teniendo como principales víctimas a los pueblos indígenas. El índice pasó de 9, registrado en todo el año de 2020, a 103, registrados hasta el momento. De esas 103 muertes registradas, 101 fueron de indígenas Yanomami, victimados por el hambre, por la covid-19 y por la invasión de la minería ilegal en sus tierras, bajo consentimiento del gobierno de Bolsonaro.
:: Apesar de libertos, indígenas Gamella vivem sob amenazas no Maranhão ::
Los asesinatos en el campo son los que resultan de la acción directa de sujetos, tales como sicarios, hacendados, mineros ilegales, ladrones de tierras, entre otros. Las muertes como consecuencia de conflictos son aquellas en razón de conflictos en marcha, que en general provocan la ruptura total del acceso a derechos básicos como educación y salud, resultando en enfermedades y otras situaciones que llevan a la muerte, como es el caso de los Yanomami.
Ronilson explica que en esos casos, las muertes se dan mucho más como consecuencia de la ausencia de políticas públicas y actuación del estado.
“Las muertes a consecuencia de conflictos son, mucho más, debido a la ausencia de políticas públicas ante situaciones de amenazas y riesgos que esas comunidades sufren, que muchas veces llevan a la situación de muerte. Los pueblos indígenas Yanomami relataron un número de más de cien indígenas, entre ellos muchos niños, muriendo debido a ese descuido”, explica.
:: Asesinatos de indígenas cresceram 61% en 2020, segundo o Cimi ::
Ante la situación de los Yanomami, por ejemplo, fue necesaria la intervención del Supremo Tribunal Federal (STF), que mediante acción del partido Rede Sustentabilidade exigió la adopción de medidas necesarias y urgentes para la protección de la salud y seguridad de los pueblos originarios.
Ronilson alerta que los agentes causantes de las muertes utilizan además otros mecanismos para matar defensores de derechos humanos y de sus modos de vida, muertes que escapan de las estadísticas y podrían revelar una situación aún más grave en el país.
“Hay otras formas de matar. El propio discurso alimentado del odio, que incide sobre comunidades quilombolas, sobre comunidades indígenas... ¿cuántas y cuántas formas de muertes suceden, como el atropellamiento con las características de un mero accidente? Son muchos casos en ese sentido que creo que no conseguimos recopilar todos. Ciertamente hay mucho más que lo que conseguimos recopilar durante este período”, lamenta Ronilson.
El coordinador de la CPT condena el racismo estructural, que invisibiliza la violencia contra las comunidades tradicionales, acompañado del desmantelamiento de organismos de fiscalización que podrían atender las demandas de esos pueblos.
“Es el racismo estructural, ambiental, que considera que esos pueblos no son sujetos de derechos, dejándolos abandonados a su suerte, es la ausencia de un Estado que consiga dialogar y promover justicia, que se mantenga vigilante en situaciones de amenazas. Lo que tenemos en la historia reciente de nuestro país es un verdadero desmantelamiento de organismos de fiscalización, que son responsables por atender las demandas de esas comunidades.”
Familia amenazada de desalojo en la Comunidad Mandela, en Campinas (estado de São Paulo) / Fabiana Ribeiro/Jornalistas Livres
Lucha por vivienda en medio de la pandemia
Otro dato que llama la atención es el aumento del número de familias en ocupaciones y tierras embargadas, que en medio de la pandemia de covid-19 aumentó 558,57%, pasando de 519 a 3.418, lo que ya corresponde a más que el doble del número total de familias registrado en todo el año de 2020, que fue de 1.391.
De acuerdo con el informe de la CPT, “eso muestra que incluso con el recelo de contaminación por COVID-19, esas familias necesitaron resistir para mantenerse vivas y en los territorios tradicionalmente ocupados. La ofensiva contra los pueblos del campo, de las aguas y de los bosques no entró en cuarentena”.
Es lo que refuerza Ronilson al afirmar que “hay un aumento significativo de desempleados, de desesperanzados. El Estado brasileño no muestra perspectivas, no consigue alimentar la esperanza de nadie, a no ser de los grandes empresarios. Los pobres están cada vez más pobres y hay, ciertamente, una situación de retorno de familias que fueron expulsadas, sea en un pasado más distante o más reciente.
Ciertamente, el problema estructural de acceso a vivienda no es reciente en Brasil, pero ganó mucha más fuerza durante el enfrentamiento a la pandemia de covid-19, cuando se indicó a las personas “quedarse en casa”, cuando no tenían una casa donde quedarse.
El aumento en el número de desempleados, en el valor de alquileres y en la canasta básica se convirtieron en barreras aún más firmes que separan el derecho a la vivienda de las familias brasileñas de bajos ingreso – o sin ningún ingreso.
Programa Casa Verde y Amarela excluye familias que ganan hasta USD 320 y dificulta acceso a la vivienda / Marcos Corrêa/PR
Creado en 2009 por el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), el programa Minha Casa, Minha Vida buscaba permitir el acceso a casa propia a familias de bajos ingresos, pero durante el gobierno de Bolsonaro fue sustituido por el programa Casa Verde y Amarela, que alteró las formas de acceso al subsidio y, según nota del Movimiento de Trabajadores Sin Techo (MTST), “el gobierno mató el programa social y lo transformó en un programa de crédito”.
Con ese conjunto de agravantes que dificulta el acceso a la vivienda, durante el actual gobierno se intensificaron las acciones que la CPT llama violencias contra la ocupación y posesión, que son los mecanismos de defensa y sobrevivencia encontrados por las familias para mantenerse bajo techo.
Entre este tipo de violencia, el impedimento de acceso a las áreas de uso colectivo fue la que presentó mayor aumento en comparación al año pasado. El índice aumentó 1.057%, seguido por expulsión, con aumento de 153%, sicariato (118%), grilagem [utilización de documentos falsos para forjar titularidad y reivindicar la tenencia de tierras] (113%), destrucción de pertenencias (104%) y destrucción de casas, con aumento de 94%.
En relación a los responsables por las violencias contra la ocupación y posesión, el informe señala que la categoría hacendados presentó un aumento de 23%, seguidos por empresarios (18%), gobierno federal (14%), grileiros [ladrones de tierra] (13%) y garimpeiros (6%).
Campaña Desalojo Cero
Los datos divulgados por la CPT contrastan con el informe de la Campaña Desalojo Cero (CDZ por su sigla en portugués), plataforma creada al comienzo de la pandemia en defensa de la vida en el campo y en la ciudad, formada por diversos movimientos sociales, entidades y militantes que recogen y difunden información, y actúan en la defensa activa en procesos judiciales y administrativos que involucran conflictos fundiarios, así como en prácticas de incidencia política y institucional en los organismos públicos.
La CDZ alerta amenazas activas de perdida de vivienda para 123.153 familias brasileñas hasta octubre de 2021, más de 23.500 familias fueron expulsadas de sus viviendas en el período entre agosto de 2020 y octubre de 2021.
Desalojos y amenazas
Gráfico señala subida exponencial en el número de amenazas y desalojos, incluso en medio de la pandemia. / Campanha Desalojo Zero
Los altos índices podrían ser aún mayores, si no fuera por la actuación de la plataforma en defensa de la vivienda, que garantizó la suspensión de 80 casos de desalojo desde el inicio de la campaña, evitando que 11.280 familias perdieran su vivienda desde el inicio de la pandemia.
Respuesta
En el caso de Maranhão, estado con el mayor número de asesinatos en el campo registrados hasta el momento, el Secretario de Derechos Humanos y Participación Popular, Francisco Gonçalves, garantiza que los datos son reflejo de un avance nacional del agro negocio y de la minería artesanal ilegal, incitado especialmente por el discurso de odio del presidente de la república.
El señala también algunos factores agravantes, como la localización estratégica y menor valor de tierras para el avance de fronteras agrícolas.
“En el caso específico de Maranhão hoy, hay un avance del agro negocio en diferentes regiones, que se debe a la calidad de las tierras, pero también al precio de mercado de la tierra con relación a otras áreas del país. Formamos parte de una área llamada Matopiba, que forma parte de una estrategia de ocupación de las últimas fronteras agrícolas del país”, explica el secretario.
:: Quatro casos demonstram na prática a relação entre grilagem e desmatamento no Matopiba ::
Consultado sobre las medidas de prevención y resolución de conflictos, el destaca la creación y actuación de la Comisión Estadual de Prevención de la Violencia en el Campo y en la Ciudad (COECV) en 2015.
“Vale recordar que antes de la creación de la COECV no había ninguna estrategia estadual para abordar los conflictos agrarios de Maranhão, así como no había definición clara respecto al papel de la Policía Militar frente a tales conflictos. La fuerza del estado estaba totalmente volcada a servir a los que se decían dueños de las propiedades”, resalta.
* Mujeres que recogen y rompen el coco de la palmera babasú como forma de subsistencia en los estados de Maranhão, Tocantins, Pará y Piaui. Este coco se utiliza como alimento y materia prima para productos manufacturados.
Edición: Vivian Virissimo
