En la última semana de marzo, un helicóptero de la policía tenía su reflector apuntando a las afueras de Echo Park, una región emergente de Los Ángeles, en Estados Unidos. La aeronave echó luz sobre el nuevo “delito” de la región: vivir en las calles. Por tierra y aire, decenas de agentes expulsaron a quienes tuvieran carpas y tiendas instaladas en la zona, bajo la amenaza de arrestar a quien infringiera la orden.
El abogado Gary Blasi, quien también es profesor de derecho en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y dedica su carrera a defender a la población más vulnerable, dijo a Brasil de Fato que "a menos que la gente tenga una alternativa real de refugio, vivir en la calle no infringe ninguna ley".
También según el profesor, la maniobra se hizo con el argumento de que existía una oferta de refugio disponible, lo que obligaría a las personas a abandonar el campamento.
"Lo que sucedió en Echo Park servirá como modelo de cómo la ciudad de Los Ángeles debe enfrentar situaciones similares en otras áreas. Básicamente, el Estado recurrirá a la fuerza policial y ofrecerá albergue temporal, en estructuras temporales", dijo Blasi. Agregó que "el problema es que estas personas estarán acogidas por poco tiempo y pronto deberían estar de vuelta en las calles".
A pesar de ser un problema social, Blasi utilizó las matemáticas en su explicación. “Incluso antes de la pandemia, unas 600 mil familias dedicaban más del 90% de sus ingresos al pago de un alquiler. Esto significa que, ante cualquier contratiempo, como una enfermedad o un despido, familias enteras se ven obligadas a irse a vivir en la calle”.
Carpas levantadas por personas en situación de calle en Echo Park, Los Ángeles / Frederic J. Brown/AFP
Programas insuficientes
La arquitecta y urbanista Dana Cuff, profesora de la UCLA, donde dirige el prestigioso CityLab, aportó más números para explicar la situación. "Aproximadamente 20 mil personas abandonan las calles para mudarse a una casa cada año en Los Ángeles, pero en el mismo período otras 25 mil personas terminan en la calle".
Según Cuff, además de la brecha de ingresos, lo que contribuye a la crisis de vivienda local es la disparidad entre lo que se cobra y lo que se gasta. "Una unidad de vivienda social en Los Ángeles cuesta alrededor de 650 mil USD – esto está lejos de ser asequible", comentó.
Según la LA Homeless Services Authority, poco más de 66 mil personas vivían en las calles de la ciudad en el 2020, lo que representa un aumento del 12,7% con respecto al año anterior.
Existen programas federales, como el Section 8, que apuntan a subsidiar viviendas permanentes para personas en extrema vulnerabilidad social, pero la realidad es que estos y otros proyectos asistenciales no satisfacen la demanda.
"El programa Section 8 ha estado congelado durante años. La última vez que el gobierno abrió una especie de lista de espera, la fila duraba unos 10 años. Aquí en Los Ángeles, cuando se retomó este proyecto en algunas zonas, se cayó el sistema telefónico por el inesperado volumen de llamadas", recordó Blasi. Ella compara el programa con "ganar la lotería". "Y, con los valores de hoy, esta ayuda gubernamental solo permitiría el alquiler de algo precario en regiones muy periféricas".
Contribuye al problema el hecho de que los vecinos se unen para protestar contra el desarrollo de proyectos sociales en sus barrios. "Yo diría que todos los vecindarios de Los Ángeles están en contra de la construcción de viviendas sociales en sus límites. Y es curioso que las mismas personas que protestan por el duro trato de la policía y las autoridades hacia las personas sin hogar sean las que se oponen a estos proyectos. Nadie los quiere cerca", lamentó Dana Cuff.
No es casual, por lo tanto, que una de cada cinco personas en situación de calle se encuentra en la ciudad de Los Ángeles. El estado de California, el más rico de los Estados Unidos, representa la mitad de toda la población sin hogar del país.
"Las cifras son aún menos favorables para la población negra. Para los afroestadounidenses, las posibilidades de acabar en la calle son de seis a diez veces mayores", señaló Blasi.
Soluciones
Para el doctor en sociología Samuel Lutzker, que estudia los campamentos de personas sin hogar en la ciudad, las alternativas presentadas por las autoridades no son, hasta ahora, una respuesta definitiva a la crisis. "Los albergues tienen toque de queda y reglas muy estrictas, que a menudo generan traumas en las personas. Además, para vivir en uno de estos albergues o programas de vivienda temporal, estos individuos tienen que renunciar a su comunidad y afectos, como compañeros, amigos e incluso mascotas. Cuando se trata de este punto de desamparo, el cuidado de la comunidad, en la mayoría de los casos, es lo único que tiene esa persona", dijo al equipo de reportaje.
Sin embargo, esto no significa que la gente "prefiera vivir en la calle". "Todo el mundo quiere un hogar, pero en un contexto que sea mejor que el que se tiene en la calle", consideró Lutzker.
El sociólogo aboga por la implementación de programas a gran escala que combatan la desigualdad y la pobreza en Estados Unidos. "Debemos pasar a un sistema socialista, de lo contrario no podremos combatir estas formas de desigualdad que ha creado nuestro capitalismo".
Más que simplemente reparar los daños económicos, Dana Cuff explicó que promover la diversidad representa un beneficio social. "Necesitamos rodearnos de gente diferente a nosotros para ser verdaderamente civilizados. La sociedad civil nos pide que estemos con personas que piensan de manera diferente, que se ven diferentes, que tienen necesidades diferentes y crían a sus hijos de manera diferente. A menos que tengamos eso, perderemos nuestra humanidad fundamental".
Edición: Camila Maciel
