El mismo mes en que se cumplen cinco años del asesinato de la dirigente travesti Diana Sacayán, la Justicia argentina decidió desconsiderar la figura de travesticidio en el caso. La caracterización del crimen en la condena había sido una sentencia histórica en el país por haber sido la primera a reconocer el agravante de odio a la identidad de género.
La sentencia contra Gabriel David Marino, proferida en el 4º Tribunal Oral Criminal, en Buenos Aires, lo condenó a prisión perpetua por el delito de homicidio calificado por odio a la identidad de género y por violencia de género. En la revisión del fallo, la Cámara Nacional de Casación alegó falta de pruebas por el crimen de odio a la identidad de género, considerandolo solamente como femicídio. El fallo mantiene la condena de prisión perpetua del acusado.
Esta semana, dos recursos extraordinarios fueron presentados por parte de la acusación y del Ministerio Público para apelar a la decisión ante la Corte Suprema. El Ministerio Público asevera la importancia de calificar un crimen de odio o prejuicio: "No nos enfrentamos a la conducta individual de un sujeto transfóbico o transodiante, sino a un entramado social complejo que coloca a las travestis en una posición de particular vulnerabilidad frente a la violencia letal", argumentaron los representantes del órgano.
La abogada Luciana Sánchez, representante del activista y hermano de Diana, Say Sacayán, evalúa que será un proceso difícil. "Como está confirmada la condena perpetua, hay más posibilidades de que rechacen el recurso. La discusión ahora es, justamente, sobre el punitivismo: si da igual, una vez que, de todos modos, él está condenado a prisión perpetua, o si será posible presentar otras cuestiones respecto de la pena", apunta.
"Debemos pensar esa disputa como una proyección a futuro. Es durísimo, porque los tiempos de la Justicia no son los tiempos del colectivo travesti y trans."
Lea también: "Ellos no. Tenemos que ser nosotros mismos": candidaturas colectivas crecen en Brasil
Retroceso en la justicia contra travesticidios
En 2019, el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT relevó que en Argentina hubo 177 muertes ocasionadas por crimen de odio u orientación sexual, identidad y/o expresión de género, siendo que el 64% de las víctimas eran mujeres trans (travestis, transexuales y transgéneros) y el 6%, hombres trans.
La Justicia no reconoce los derechos de la población trans – en muchos casos, ni siquiera respeta la identidad de género –, por eso, hay pocos datos oficiales que demuestren, en cifras precisas, la violencia en contra de su comunidad.
A raíz del asesinato de su hermana, el activista Say Sacayán creó la Comisión Justicia por Diana, que contaba con abogados y defensores de los derechos humanos. Por más de dos años, construyeron la comprobación de la hipótesis de travesticidio.
"La decisión de Casación borra la identidad travesti de Diana", afirma, destacando que la defensa de Marino se basa en el hecho de que él "daba demostraciones públicas de afecto por Diana", con carícias y besos en la boca. "Por 'demonstrar afecto', no consideran que podría ser transodiante. Esa es la diferencia entre una mujer cis y una travesti. Tuvimos horas de discusiones profundas en la comisión sobre las relaciones de hombres cis con travestis", afirma.
"La sentencia [por travesticidio] venía a reparar esa violencia histórica."
Say Sacayán
Paradigma judicial
Las leyes que sostienen la justificativa del agravante de travesticidio son dos importantes avances legislativos en Argentina: la ley nº 26.743 de identidad de género, con la cual muchas personas, entre ellas Diana Sacayán, pudieron tener un nuevo documento correspondiente a sus identidades; y la modificación en el Código Penal a través de la ley nº 26.791 inciso 4, que incorpora como agravante de los homicidios el odio a la orientación sexual, a la identidad de género y a su expresión. Ambas fueron sancionadas en 2012.
"Fue una revolución en la comunidad jurídica, porque el inciso 4 nunca había sido aplicado. Los abogados decían que la transfobia no estaba criminalizada. Entonces, apuntábamos el inciso 4 del Código Penal", afirma Sánchez, destacando que el Ministerio Público, al investigar el crimen, no contó con ningún protocolo con pautas de actuación para distinguir y saber analizar esos motivos discriminatorios.
"La decisión de Casación expresa exactamente ese desconocimiento. También hay que entender que los operadores judiciales, ese tipo de reconocimiento tiene costos. La Cámara de Casación no los quiso pagar: prefirió ser repudiada por las víctimas que por sus colegas y superiores", concluye la abogada.
Las leyes están. Lo que está demostrado es que no quieren aplicarla
Luciana Sánchez, abogada
La estigmatización de la Justicia acerca de la población travesti y trans es histórica, como destaca Say. "Los medios de comunicación están para comprobar, y son los mismos estigmas que la Justicia reproduce", afirma Say, sobre la construcción de un imaginario negativo y distante de la realidad concreta. En Argentina, el promedio de vida de este grupo social es de 35 a 40 años, reforzado por la impunidad de los crímenes cometidos contra la comunidad.
Son innúmeros los relatos de violencia por parte de la policía, causas armadas y prisiones arbitrarias. "Muchas compañeras tuvieron miedo de entrar en el tribunal, en el juicio de Diana. Eso es muy significativo. Representa como la justicia viene tratando a las personas travestis y trans", conta Say.
Cupo trans y el legado de Diana
Diana Sacayán impulsó la primera ley mundial de cupo laboral trans, sancionada un mes antes de su asesinato. Tras años de espera, el 6 de septiembre de este año, la conquista llegó en forma de decreto, cuando el gobierno argentino estableció que el 1% de los cupos de trabajo en el sector público deben ser destinados a las personas travestis, transgénero y transexuales.
Nancy Sena es coordinadora municipal de diversidad de Moreno, en la provincia de Buenos Aires, y forma parte del Frente Federal que une militantes de todo el país en la lucha por el cupo laboral trans, y resalta que es la primera vez que el Estado se hace responsable por lo que se llama travesticidio y transfemicidio social – la exclusión sistemática de esa población.
Lea también: Aproximación entre Argentina y China puede resultar en más fábricas de carne porcina
"El Estado debería ser el primero a dar una respuesta, porque el Estado es responsable", dice Sena. "Desde chicas, nos expulsan de nuestras casas. No tenemos acceso a los estudios, a la salud, a la vivienda, a la familia, al amor, a nada de lo que muchas personas heteronormadas pueden acceder. Antes, era impensable que una mujer como yo estuviese ocupando un cargo público."
El proyecto de ley, a pesar de sancionado en 2015, quedó congelado durante casi todo el mandato de Mauricio Macri. Ahora con carácter nacional, la ley de cupo laboral trans suma más un paso en Argentina para o reconhecimento da violência e exclusão estrutural às identidades. Y, en ese sentido, la sentencia por travesticidio sería un caso de reparación histórica, un primer paso en el ámbito jurídico para reconocer a las violencias dirigidas a lapoblación travesti, transexual y transgénero.
"Lo que no se nombra, no existe", refuerza Sena. "Los gobernadores, legisladores y diputados, en lugar de gobernar con la Bíblia, deberían empezar a legislar con la Constitución. Así, vamos hacía la verdadera inclusión en todo el mundo."
Entienda el caso
El día 13 de octubre de 2015, el cuerpo de Diana Sacayán fue encontrado en su propio departamento, en Buenos Aires. Según las investigaciones, ella tenía los pies y manos atados y fueron contabilizados 27 lesiones, de las cuales 13 fueron consideradas puñaladas. En la escena, también fueron encontrados una tijera y un martillo.
Gabriel David Marino era una pareja ocasional de Diana. Además de las digitales en el departamento, el material genético en las uñas de Diana fueron identificadas como siendo de Marino. La perícia evalúa que había por lo menos más de una persona en el momento del crimen. El gobierno argentino ofrece una recompensa de AR$500 mil a quien aporte informaciones sobre el coautor del crimen aún no identificado.
Edición: Luiza Mançano
