Hace seis meses, Elias* trabaja como repartidor en Pedidos Ya y viaja diariamente de la ciudad de San Martín hasta Buenos Aires con su moto, poco más de 22 kilómetros. Son 12 a 16 horas de trabajo por día. "Aquí en Argentina, ninguna de las aplicaciones nos reconoce como trabajadores. Somos supuestos colaboradores", cuenta.
Con la pandemia del nuevo coronavirus, las aplicaciones de entrega ganan como nunca: sus actividades crecieron alrededor de 400% solo en Argentina. Las principales en el país son Pedidos Ya, Glovo, Rappi y Uber Eats, y establecen como valor base a los repartidores alrededor de 60 pesos por entrega (aproximadamente R$ 4). "Hace dos años, no reajustan el valor, y la inflación ya llega al 120%. Nuestros ingresos quedan en la miseria", relata Elias, también integrante del movimiento del sector, la Agrupación de Trabajadores de Reparto (ATR).
Además, los repartidores de apps no cuentan con seguro por accidente o robo ni cualquier derecho laboral. No sólo Elias viaja a capital federal todos los días debido a mayores demandas de clientes de las aplicaciones; la ciudad también es una región más segura con relación a la provincia de Buenos Aires, donde se ubica San Martín, que es parte de las conocidas "zonas liberadas". Se trata de zonas en donde los robos suceden en acuerdo con la policía local.
La situación de los trabajadores del sector se agravó con una ley en capital federal, que exige tener domicilio en la ciudad para ejercer la actividad en el territorio. Este es el punto más crítico de la ley, aprobada por el gobernador Horacio Larreta, del partido Propuesta Republicana (PRO), de centro-derecha, contra todas las reivindicaciones del sector. También exige el uso de uniformes a los repartidores, sin atribuir los costos a la empresa.
Además, sólo durante la cuarentena, murieron al menos siete trabajadores en accidentes en el país mientras ejercían sus actividades para las aplicaciones de entrega.
Trabajadores organizados
Los repartidores ya movilizaron diversas protestas y huelgas para reivindicar la regularización de la actividad. Ellos luchan por el aumento del 100% en el pago base por entrega, seguro por accidente de trabajo y mejores condiciones, como la posibilidad de rechazar pedidos sin el castigo del bloqueo definitivo – algo similar a ser despedido. El sector ya dialoga con trabajadores de otros países y, a principios de este mes, publicaron una declaración internacional de repartidores de aplicaciones.
Sector en Argentina armó un sindicato y un movimiento que está creciendo en el país / Vicky Cuomo/Revista Citrica
La primera app de la modalidad de entregas a llegar en Argentina fue Pedidos Ya, en 2009, y enfrentó conflictos sindicales en la categoría, inicialmente representada por la Asociación Sindical de Motociclistas, Mensajeros y Servicios y por el sindicato de Servicios Rápidos CCT. Frente a la exigencia de la regularización del trabajo, la empresa adoptó una maniobra, contratando a algunos repartidores por medio período.
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En 2015, las puertas se abrieron a nuevas empresas de aplicaciones, lo que se reflejó en un creciente número de ciclistas y motociclistas con la mochila de Glovo por las calles de Buenos Aires. En un año, 10 mil repartidores se registraron en la aplicación de la empresa española. En 2018, llegó la colombiana Rappi. En el mismo año de su inauguración en el país, más de 20 mil personas se inscribieron en la aplicación para trabajar, contando con esa fuente como principal o única de sustento. En medio del boom de las aplicaciones en el país, también surgió, en 2018, el primer sindicato del sector, la Asociación de Personal de Plataformas (APP).
El paraíso de las apps
Secretario gremial de la Central de Trabajadores de Argentina Autónoma (CTAA), Daniel Jorajuría apunta como el éxito de esas aplicaciones se da por la facilidad que encuentran en los países en donde actúan. "el riesgo no es la tecnología, sino los gobiernos que juegan como enemigos de los trabajadores", afirma, destacando los casos de Brasil, Paraguay y Uruguay, "En Argentina, la fuerza popular logró sacar al gobierno de derecha [refiriéndose a la no reelección de Mauricio Macri, en 2019]. Ahora, debemos construir iniciativas para proteger a los trabajadores", concluye.
Es como la ley del teletrabajo: o se regula o las leyes son impuestas por el mercado.
Daniel Jorajuría
El diálogo entre centrales sindicales que actúan desde hace años en el país y las organizaciones más recientes de repartidores es fundamental para llevar el debate a ámbitos legislativos y construir un proyecto. Eso incluye actualizar las terminologías que la modalidad exige. "Estar trabajando es estar conectado. Estar geograficamente en un lugar es estar geolocalizado. Ser despedido es ser bloqueado", apunta Daniel.
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"Nos organizamos para abrir un debate con todo el conjunto de repartidos. Vimos que en otros países, las condiciones son las mismas", afirma repartidor de ATR / Vicky Cuomo/Revista Citrica
Población excluida y precarizada
La población migrante conforma gran parte de los trabajadores de aplicaciones en Buenos Aires, especialmente venezolanos. Más del 70% de los migrantes en Argentina trabajan en el mercado informal, no trabajan o sobreviven de "changas", trabajos intermitentes. Además, el 60% de los migrantes sufrió interrupción de su relación laboral durante la pandemia, según levantamiento de Agenda 2020.
En los últimos años, y en paralelo al crecimiento del trabajo por aplicaciones, se observó una mayor dificultad de acceso por parte de los migrantes al documento nacional de identidad del país, el DNI. "Hablar de acceso al mercado laboral de la población migrante exige hablar también de la dificultad de regularización de esta población", destaca Mariana Marques, directora de Política y Justicia Internacional de Amnistía Internacional de Argentina. La exigencia de dos años de residencia también dejó a muchos migrantes fuera del beneficio de 10 mil pesos (alrededor de R$ 700) lanzado por el gobierno nacional en la pandemia. "Y son justamente las personas que más lo necesitan", comenta Mariana.
La próxima movilización por la regularización de los trabajadores de aplicaciones de reparto será el 31 de agosto, en Buenos Aires. La expectativa es que las problemáticas que atraviesan e impactan al sector y a las personas desempleadas entren en la agenda del actual gobierno, del presidente Alberto Fernández, peronista del Partido Justicialista, con políticas que garanticen los derechos laborales de la categoría y otorgando los documentos y ayudas sociales correspondientes a los migrantes.
La falta de acceso al empleo regular lleva migrantes a acudir al trabajo en las aplicaciones / Vicky Cuomo/Revista Citrica
*El entrevistado optó por no exponer su apellido.
Edición: Pilar Troya
