Movimientos populares de Brasil ingresan este martes (14) una solicitud de juicio político contra el presidente Jair Bolsonaro en la Cámara de Diputados. En el documento, las organizaciones presentan una serie de posibles crímenes cometidos por el ultraderechista.
Para las organizaciones, desde el comienzo de su mandato, Bolsonaro “ha incidido, de manera grave, reiterada y sistemática en ofensas a la Constitución de la República. Al adoptar ese patrón de irrespeto a la supremacía incontrastable del texto constitucional, el mandatario parece apostar en la tolerancia y naturalización de tales violaciones”.
Todavía según la justificación de las organizaciones, al cometer los crímenes listados, el presidente apuesta por la deconstrucción de un proyecto democrático iniciado a partir de 1988, con el establecimiento de la Constitución Federal actual.
Para las organizaciones, eso ocasiona “graves violaciones de derechos humanos en diversos matices y pone en marcha severas amenazas a la vida, a la salud, a la integridad física, al medioambiente y a la seguridad alimentaria de millones de brasileños”.
Improbidad administrativa
De acuerdo con los movimientos, se podría imputar a Bolsonaro el crimen de improbidad administrativa, una vez que su actuación en el gobierno va contra “los principios que dan norte la administración pública”, previstos en el artículo 37 de la Constitución, como legalidad, impersonalidad, moralidad, publicidad y eficiencia.
En este punto, los movimientos sociales describen de forma detallada algunas de las acciones de Bolsonaro que se adecuan a esos principios, como sus declaraciones de apología a la violencia y a la dictadura militar, como “su lamento perverso de que la caballería brasileña no habría sido tan eficiente como la americana, que exterminó a los indígenas; su sugerencia al afirmar que algunas mujeres no merecerían ser violadas por ser feas; el desahogo de que preferiría ver a su hijo muerto que saber que era homosexual; el alegato de que Carlos Alberto Brilhante Ustra, el más célebre y enfermo torturador de la dictadura militar brasileña, sería un héroe a ser homenajeado”.
En este punto las organizaciones también mencionan los ataques de Bolsonaro a la prensa, a los críticos de su gestión, Congreso Nacional y Supremo Tribunal Federal (STF), al participar de manifestaciones que pedían el cierre de esas instituciones.
También recuerdan la incapacidad del gobierno en administrar la pandemia de covid-19, lo que se expresa por la ausencia de un plan nacional de enfrentamiento al nuevo coronavirus, por las declaraciones de Bolsonaro que minimizan la gravedad de la enfermedad y por su comportamiento beligerante y negligente con la situación de las comunidades tradicionales.
Crimen de responsabilidad en la agenda ambiental
Según los movimientos, Bolsonaro ha establecido un “proceso de desarticulación de los principales mecanismos de defensa ambiental e incentivado una destrucción sin precedentes del patrimonio ecológico brasileño”, lo que se volvió evidente inmediatamente después del inicio de su gobierno, cuando el ministro del Medio Ambiente, Ricardo Salles, exoneró a 21 de los 27 superintendentes regionales del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Renovables (IBAMA). Eso “inevitablemente implicó la discontinuidad de las políticas ambientales llevadas a cabo hasta entonces”.
Las organizaciones también mencionan el ritmo inédito y acelerado de liberación de agrotóxicos bajo el gobierno Bolsonaro. De acuerdo con el Ministerio de Agricultura, en 2019, Brasil alcanzó el récord de pesticidas liberados: 503 registros, un aumento de 12% en relación al año anterior.
Violaciones en el ámbito de la cultura
Los movimientos mencionan, en esta temática, la extinción del Ministerio de Cultura (MinC) a través de la Medida Provisional nº 870/2019, iniciando una verdadera marcha ideológica de persecución a proyectos culturales que pudieran representar críticas al Poder Ejecutivo o transmitir valores diversos de aquellos defendidos por la base de apoyo del denunciado”.
Otro momento en que las organizaciones evidencian tal violación fue cuando, en agosto de 2019, Bolsonaro criticó el financiamiento público de producciones relacionadas a la temática LGTBI+, lo que amenazó el propio funcionamiento de la Agencia Nacional de Cinema (ANCINE) en caso de suspensión de la “liberación de recursos para esa modalidad de producciones”.
Con este tono, Bolsonaro despidió al entonces secretario especial de Cultura Henrique Medeiros Pires, que, después de su salida, acusó al gobierno de censura: “Para mi, eso tiene nombre: es censura. Si estuviera en ese cargo y me callara, voy a consentir con la censura. No voy a aplaudir este tipo de cosas. Estoy desempleado. Para quedarme y aplaudir la censura, prefiero salir”.
Violación de los derechos de la población negra y de las comunidades quilombolas
En este punto, las organizaciones afirman que Bolsonaro emplea prácticas criminales al proferir declaraciones y promover medidas discriminatorias, lo que genera una “fuerte repercusión en la sociedad, perceptible en el aumento de los discursos de odio en el país, así como de las ideologías nacionalistas violentas y las ideologías de la superioridad racial que incitan violencia contra los afrodescendientes”.
Entre los ejemplos, las organizaciones mencionan el discurso de Bolsonaro, aun en 2017, en un evento realizado en el Club Hebraico, en São Paulo, cuando se refirió a quilombolas, con términos como “arrobas” y “procrear”, comparándolos a animales. El 8 de mayo del mismo año, el actual presidente dijo, en entrevista a la RedeTV que "esa cosa del racismo, en Brasil, es cosa rara. Todo el tiempo era poner negro contra blanco, homo contra hetero, perdona el lenguaje, pero ya me hinchó las bolas ese asunto".
Un ejemplo representativo de todas esas declaraciones fue el nombramiento de Sergio Nascimento de Camargo para presidente de la Fundación Cultural Palmares, para quien no existe racismo en Brasil y la esclavización habría sido “benéfica para los descendientes”.
La actuación “criminal” de Camargo en la Fundación también quedó explícita con la censura de biografías de lideres negros del site de la institución. En esa época el afirmó que, cuando se posesionó, determinó “la retirada de lista de personalidades q (sic) homenajea, entre otros, a Benedita da Silva y a Marielle, íconos de la izquierda victimista. (...) Personalidades negras destituidas de mérito y nobleza no serán homenajeadas en mi gestión”.
Violación de los derechos de los pueblos indígenas
Las organizaciones también mencionan la actuación del gobierno de Bolsonaro en el ámbito de los derechos de los pueblos indígenas, siendo elegido con la promesa de “no demarcar ningún centímetro de tierra indígena y quilombola”. Para las organizaciones, eso queda explícito en la Medida Provisional n. 870, que estableció la reorganización de los ministerios.
Con la MP, el gobierno transfirió la atribución de identificar, delimitar, demarcar y registrar las tierras tradicionalmente ocupadas por los pueblos indígenas para el Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento (MAPA), encabezado por la ruralista Teresa Cristina, “cuya familia tiene un histórico conflicto de tierra con los Terena en Mato Grosso do Sul”.
Según los movimientos sociales, “quedó en evidencia el desvió de finalidad al transferir al Ministerio de Agricultura, Pecuaria y Abastecimiento la atribución para decidir lo que será o no tierra de ocupación tradicional. No es preciso mucho esfuerzo intelectual para concluir que tal transferencia buscó nítidamente acatar las reivindicaciones de la clase ruralista”, afirman.
Además, para las organizaciones tal desvío está “en flagrante violación de los principios de la impersonalidad y finalidad, fundamentos de la administración pública de acuerdo con lo dispuesto en el art. 37 del texto constitucional”.
Violación de los derechos individuales y colectivos de los trabajadores
Los movimientos sociales justifican ese punto con base en una serie de declaraciones y medidas tomadas por Bolsonaro. Entre ellas, lo dicho por el presidente referente a la existencia de la Justicia del Trabajo: “¿Qué país del mundo que tiene (la Justicia del Trabajo)? Esta tiene que ser justicia común. Podríamos hacerlo, se está estudiando. Habiendo el clima, podemos discutir esa propuesta y hacer avanzar”. De la misma forma, citan la Medida Provisional nº 881, de abril de 2019, conocida como MP de la Libertad Económica, que creó mecanismos que, según los movimientos, “dificultan” la fiscalización y actuación fiscal.
Al mismo tiempo, afirman que medidas “ultraliberales” y “extremas” como las tales “además de profundizar demasiado la línea deconstructiva de derecho y de acceso a la Justicia, (...) trajeron un elemento nuevo y corrosivo para el equilibrio de las relaciones laborales y para el respeto al Derecho Constitucional del Trabajo: el vaciamiento y la implosión de instituciones responsables por la fiscalización de condiciones de trabajo y promoción del cumplimiento de los derechos sociales”.
Edición: Leandro Melito
