Chile es un país identificado como símbolo de éxito económico por muchos neoliberales en todo el mundo, especialmente en Brasil, y expuso aún más su crisis interna el 12 de mayo, cuando el Banco Central del país solicitó al Fondo Monetario Internacional (FMI) un préstamo de 23 mil millones de dólares.
El país ha estado experimentando problemas en su economía durante muchos años, y la revuelta social que comenzó en octubre de 2019 es un indicio de esta realidad, pero la decisión de solicitar ayuda financiera sólo se produce en medio de la pandemia de coronavirus y los problemas económicos adicionales que trae consigo.
Inicialmente, a través de comunicados de prensa, el gobierno neoliberal de Sebastián Piñera intentó denegar la solicitud de crédito al Fondo, pero el Banco Central terminó admitiendo la información, luego de que el propio organismo internacional la confirmara en su sitio web.
Sin embargo, a pesar de los profundos problemas económicos y sociales en el país, el Ministro de Hacienda, Ignacio Briones, declaró que esta no es una medida diseñada para resolver los problemas con el gasto público.
“Es importante hacer explícito y extremadamente claro que esto no es un préstamo para el gobierno chileno y, por lo tanto, no está destinado a financiar el gasto público”, admitió el funcionario, quien comparó la solicitud actual con la realizada hace años por las agencias financieras internas de países como Colombia, México y Polonia.
La explicación provocó la controversia sobre cuál sería, entonces, el destino de los recursos. Osvaldo Rosales, economista chileno y ex director de la División de Comercio Internacional e Integración de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), explica que esta es una medida para evitar un corte en la cadena de pagos de bancos y grandes empresas.
El analista considera que el préstamo es oportuno, pero también señala que existe una diferencia significativa entre las medidas de Chile para apoyar a los sectores más poderosos económicamente y los destinados a otros grupos, que son más vulnerables socialmente y que están aún más afectados por la pandemia.
Rosales también destaca el hecho de que el endeudamiento actual rompe con un paradigma vigente en Chile desde que se implementó el neoliberalismo en el país en la década de 1980.
“Endeudarse no es malo, el problema es que es sostenible en el tiempo y nosotros, como parte del Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, hemos emitido una declaración que muestra que cuando el gobierno dice que ha hecho todo lo posible y que no hay más espacio fiscal, decimos que esto no es cierto: el gobierno chileno tiene una forma de endeudarse, especialmente para ayudar a las personas que necesitarán apoyo financiero del Estado para poder enfrentar la cuarentena ”, explica el economista.
Ayudando a las familias
También en los últimos días, el Congreso chileno aprobó la ayuda financiera para familias. El gobierno neoliberal de Piñera tiene la intención de entregar 65,000 pesos chilenos (alrededor de US $ 78) a personas pobres y de clase media solo en junio. En julio y agosto, esta cifra se reducirá, aunque los analistas señalan que las personas tendrán más necesidades a lo largo de los meses.
Hasta la fecha, el estado ha anunciado un gasto total para las familias de solo US $ 830 millones, mucho menos que los recursos solicitados para salvar a las empresas.
El economista Osvaldo Rosales cuestiona esta política. Según él, el gobierno puede gastar hasta $ 15 mil millones de dólares para ofrecer ayuda más sólida a las familias chilenas durante el invierno. “Calculamos que es posible financiar, durante cuatro meses, un ingreso familiar para mantener a las personas fuera de la línea de pobreza. Lo que el gobierno ofreció es un valor muy marginal”, señala.
“[También es] insuficiente en la cobertura, porque también hay muchos que no tendrán acceso a este beneficio”, agrega Rosales.
Ayuda insuficiente
El valor y el alcance de la asistencia ofrecida ha generado descontento entre la población y ha dificultado permanecer en cuarentena. El lunes (18), cientos de personas del municipio de El Bosque, en la Región Metropolitana de Santiago, hicieron una gran manifestación, con barricadas y ollas, quejándose de la falta de alimentos y recursos financieros para las familias que intentan permanecer aisladas.
La protesta fue dispersada, después de unas horas, por una fuerte respuesta represiva de los Carabineros (policía militarizada chilena).
La oposición política también ha criticado la insuficiencia de la ayuda y la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades impuestas por la pandemia. El ex ministro de Finanzas, Rodrigo Valdés, que sirvió en el segundo mandato de la presidenta socialista Michelle Bachelet, pidió agilidad en las respuestas dadas las proyecciones de empeoramiento de la situación, con el aumento en el número de contagios y muertes en el país.
“Utilizo la comparación del automóvil, con los cambios, y es el momento de activar el segundo (engranaje). El paso central ahora es este: tomar medidas más audaces y mostrar una mayor participación en el problema de grandes proporciones que enfrentamos, para poder calmar a la gente”, comentó Valdés.
Mientras tanto, el país enfrenta un aumento explosivo del desempleo. Más de un millón y medio de personas sin trabajo. Todo indica que la llamada Ley de Protección del Empleo sirvió para permitir a las empresas despedir trabajadores sin tener que justificarlo o suspender temporalmente los contratos. La cifra oficial muestra que el desempleo en mayo alcanzó el 9% de los chilenos, pero se espera que las cifras para los próximos meses superen los dos dígitos.
El estigma del FMI
En las décadas de 1970 y 1980, el FMI otorgó préstamos controvertidos a países como Chile, Uruguay y Argentina, poco después de los golpes de estado en esos países. Como resultado, recurrir al FMI ha tenido un fuerte estigma.
En el caso chileno, el estigma vino del apoyo del órgano a las políticas neoliberales impuestas con autoridad en la dictadura de Augusto Pinochet. El país experimentó una ola de privatizaciones, con la desnacionalización de grandes empresas públicas que pasaron a manos privadas, especialmente las mineras vinculadas a la extracción de cobre, la principal materia prima de exportación del país. La ayuda financiera del FMI a la dictadura de Pinochet fue un rescate después de una fuerte caída del 14% del PIB, que condujo a una pobreza del 45% en el país.
Sin embargo, el mito del éxito económico de la dictadura no ha resistido el paso de los años, como ya se había visto en la revuelta social que comenzó en octubre de 2019, y cómo ahora se ha reforzado debido a la pandemia. Piñera, quien hace meses habló de Chile como un oasis en América Latina, ve su historia desmoronándose como otro espejismo.
A raíz de las críticas a los dogmas del neoliberalismo y la defensa de la solidaridad como nuevo paradigma, muchos expertos económicos han criticado a los responsables de las medidas para contener al gobierno de Sebastián Piñera. Los economistas rechazan la narrativa de que la política fiscal del país está en el límite, entendiendo que cuando se trata de ayudar a los ciudadanos en situaciones críticas, es posible recurrir a políticas más atrevidas para mejorar la gestión, y que la pandemia de covid-19 es una de esos momentos que exigen un mayor esfuerzo fiscal por parte de un gobierno.
El Foro para el Desarrollo Justo y Sostenible, del cual Osvaldo Rosales forma parte, enumeró algunos datos que indican que Chile tiene la capacidad suficiente para aumentar fuertemente su gasto interno para combatir la pandemia:
1) Como porcentaje del Producto Interno Bruto (PIB), los programas de emergencia que propuso el gobierno son mucho más bajos que en la mayoría de los países europeos, Estados Unidos e incluso países vecinos, como Perú;
2) La deuda pública chilena se encuentra en los niveles más bajos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y en toda América Latina;
3) El gobierno acaba de colocar bonos en el extranjero por 2 mil millones de dólares a tasas muy bajas;
4) Chile tiene fondos soberanos por un valor de 22 mil millones de dólares.
* Nota escrita en colaboración con Paola Cornejo, desde Santiago
Edición: Luiza Mançano
