Há 20 años, la Iyalorixá* Gildásia dos Santos e Santos, conocida como Mãe Gilda de Ogum, falleció como consecuencia de un ataque motivado por intolerancia religiosa. El atentado tuvo como objetivo el terreiro** de Candomblé, Ilê Axé Abassá de Ogum, ubicado en las inmediaciones de la Lagoa do Abaeté, barrio de Itapuã, en la ciudad de Salvador, estado de Bahía.
El templo fue invadido y depredado por fundamentalistas de la Iglesia Universal del Reino de Dios, que agredieron al marido de Mãe Gilda violentamente. Dos meses después, un periódico de la misma iglesia publicó una foto de la Iyalorixá, con una raya en el rostro y el titular: "Macumberos charlatanes lesionan la vida y el bolsillo de clientes". Al ver la publicación, la anciana de 65 años tuvo un ataque cardíaco fulminante y falleció el 21 de enero.
En homenaje a la Iyalorixá, esa fecha fue declarada como Día Nacional de Combate a la Intolerancia Religiosa, en 2007, por el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Más de una década después del gesto, los ataques que afectaron a Mãe Gilda todavía forman parte de la realidad de los practicantes de las religiones de matriz africana.
Sólo en el primer semestre de 2019, hubo un aumento de 56% en el número de denuncias de intolerancia religiosa en comparación al mismo período del año anterior. La mayor parte de los relatos fue hecha por practicantes de creencias como la Umbanda y el Candomblé.
Los casos son registrados vía Disque 100 [Marque 100], número de teléfono del gobierno creado en 2011, que funciona 24 horas al día para recibir denuncias de violaciones de derechos humanos. Entre 2015 y el primer semestre de 2019, fueron 2.722 casos de intolerancia religiosa – una media de 50 por mes.
Jamila Prata en su terreiro, Ilê Omo Aiyê, en São Luis do Paraitinga, interior del estado de São Paulo (Foto: Arquivo Pessoal)
Los números pueden ser aún más significativos, ya que en muchos casos las víctimas no realizan la denuncia, por miedo de que la violencia se repita o de que el Estado no preste el apoyo necesario. La profesora de Geografía, Jamila Prata, de 31 años, sufrió un ataque verbal cuando pasaba por una iglesia evangélica en una calle en la Vila Sonia, en la capital paulista, cuando iba a la panadería. Candomblecista, ella acababa de pasar por el proceso de iniciación en esa religión, que se caracteriza por el resguardo, ropas blancas y pañuelo blanco cubriendo la cabeza.
“Yo compré pan y, al regreso, cuando me iba acercando, todavía en la otra acera, vi que había más gente en la puerta de la Iglesia y vi que decían todos juntos frases como: 'Señor, protégenos del demonio'. Estaban volviéndose hacia mi y algunas personas gritaban: 'Quémala, quémala, Señor", relata Jamila.
El caso sucedió en 2017, pero la marca de la agresión todavía está presente en la memoria de la profesora, que no consiguió hacer la queja formal.
“Me hirió bastante, me dolió, porque estaba en un momento muy bonito, de mucha paz y plenitud y fue una violencia. Me sentí muy impotente. Pensé en hacer la queja, pero no tenía pruebas, ni nadie en la calle. Y tampoco quería, en aquel momento, entrar en una comisaría. Recordarlo todavía me pone triste”, cuenta.
Con la intención de investigar los casos y dar asistencia psicológica y jurídica a las casas y practicantes de las religiones de matriz africana, nació, el año pasado, el Instituto de Defensa de los Derechos de las Religiones de Matriz Africana (IDAFRO).
Entre abogados, contadores, sociólogos, sacerdotes y sacerdotisas, la organización reúne militantes que ya estaban articulados en un colectivo de la sociedad civil en acciones contra la intolerancia religiosa.
La Iyalorixá Luciana de Oya, líder religiosa de Ilê Oba Axé Obodó, ubicado en el Jardim Mata Virgem, en São Paulo, es una de las integrantes del grupo y habla sobre el apoyo prestado por la organización, inclusive en casos de abordaje policial.
"Oímos decir que la policía llegó, que la policía entró en el terreiro. Entonces, esas personas son orientadas a partir de actividades de IDAFRO. ¿Cómo comportarse ante una intervención policial? ¿La policía puede o no puede entrar? Entre otros detalles”, afirma.
Luciana recuerda que la Constitución garantiza los derechos de todas las religiones y, para combatir la intolerancia religiosa, la comunidad necesita tener conocimiento sobre la legislación.
“Hay esa demanda de como hago para defenderme, porque la intolerancia religiosa exige que todo el tiempo tengamos instrumentos para poder defendernos. Hay una legislación que norma eso y las casas, la mayoría de las veces, no lo saben. Y esa una de las formas que encontramos para lidiar con la intolerancia religiosa, porque el otro necesita saber que si el tiene derechos, las religiones de matriz africana también tienen derechos”, señala.
Luciana de Oya, mãe de santo hace 10 años, habla sobre la lucha contra la intolerancia religiosa contra las religiones de matriz africana (Foto: Archivo personal)
Avances
A pesar del aumento en el número de casos el año pasado, la Iyalorixá cree que el período representó conquistas, no sólo por la creación de la organización, sino también por el marco histórico de la representación de los pueblos de terreiro en el Supremo Tribunal Federal (STF), que, en votación unánime, garantizó la libertad de creencia y el sacrificio de animales por motivos religiosos.
"En este momento en que usted está con el poder de la iglesia, que usted tiene un presidente que hace declaraciones intolerantes, ganar esa acción por unanimidad es mirar y decir que esa institución está considerando los derechos, no la religión, porque estábamos hablando del derecho constitucional al sacrificio”, indica.
Además del avance en la garantía de derechos, ella resalta que hubo una reacción directa en la valorización de la población de matriz africana. “Eso reverberó en Brasil y fue extremamente importante, inclusive del punto de vista de la autoestima. Hace siglos que somos masacrados, hostilizados. Eso rescató la autoestima de todo un pueblo, que la única cosa que quiere es tener el derecho de cultivar sus creencias, sus orixás”.
Gobierno federal
De acuerdo con la revista Veja, la ministra de la Mujer, Familia y Derechos Humanos, Damares Alves, y el ministro de Educación, Abraham Weintraub, actúan juntos para incluir una disciplina sobre tolerancia religiosa en el currículo de las escuelas. Damares confirmó la información en una publicación en Instagram, pero no dio más detalles sobre el tema.
Mientras tanto, para la Iyalorixá Luciana de Oya, el gobierno federal debería concentrarse en la aplicación de las leyes que ya que existen. “No necesitamos inventar nada. Tenemos una Ley que es la 10.639, que tiene 14 o 15 años y que no fue efectivizada en las escuelas. Son pocas las escuelas en las que se utiliza aquella ley, debido a la intolerancia religiosa”, indica.
La afirmación de la líder religiosa viene de su experiencia como gestora del Polo Cultural Lar Maria Sininha, donde actúa con educación y derechos de niños y adolescentes. "Hay un dato que las escuelas, en su cuerpo directivo, están tomadas por personas evangélicas. Por ejemplo, yo tengo un sobrino cuya madre viene a quejarse, porque en la guardería, antes de comer, el tenía que leer la Biblia y la madre es de una religión de matriz africana", cuenta.
Luciana relata además casos de estudiantes que sufren persecución religiosa por parte de la escuela y resalta la importancia de un trabajo más efectivo y estructural de combate al problema.
“Una cosa que es diaria, estar atento. Yo no consigo entender cómo la ministra piensa en reglamentar eso si no tiene un trabajo anterior. ¿Cómo vamos a discutir eso en la Dirección de Educación? ¿Cómo vamos a discutir eso en el ministerio? Porque ya existe una ley que no se efectiviza”, denuncia.
* sacerdotisa de un terreiro, sea de candomblé, umbanda o quimbanda.
** lugar donde se realizan los cultos y las ofrendas a los orixas en las religiones de matriz afrobrasileña
Edición: Vivian Fernandes y Nara Lacerda | Traducción: Pilar Troya
