Artículo |Venezuela: bloqueo económico como arma de guerra y crimen de lesa humanidad

Desde diciembre del año 2014, Venezuela es víctima de un conjunto de medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los EE.UU que han derivado en un bloqueo económico severo, afectando directamente el funcionamiento social y económico del país, la capacidad del Estado venezolano para realizar importaciones sensibles de medicamentos, el uso de la banca internacional para operaciones comerciales diversas, y más recientemente, ha afectado control efectivo de la República Bolivariana sobre sus activos energéticos y financieros en el extranjero. 
Dichas acciones persiguen el socavamiento de la sociedad venezolana y el debilitamiento de la soberanía del país, en el marco de una estrategia de cambio de régimen que busca desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro, electo por más de 6 millones de votos el pasado 20 de mayo de 2018. 
Un informe presentado por Alfred-Maurice de Zayas, experto independiente de las Naciones Unidas (ONU) para la promoción de un orden internacional democrático y equitativo, en el marco de la 39 sesión del Consejo de Derechos Humanos en Ginebra, Suiza, en el mes de septiembre de 2018, determinó que estas medidas punitivas "además de obstruir el acceso al financiamiento externo y los pagos internacionales, han afectado el funcionamiento normal del aparato productivo nacional, creando una reducción de la oferta de bienes y servicios locales".
El experto independiente específico también que los "efectos de las “sanciones” de Obama y Trump, como las medidas unilaterales por parte de Canadá y la Unión Europea, han agravado directa e indirectamente la escasez de medicamentos como la insulina y los antirretrovirales, lo que ha ocasionado demoras en su distribución y ocasionado agravantes en numerosos casos de muerte”, lo que implica a juicio de Zayas, la consumación de “crímenes de lesa humanidad” a la luz del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. 
Usualmente se cataloga el bloqueo económico como un arma de guerra a la luz del derecho internacional y los derechos humanos, no sólo por los terribles daños ocasionados por esta estrategia en naciones como Irak, Cuba o Libia, sino también por el uso generalizado del gobierno de los EE.UU contra países independientes y soberanos luego de finalizada la guerra fría. 
Como reconoce en un informe especial el think thank más sobresaliente del partido de la guerra en Washington, el famoso Consejo de Relaciones Exteriores (CFR), reconoce que “Las sanciones proporcionan una alternativa visible y menos costosa a la intervención militar”. 
CFR también afirma que “Las sanciones, predominantemente económicas pero también políticas y militares (…) En cualquiera de estas áreas, el propósito táctico de una sanción determinada puede ser disuadir, forzar, señalar y / o castigar”.
El gobierno de los EE.UU. ha aplicado sanciones punitivas entre las que destacan el embargo de sus exportaciones petroleras, el 95% de los ingresos de la nación, la confiscación ilegal de sus reservas de oro en el Banco de Inglaterra y la prohibición del uso de cuentas bancarias para importar medicamentos y ejecutar sus programas de protección social masiva.  
Este bombardeo de medidas, aplicadas sobre las fuentes de ingreso del país, claramente apunta al desmantelamiento forzado del modelo político-social venezolano, inaugurado con la Constitución de 1999 y el triunfo presidencial de Hugo Chávez, que está enfocado en la distribución equitativa del ingreso del país para mejorar la vida de la población y atender sus necesidades.
Un modelo que ha sido referencia de la región y que hasta hace pocos años recibió el reconocimiento de distintas agencias de la ONU por su éxito comprobado en las mejores de la población en materia social, la reducción a cero del analfabetismo, el aumento del consumo de proteínas y del acceso a la educación y a la salud gratuita. Dichos avances describen a su vez el corazón del modelo político venezolano: la democracia participativa y protagónica, enmarcada en la Constitución nacional, que de manera inédita cambio la cultura democrática del país, basada en las mayorías que estuvieron siempre silenciadas y excluidas. 
Bajo estos supuestos podemos concluir que el bloqueo económico estadounidense contra Venezuela, implica: 

• La aplicación de un arma de guerra que persigue los mismos objetivos que una intervención militar punitiva, pero sin llegar a ella. 
• Un conjunto de acciones ilegales, aplicadas extraterritorialmente, que violan el derecho a la paz y a la autodeterminación de cualquier Estado miembro según indica la Carta fundacional de Naciones Unidas. Es una violación al derecho internacional y un uso no autorizado de la fuerza. 
• La consumación de crímenes de lesa humanidad con graves afectaciones en el disfrute de los derechos humanos y económicos de la sociedad venezolana. 
• El deterioro sistemático de la población venezolana en el acceso al sistema de salud como parte esencial del modelo de protección social de Venezuela.
• La confiscación ilegal de activos físicos y financieros de la República por miles de millones de dólares, en el marco de una estrategia de socavamiento de la soberanía nacional y de saqueo progresivo. 
• La reducción de los ingresos del país por exportación petrolera para atender las necesidades de la población venezolana. 

Instrumentalización de las medidas coercitivas unilaterales: una cronología

En un resumen informativo del Departamento de Estado, el gobierno de los EE.UU reconoce que ha tomado 150 medidas coercitivas unilaterales contra Venezuela, al menos, desde 2017. 
Estas acciones consisten en una ofensiva que combina Órdenes Ejecutivas (OE) y designaciones de la lista OFA. Contrario a otros ejemplos de estudio, en el caso venezolano sido la rama ejecutiva del ejecutivo estadounidense la responsable directa de la aplicación del bloqueo económico, basado en una lógica incremental que busca precipitar el sufrimiento económico y social de la población como un arma efectiva para el cambio de régimen. 
Las Órdenes Ejecutivas apuntan de manera general a las instituciones del Estado venezolano encargadas de las finanzas del país, de las actividades de comercio internacional de diversa índole, y con especial dureza, contra el punto de gravitación de la economía venezolana: la empresa Petróleos de Venezuela (PDVSA). 
En consecuencia, se ha visto impactado notablemente la relación de Venezuela con la banca privada, los mercados de deuda y otras instituciones financieras internacionales, las cuales han formado parte sustancial de la agenda de cerco y asfixia que conduce el partido de la guerra en Washington. 

Diciembre 2014. El Congreso de EE.UU aprueba la Ley 113-278: “Ley Pública de Defensa de los Derechos Humanos y la Sociedad Civil en Venezuela” mediante la cual se establece la hoja de ruta para las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU y los países que operan bajo su esfera de influencia. Adicionalmente, la Ley 113-278 establece expresamente “sanciones” al Banco Central de Venezuela, máxima autoridad en materia de política monetaria del Estado y a Petróleos de Venezuela S. A. (PDVSA), principal empresa del Estado que tiene el monopolio de la explotación de todos los hidrocarburos de la Nación y genera más del 90% de los ingresos en moneda extranjera del país. Esta ley contempla la posibilidad de aplicar medidas unilaterales de bloqueo y congelamiento a activos, fondos, bienes y propiedades venezolanas; la suspensión de ingreso, revocación de la visa u otra documentación a funcionarias y funcionarios que ejerzan cargos públicos, oficiales militares y representantes diplomáticos. Se trata de medidas dirigidas crear las condiciones de un embargo económico, financiero y comercial sobre Venezuela, así como para dificultar la participación de las y los representantes del Estado en las relaciones internacionales.

O.E N°. 13692 (8 de marzo de 2015): Elevando la ley 113-278 a Orden Ejecutiva, con el “Decreto Obama” Venezuela fue designada como una “amenaza inusual y extraordinaria para la seguridad nacional de EE.UU”. Al momento de su aplicación Thomas Sparrow, corresponsal de la BBC en Washington, afirmó: "Cuando el presidente firma una orden ejecutiva en la que declara que hay un estado de emergencia, obtiene ciertos poderes excepcionales que le permiten, por ejemplo, imponer “sanciones” o congelar ciertos bienes". A partir de ese momento, la rama ejecutiva estadounidense se dotaría de un poder excepcional para llevar a cabo un conjunto de medidas coercitivas unilaterales para intervenir en los asuntos internos de Venezuela. 

Marzo 2016. El gobierno de los EE.UU. renueva por un año la Orden Ejecutiva 13692.

Mayo 2016. Por presiones del Departamento del Tesoro de EE.UU, el banco Commerzbank (Alemania) cierra unilateralmente las cuentas varias instituciones, bancos públicos venezolanos y Petróleos de Venezuela SA (PDVSA), obstruyendo su capacidad financiera y actividades fines. 

Julio 2016. Por las mismas razones, el banco estadounidense Citibank cesa unilateralmente el servicio de cuentas de corresponsalía en moneda extranjera de instituciones venezolanas en EE.UU, entre ellas las del Banco Central de Venezuela (BCV). Las calificadoras de riesgo colocan a Venezuela con el riesgo financiero más alto del mundo (2640 puntos), muy por encima de países en guerra, a pesar de haber cumplido con sus compromisos de deuda externa. Desde el año 2013 Venezuela pagó 63.566 millones de dólares, sin embargo, este índice incrementó 202% durante el mismo período, pasando de 768 en 2012 a 2323 en 2016.

Agosto 2016. Novo Banco (Portugal) informa la imposibilidad de realizar operaciones de dólares con bancos venezolanos, por presiones ejercidas por bancos corresponsales de esta institución.

Septiembre 2016. El gobierno de Venezuela realiza una oferta para canjear 7 mil 100 millones de dólares en bonos de PDVSA con el fin de aliviar el cronograma de amortización y refinanciar parcialmente sus obligaciones. Las tres grandes calificadoras de riesgo estadounidenses atemorizan a los inversionistas con declarar default (impago) si acceden a la propuesta venezolana.

Noviembre 2016. El banco JP Morgan emite una falsa alerta de default sobre un supuesto impago de deuda de PDVSA de 404 millones de dólares.

Diciembre 2016. La empresa Crane Currency, proveedora de billetes del Departamento del Tesoro y contratada por el Estado venezolano para imprimir las piezas del cono monetario, retarda el envío de los nuevos billetes.

Julio 2017. La empresa Delaware Trust, agente de pago de los bonos de PDVSA, informa que su banco corresponsal (PNC Bank) en EE.UU se niega a recibir fondos provenientes de la petrolera venezolana. El banco Citibank (EE.UU) se niega a recibir fondos venezolanos para la importación de 300 mil dosis de insulina. 

Agosto 2017. El banco suizo Credit Suisse prohíbe a sus clientes realizar operaciones financieras con Venezuela.

O.E N°. 13808 (24 de agosto de 2017): Se prohíben todas las transacciones orientadas a conseguir financiamiento para la República, prohíbe la compra directa o indirecta de valores procedentes del gobierno de Venezuela, esto incluye bonos, préstamos, extensiones de crédito, garantías de préstamos, cartas de crédito, borradores, aceptaciones de banqueros, facturas o notas de descuento, y papeles comerciales. Con esta medida se oficializó el bloqueo estadounidense, otorgándole carácter legal al boicot financiero y la política de aislamiento de la banca privada. 

Agosto 2017. El banco Bank Of China (BOC – Panamá), informa que debido a instrucciones del Departamento del Tesoro de EE.UU y a presiones del gobierno panameño, no podrá realizar ninguna operación en divisas a favor de Venezuela. 

Agosto 2017. Bancos rusos informan la imposibilidad de hacer transacciones a bancos venezolanos, por la restricción impuestas por bancos corresponsales en EE.UU y Europa, a operaciones de Venezuela. 

Agosto 2017. El corresponsal del banco BDC Shandong, alegando razones administrativas, paraliza una transacción por 200millones de dólares hacia Venezuela a pesar de que los fondos habían sido girados por la República Popular China.

Octubre 2017. El bloqueo financiero de EE.UU imposibilita a Venezuela depositar en el banco suizo UBS recursos para vacunas y medicamentos adquiridos a través del Fondo Rotatorio y Estratégico de la Organización Panamericana de la Salud, lo que generó un retraso de cuatro meses en la adquisición de vacunas, alterando los esquemas de vacunación en el país.

Noviembre 2017. El Banco Deutsche Bank principal corresponsal de Banco Central de Venezuela (BCV), cierra definitivamente las cuentas de corresponsalía a esta institución, poniendo en peligro el flujo de las operaciones de la República.

Noviembre de 2017. Un total de 23 operaciones financieras de Venezuela, destinadas a la compra de alimentos, insumos básicos y medicamentos por 39 millones de dólares, son devueltas por bancos internacionales. • Noviembre 2017. La calificadora de riesgo Standard and Poor’s declara a Venezuela en “default selectivo” manipulando técnicamente un proceso de pago que no había sido registrado a tiempo. 

Noviembre 2017. La gestora de bonos estadounidense Wilmington Trust acusa a la empresa eléctrica estatal Corpoelec de no cancelar intereses de deuda por el orden de los 27 millones de dólares, justo cuando el país vive un bloqueo total a los medios de pago en el sistema financiero estadounidense.

Diciembre 2017. Son bloqueados pagos venezolanos del servicio de cabotaje para el transporte de combustible, lo que origina escasez de este producto en varios estados. Un total de 19 cuentas bancarias de Venezuela en el extranjero son cerradas arbitrariamente por bancos estadounidenses, impidiendo los pagos a los acreedores. Son retenidos en el extranjero 471 mil cauchos para vehículos comprados en el exterior cuyos pagos fueron realizados.

Diciembre 2017. Son devueltas operaciones desde bancos en Europa por $29,7 millones hacia diferentes proveedores, cuyo destino el pago de alimentos a través del programa alimentario CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción). Retraso de procesamiento de pagos. El banco estadounidense JP Morgan retrasó aceptar recursos por el orden de $28,1 millones que tenían como destino el pago de buques de alimentos para el abastecimiento alimentario de la población venezolana.

Enero 2018. 11 bonos de deuda venezolana y de PDVSA, por un valor de 1.241 millones de dólares, no pudieron ser cancelados a sus acreedores por el obstáculo de las “sanciones”. 

Febrero 2018. El Departamento del Tesoro de EE.UU, amplía las “sanciones” financieras a Venezuela y empresas venezolanas establecidas en la Orden Ejecutiva 13808 de agosto de 2017. Impide la renegociación o reestructuración de deuda venezolana y de PDVSA, emitida con anterioridad al 25 de agosto de 2017.

Marzo 2018. La Administración Trump renueva por un año la orden ejecutiva 13692, también la orden ejecutiva 13808 e impone 6 nuevas medidas coercitivas que atentan contra la criptomoneda el Petro, lanzada por el gobierno de Venezuela para equilibrar la economía venezolana. , al prohibir la reestructuración de la deuda e impide la repatriación de los dividendos de Citgo Petroleum, empresa del Estado venezolano. También dicta la O.E N°.13827 que prohíbe a cualquier ciudadano o institución efectuar transacciones financieras con la criptomoneda venezolana “Petro”.

Abril 2018. Canciller de Perú, en el marco de la Cumbre de las Américas, y a nombre del Grupo de Lima, anuncia que han decidido crear un grupo de seguimiento para estudiar medidas políticas y económicas contra Venezuela. En la misma Cumbre, EE.UU y Colombia acuerdan acelerar mecanismos para perseguir las transacciones financieras de Venezuela y obstaculizar las líneas de suministro de productos básicos que requiere el país.

O.E N°. 13835 (21 de mayo 2018): En represalia por la elección presidencial para el período 2019-2025, en la que votaron más de 9 millones de ciudadanos y Nicolás Maduro gana con el 67% de los votos, EE.UU emite esta orden que amplía el bloqueo económico contra Venezuela y mediante la cual prohíbe la compra de deuda y cuentas por pagar de empresas del gobierno de Venezuela. EE.UU sanciona a 20 empresas de Venezuela por supuestos lazos con el narcotráfico. A partir de allí, se prohíben toda clase de transacciones y operaciones relacionadas con: venta, transferencia, cesión, u otorgamiento como garantía por parte del gobierno de Venezuela de cualquier participación en el capital de cualquier entidad en la cual el gobierno de Venezuela tenga el cincuenta por ciento (50%) o más de propiedad, ubicada en EE.UU. 

Mayo 2018. Bloquean el pago de 9 millones de dólares destinados a la adquisición de insumos para diálisis, para el tratamiento de 15 mil pacientes de hemodiálisis. El gobierno colombiano bloquea el envío a Venezuela de 400 mil kilos de alimentos del programa de subsidio alimentario de los Comités Locales de Abastecimiento y producción CLAP.

Agosto 2018. El gobierno de Brasil dejó constancia del incumplimiento 40 millones de dólares que adeuda a la Corporación Eléctrica de Venezuela por suministro de energía al estado de Roraima. El canciller de Brasil, Aloysio Nunes, declaró que la deuda eléctrica “no ha sido cancelada por el bloqueo económico y financiero impuesto por EE.UU y la Unión Europea contra Venezuela”.

Noviembre 2018. Mediante una nueva medida coercitiva, la Administración Trump prohíbe a los ciudadanos estadounidenses comerciar con oro exportado desde el país sudamericano.

Enero 2019. La Administración Trump aprueba nuevas “sanciones” contra Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) que incluye el congelamiento de 7.000 millones de dólares en activos de la empresa filial CITGO, en adición a una pérdida estimada de 11.000 millones de dólares de sus exportaciones durante los próximos años.

Enero 2019. En una aplicación extraterritorial e ilegal de estas medidas coercitivas, el Banco de Inglaterra anunció la confiscación ilegal de 1.359 millones de dólares de la República en oro depositados en dicha institución bancaria. 

O.E. N°. 13850 (Enero, Marzo y Abril 2019): Bloquea las operaciones de la empresa de producción y venta de oro MINERVEN (marzo 2019). También afecta directamente las operaciones de Bandes, y las instituciones sobre la cual conserva el 50% de propiedad, a saber: Banco Bandes Uruguay SA, Banco Bicentenario del Pueblo, de la Clase Obrera, Mujer y Comunas Banco Universal SA, Banco de Venezuela S.A. y Banco Prodem SA. En esta medida coercitiva se incluyen y bloquean las operaciones de PDVSA (28 de enero) y más de 30 buques petroleros de la compañía (5 y 12 de abril.).

Esta Orden Ejecutiva, en un orden acumulativo con enormes rasgos de agresividad, habilita y otorga “legalidad” a la confiscación de activos del país en el sistema financiero de Estados subordinados (Reino Unido, Alemania, Portugal, Japón, etc.)

Abril 2019. El Departamento del Tesoro bloquea las operaciones del Banco Central de Venezuela (BCV), específicamente sus cuentas en dólares en el extranjero y el desenvolvimiento de la institución del sistema financiero internacional. La medida apunta claramente a evitar que por la vía del BCV se destinen los fondos para la compra de medicinas y alimentos necesarios para la protección social de la población.  

Socavamiento de la institucionalidad venezolana: los ciclos del bloqueo y daños generados
Este conjunto de medidas de bloqueo económico han repercutido negativamente en las instituciones financieras venezolanas, en su principal industria (PDVSA) y en el acceso de las cuentas, fondos y activos soberanos del país, con los que el Estado venezolano atiende a la sociedad y sostiene los sistemas de protección social consagrados en la Constitución. 
El bloqueo económico estadounidense ha ocasionado pérdidas multimillonarias para la República, apuntando específicamente contra los fondos soberanos del país, la filial de su principal empresa nacional y las cuentas utilizadas para las actividades comerciales del país que tienen relación directa con el bienestar de la sociedad venezolana. Han apuntado directamente contra el corazón financiero de la economía venezolana.
A partir del 23 de enero, con un nuevo impulso para el cambio de régimen utilizando la figura de Juan Guaidó, quien fue impusto por Washington como un “presidente encargado” totalmente artificial, la agresividad del bloqueo económico ha aumentado notablemente. 
En entre 2014 y 2018, el ciclo de las medidas hostiles y de fuerza de los EE.UU contra Venezuela tuvo como parámetro de funcionamiento una lógica incremental de ataques contra el índice del Riesgo País, las transacciones del Estado venezolano a nivel financiero (bonos e instrumentos financieros) y económico (comercio de insumos médicos, alimentarios y energéticos para la industria petrolera), y por último, obstrucción recurrente y quirúrgica del sistema de pagos del país para aislarlo del comercio mundial. 
Con estas medidas intentaron, en el ciclo 2014-2018 inducir un default (o cesación de pagos) para quebrar la economía venezolana, mediante ataques selectivos al Riesgo País, a la deuda venezolana y a las emergentes “sanciones” que comenzaban a ahogar su sector petrolero y su acceso al sistema financiero internacional. 
Pero 2019 implica un nuevo ciclo del bloqueo. El gobierno de los EE.UU. decidió desconocer el voto popular de 6 millones de venezolanos que otorgó la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela a Nicolás Maduro, con el fin de imponer un mandato ilegal e inconstitucional en dominio de la Asamblea Nacional, manipulando el texto constitucional venezolano para instaurar un “gobierno paralelo”, que “autorice” vaciar al país de los recursos financieros y petroleros que lo sostienen.  
Coordinadamente con esta estrategia de golpe de Estado, las continuas órdenes ejecutivas se convertirían en un instrumento para confiscar ilegalmente, en una especie de redada policial global a nivel financiero, todos los activos (financieros y energéticos) del país, bajo la narrativa de que los cuantiosos recursos lo gestionaría el “nuevo gobierno”. Se trata de una persecución financiera y un saqueo abierto. 
Para dotar esta acción de fuerza militar bajo métodos no convencionales, en enero de 2019, la Casa Blanca emitió la O.E. N°. 13850 (con la que incluye a PDVSA en la lista OFAC), que autoriza un embargo ilegal contra la estatal petrolera, limitando el pago de sus exportaciones y la importación de diluyentes y otros aditivos. Al mismo tiempo que prohíbe que el sistema financiero estadounidense se involucre en negocios petroleros o auríferos con Venezuela, agudiza el aislamiento de la banca internacional que presta servicios financieros a la República para acometer sus actividades comerciales y financieras. 
En consecuencia, la maniobra de imponer un gobierno dictatorial en manos de Juan Guaidó, quien no ha sido refrendado por las elecciones para ejercer el cargo de presidente, ha tenido como resultado la aplicación de un castigo colectivo a la sociedad venezolana. 
Estas medidas coercitivas unilaterales, aplicadas extraterritorialmente mediante la posición de dominio de los EE.UU. sobre el sistema financiero internacional, traen en conjunto de consecuencias específicas para la población:

• PDVSA presenta dificultades para la importación de diluyentes y otros aditivos que le permitan seguir exportando su producción y así sostener el nivel de ingresos del país. La medida también repercute negativamente en el comercio doméstico de combustible, al privar al país de la importación de aditivos para el combustible y la mezcla del crudo extrapesado venezolano.
• El Estado venezolano no puede utilizar los dividendos de Citgo, calculados 11 mil millones de dólares tras el embargo de los EE.UU., obstruyendo la capacidad para la importación de medicinas y alimentos para la sociedad venezolana.  
• Estos fondos confiscados ilegalmente reposan en cuentas opacadas, administradas directamente por el gobierno de los EE.UU, apoderándose discrecionalmente y bajo medidas de arbitraje de miles de millones de dólares que le pertenecen a Venezuela. 
• El bloqueo de las cuentas utilizadas por la República para sus actividades comerciales, bajo la narrativa de que ahora están bajo administración de Guaidó, genera retardos y retenciones al momento de importar medicamentos sensibles para los pacientes venezolanos. 
• El bloqueo económico y la vigilancia extrema que sufren las transacciones venezolanas, ha desembocado en que las cajas CLAP, programa insignia del gobierno venezolano para garantizar el acceso a la alimentación de la población en tiempos de guerra, sea objeto de boicot para evitar su importación efectiva. 
• El gobierno venezolano presenta enorme dificultades para acceder al financiamiento internacional, reestructurar su deuda o realizar inversiones petroleras, con el objetivo de recibir recursos frescos que permita el desarrollo económico y social del país. 
• El 25 de abril fue revelado un informe realizado por la firma independiente denominada Centro de Investigación Política y Económica (CEPR por sus siglas en inglés), radicada en EEUU, donde establecen una radiografía del impacto sobre la población venezolana de las “sanciones” y medidas de asfixia económica que el gobierno estadounidense aplica sobre Venezuela. Este informe fue realizado por los economistas Mark Weisbrot y Jeffrey Sachs, ambos concluyen que la cifra estimada de muertes a raíz del bloqueo económico es cercana a la de 40 mil venezolanos. Señalan también que las medidas de la Administración Trump representan un “castigo”, siendo estas un factor que genera sufrimiento colectivo. Los investigadores, altamente reconocidos en la esfera intelectual estadounidense, afirman que si los EE.UU no hubiera tomado estas medidas, la situación económica venezolana no se habría visto afectada. 

Hasta la fecha la República Bolivariana de Venezuela no ha podido mantener cuentas en Dólares  Americanos y muchas veces tampoco en euros. La mayoría de los Bancos Corresponsales han cerrado las cuentas a las principales instituciones financieras nacionales, con miras a forzar una situación de aislamiento financiero con relación al sistema financiero internacional:

• Banco Central de Venezuela 
• Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela (Bandes)
• Fonden (Fondo de Desarrollo Nacional)
• Banco de Venezuela
• Banco Bicentenario
• PDVSA

Pérdidas financieras y daños económicos a la República

Las continuas órdenes ejecutivas del gobierno de los EE.UU, y las maniobras de cerco y asfixia que de allí derivan, han traído un conjunto de pérdidas, daños económicos significativos y confiscación ilegal de una enorme cantidad de recursos en la banca internacional. 

• Las pérdidas financieras producto de la caída en el valor de mercado de los títulos valores emitidos por Venezuela y la imposibilidad de movilizarlos, asciende a un mil 429 millones, 246 mil 836 euros. 
• El bloqueo económico ha elevado las dificultades para el arribo de buques con cargamentos de alimentos y materia prima necesaria para la producción en Venezuela. Aumentando los tiempos para procesar los fletes marítimos y las comisiones relacionadas. Las dificultades para la compra de alimentos, y los costos asociados que ha asumido la República para poder invertir en ese sector, ascienden a 309 millones 981 mil 426 dólares. 
• 11 mil millones en pérdidas en pérdidas por los dividendos congelados debido a la apropiación ilegal de la empresa petrolera y venezolana CITGO por parte de EE.UU. 
• 7 mil millones de dólares por la apropiación ilegal de los activos de CITGO. 
• Mil 359 millones de dólares equivalentes a los colaterales en oro retenidos por el Banco de Inglaterra
• 467 millones de dólares por el descenso del valor de los títulos valores en custodia en Euroclear, los cuales descendieron un 57%.
• 37 millones de dólares por trabas operativas, aumento de tarifas y sobrecostes que vienen imponiendo las navieras y los puertos internacionales en las cargas que tienen como destino a Venezuela. 
• 655 mil dólares por transferencias, consultas de pagos, enmiendas de las transferencias, entre costos operativos. Antes de la aplicación de las “sanciones” estadounidenses, las instrucciones de pago eran enviadas a través de los bancos corresponsales y eran ejecutadas en 48 horas. Ahora en promedio, un pago se hace efectivo entre 10 y 20 días continuos.
• 20 millones de dólares por el diferencial cambiario al verse obligada la República a adoptar otras divisas, distintas al dólar americano, para realizar las transacciones financieras y comerciales.
• 264 millones de dólares por pérdida del bono adquirido a través de Credit Suisse correspondiente a la deuda pública externa.
• 5 mil millones de dólares por bloqueo de fondos, depósitos, colaterales y otros activos financieros y líquidos de la República. 
• Banco de Inglaterra: mil 359 millones de dólares en colaterales de oro venezolano, que podrían ser utilizados para la compra de bienes básicos o el pago de compromisos de la República, están secuestrados en el Banco de Inglaterra. 
• 196 millones de euros depositados en Citibank también están secuestrados. 
• 453 millones de euros no pueden ser utilizados por el Estado venezolano debido a una confiscación ilegal del Banco de Londres.
• 238 millones de euros están en la misma situación debido al bloqueo del fondo de cobertura estadounidense, North Street Capital
• Mil 543 millones de euros reposan en el banco portugués Novo Banco, sin que puedan ser utilizados por la República para el pago de alimentos y medicinas. 
• 415 millones de euros más se encuentran confiscados por el banco japonés Sumitomo. 
• Se estima que las pérdidas totales por estas medidas coercitivas unilaterales asciende a 30 mil millones de dólares. 

Afectaciones a los derechos humanos

Para el año 2015, de acuerdo a la información publicada por uno de los centros universitarios de educación e investigación privada más reconocidos en EE.UU., los principales países de los cuales Venezuela importa bienes y servicios son: EE.UU. de Norte América ($8,07 miles de millones); China ($5,31 miles de millones); Brasil ($2,99 Miles de millones); Argentina ($1,37 Miles de millones); México ($1,22 Miles de millones); Canadá ($496 millones); Alemania ($534 millones); Italia ($472 millones); España ($381 millones); Reino Unido ($318 millones); Francia ($305 millones) y, Suiza ($264 millones)
Entre los principales productos y bienes importados por Venezuela desde EE.UU., se encuentran: medicamentos, instrumentos médicos, aparatos ortopédicos; maíz, trigo, harina de soya, productos refinados del petróleo, productos químicos, entre otros. En este sentido, se detalla lo siguiente: Para el año 2015, el monto de las importaciones de medicamentos empaquetados provenientes de EE.UU. fue de $77 millones; $54.5 millones por concepto de instrumentos médicos y/o quirúrgicos; también es importante recalcar que se importa desde EE.UU. material e insumos para equipos de rayos x ($25 millones aproximadamente). En cuanto a los alimentos, maíz ($93.5 millones); trigo ($90.7 millones); arroz ($56.4 millones); harina de soya ($224 millones). Para el mismo año, el 72% de los productos importados de Canadá es de trigo, lo que representaba $356 millones. 
El 50% de lo importado desde Suiza son medicamentos envasados, lo que representa $133 millones; 9.6% correspondiente a sangre humana o animal ($25.2 millones); así como medicamentos no envasados, antibióticos y reactivos de laboratorio: 1.8%, 1.3% y 1.2% respectivamente, totalizando aproximadamente $11 millones. 
Es importante resaltar que Venezuela importa la mayoría de los medicamentos que requiere para garantizar la vida y salud de sus habitantes. El 34% se compra a EE.UU., 7% a España y 5% a Italia. Solo de estos países que han aplicado medidas coercitivas unilaterales a Venezuela se importaba un total del 46% de las medicinas que necesita el Pueblo venezolano. Lo mismo ocurre con los alimentos, el 33% de las importaciones proviene de EE.UU. y 12% de Canadá. Esto es, el 45% de las importaciones de alimentos tenía como origen Estados que han mantenido una política de mayor confrontación y han aplicado la mayor cantidad de medidas unilaterales económicas contra Venezuela.
Como resulta evidente, el bloqueo económico, financiero y comercial impuesto por EE.UU. contra Venezuela genera un impacto de grandes dimensiones en la economía de nuestro país, en su desarrollo social y, sobre todo, en posibilidad del Estado de importar bienes de primera necesidad para la sociedad venezolana. 
Recordemos, además, que EE.UU. domina las rutas comerciales de las principales navieras, lo que le ha permitido dificultar la llegada de bienes esenciales para nuestra población, no solo aquellos que provienen de EE.UU., sino de cualquier otro país proveedor bajo su esfera de influencia. Si a ello se suma la prohibición para importar bienes y servicios directamente necesarios para las actividades económicas del país, entre ellos insumos industriales y servicios financieros, es indudable que las restricciones impuestas por EE.UU. tienen un impacto negativo directo sobre el disfrute y ejercicio pleno de los derechos humanos y, más aún, limitan sustancialmente la capacidad del Estado venezolano para cumplir con la obligación de garantizarlos y protegerlos.

Afectaciones en el sistema de salud venezolano: casos

El bloqueo a la compra de medicamentos ha sido otra de las variantes de las medidas coercitivas unilaterales del gobierno de los EE.UU. Estas no sólo implican la obstrucción de medicamentos sensibles para la población, sino también una retención de los fondos que el Estado venezolano destina para ello a través de proveedores.  

 

Se estima que las pérdidas totales por estas medidas coercitivas unilaterales asciende a 30 mil millones de dólares. 

Una orden de compra del Fonden por mil 171 millones de euros a un proveedor certificado para la importación de Albúmina Humana, Inmunoglobulina y otros hemoderivados, fue bloqueada. La acción afectó 5.859 personas que padecen hemofilia y síndrome Guillain-Barré. Los pagas fueron rechazados tres veces. 
Otra orden de compra del Fonden, esta vez por 781 mil 219 euros, para la compra de reactivos de sangre, sufrió la misma situación. Esta acción afecto a 2 millones 586 mil 106 pacientes y 123 mil más que necesitan transfusión de sangre. 
La compra desde Bandes de inmunoglobulina, por el orden de los 51 mil 529 euros, fue bloqueada para evitar que el pago llegara a los proveedores certificados. El pago fue rechazado cuatro veces, la última en febrero de este año, trayendo como consecuencia la afectación directa sobre más de 200 niños con síndrome de kawuasaki.
El 15 de enero de 2019 se realizó el desembolso a la OPS para la adquisición de las Vacunas. El pago se tramitó a través del Novo Banco. S.A. Lisbon. Portugal, para el Banco Do Brasil S.A. esta fue rechazada. El 07 de febrero se realizó nuevamente la transacción, en esta oportunidad retienen el dinero. Estas obstrucciones fueron a propósito de la compra de vacunas para la Meningitis, Rotavirus e Influenza por parte de Bandes y Fonden. Un total de 2 millones 109 mil euros fueron devueltos intentado llegar a la Organización Panamericana de la Salud, con el propósito de finiquitar la importación. Este bloqueo afecto la disponibilidad de vacunas para 2 millones 600 mil niños y niñas venezolanas. 
Esta vez, la importación de Antibióticos hospitalarios, Anestésicos y Antituberculosos, por un monto de 12 millones 345 mil euros, fue bloqueada. El 16 de febrero se realizó la compra a Factor Trading Tibbi Malzemeler Ticaret Anonim Sirketi para cancelar la factura Nº 19-030. El pago fue rechazado por el Banco Turkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasi A.S. El origen de esta compra y tenía como destino Turquía. La acción afectó la posibilidad de realizar 180 mil operaciones quirúrgicas y la compra de suficientes dosis para atender a una población de 823 mil personas. 
Para la reparación de equipos de hemodinamia del Cardiológico, con el objetivo de sostener los procedimientos de intervención vascular, se bloqueó un pago 197 mil 530 euros. El pago provenía de la Metor S.A hacia un proveedor certificado, recibió comunicación del Banco de Santander en España, manifestando que no pueden recibir el pago proveniente debido a las “sanciones” de la OFAC, en base a los avisos emitidos por la FinCEN, ambos oficinas del Departamento del Tesoro de los EE.UU. Esta medida pone en riesgo la vida de 500 niños que padecen de cardiopatía congénita. 
Los montos para la compra de medicamentos e insumos médicos a proveedores en el exterior supera los 16 millones de euros, esto aunado a otras retenciones realizadas por los EE.UU y algunos países de Europa. 

Halcones y funcionarios estadounidenses reconoce que es un crimen el bloqueo económico

Pese a que los funcionarios de EE.UU. insisten permanentemente que las “sanciones” están sólo dirigidas hacia el gobierno venezolano, y que por el contrario a lo que se indica en este documento, buscan un cambio de régimen violento en beneficio económico de la República Bolivariana de Venezuela. 
Algunas vocerías, sin embargo, han dejado evidencias precisas de los objetivos del bloqueo económico contra Venezuela, lo cual contrasta mucho con la justificación forzada de que las “sanciones” ayudan al país a mejorar su vida cotidiana.
Contrariamente a la lógica benévola y “humanitaria” que desean imprimirle, en realidad, los halcones que han tomado nuevamente el poder sobre las palancas de la política exterior del imperio, saben con exactitud que las medidas coercitivas unilaterales provocan sufrimiento, problemas económicos, afectaciones a los derechos humanos y el deterioro en todos los órdenes de la sociedad venezolana.  

En octubre del 2018, durante una entrevista exclusiva al medio VOA, el ex embajador estadounidense en Venezuela, William Brownfield, afirmó que la "mejor solución" para el país sería "acelerar" el colapso, aunque eso se tradujera en una mayor carga de sufrimiento durante meses o años para la población venezolana. A criterio de Brownfield, esto se haría realidad cortando el ingreso petrolero sancionando directamente a PDVSA, medida que la Administración Trump tomó en enero del presente año para apoyar la autoproclamación presidencial de Juan Guaidó. “Si vamos a sancionar a Pdvsa tendrá un impacto al pueblo entero, al ciudadano común y corriente de las comunidades de Venezuela”, declaró Brownfield al tiempo que agregó: “En este momento quizás la mejor solución sería acelerar el colapso, aunque produzca un periodo de sufrimiento mayor, por un periodo de meses o quizás años”.
En enero de 2018, un funcionario del Departamento de Estado en condición de anonimato, en medio de una videoconferencia con distintos periodistas internacionales, comentó: A una pregunta de la periodista María Molina, de Radio Colombia, sobre la efectividad de las “sanciones” contra Venezuela, respondió: "La campaña de presión está funcionando. Las “sanciones” financieras que hemos impuesto al gobierno venezolano lo han obligado a comenzar a caer en default, tanto en deuda soberana como de PDVSA, su compañía petrolera. Y lo que estamos viendo (...) es un colapso económico total en Venezuela. Entonces nuestra política funciona, nuestra estrategia funciona (…)". 
En entrevista exclusiva con la emisora de Miami Actualidad Radio, el enviado de Trump para Venezuela, el enviado de la Casa Blanca para Venezuela Elliott Abrams, se refirió al sabotaje eléctrico ocurrido en el mes de marzo y cómo la administración estadounidense buscaba redirigir el evento hacia una presión más elevada contra el país. Según reportó la periodista Anya Parampil, Abrams dijo: "Estamos presionando al régimen... y vamos a continuar con esto. Creo que las presiones aumentarán, la presión de los EE.UU. y la presión interna también. Especialmente esta semana, cuando no hay luz", expresando entre líneas que el gobierno de EE.UU tiene vinculación con lo ocurrido.
A los días de la autoproclamación de Juan Guaidó en una avenida del este capitalino, el gobierno de los EE.UU. decretó la confiscación ilegal de PDVSA y Citgo. "Continuaremos utilizando todas nuestras herramientas diplomáticas y económicas para apoyar al presidente interino Guaidó", afirmó Steven Mnuchin, secretario del Tesoro, indicando que el "camino del alivio de las sanciones" a PDVSA es a través de la "transferencia expedita del control" a ese diputado o a un gobierno subsecuente. Hizo evidente la posición de arbitraje y control de bienes soberanos venezolanos en suelo estadounidense, en violación abierta al derecho internacional y sin ninguna resolución de un ente que respalde mayoritariamente ese tipo de acciones.
Tratando de legitimar estas acciones, Departamento de Estado emitió el siguiente comunicado días después del saqueo a PDVSA: "El 25 de enero, el secretario de Estado Michael R. Pompeo certificó la autoridad del presidente interino Juan Guaidó para recibir y controlar ciertas propiedades en cuentas del gobierno de Venezuela o del Banco Central de Venezuela retenidas por el Banco de Reserva Federal de Nueva York o de otros bancos asegurados estadounidenses, de acuerdo con la Sección 25B de la Ley de Reserva Federal. Esta certificación ayudará al gobierno legítimo de Venezuela salvaguardar aquellos activos para el beneficio del pueblo venezolano”.
En una entrevista con Greta Van Susteren del medio Voice of America, en octubre de 2018, el secretario de Estado, Mike Pompeo, afirmó: “Hemos sido muy consistentes. Hemos instado al pueblo de Venezuela a restaurar la democracia en su propio país, y ha visto las sanciones que implementamos, no solo contra el país, que a veces tiene un impacto adverso en el pueblo de Venezuela, sino también contra el país”.

Fuentes utilizadas para este informe: 

Organización de DDHH venezolana, Sures 
-Equipo de investigación Misión Verdad
-Doctora en Ciencia Política por la Universidad Simón Bolívar (Venezuela). Magister en Políticas Públicas del Instituto de Estudios Avanzados, profesora Pascualina Curcio. 
-Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela

Edición: Misión Verdad