Un reportaje investigativo publicado en el diario brasileño Folha de São Paulo este jueves (18) por la tarde, denunció que empresas pagaron para difundir masivamente mensajes contra el Partido de los Trabajadores (PT) por WhatsApp. Según la nota, las empresas organizan una gran acción online para la semana que antecede la segunda vuelta de las elecciones, que tendrá lugar el 28 de octubre.
Seguidoras de Jair Bolsonaro, del Partido Social Liberal, las compañías utilizan bases de datos de usuarios vendidas por agencias digitales o recogidas por el equipo del candidato ultraderechista. La ley brasileña autoriza solamente el uso de la lista de seguidores del propio candidato, a través de contactos enviados de modo voluntario.
Para difundir centenas de millones de mensajes, cada uno de los contratos firmados alcanzan cerca de US$ 3,2 millones (R$ 12 millones). Entre las empresas que compraron los servicios está la tienda de departamentos Havan, que pertenece a Luciano Hang, un empresario brasileño acusado de obligar a sus funcionarios a votar por Bolsonaro. Estas acciones pueden ser consideradas ilegales si se comprueba el vínculo directo entre las instituciones privadas y el candidato ultraderechista, pues se configuraría como donaciones de empresas a campañas políticas.
Como explica João Meira, especialista en derecho político, los artículos 222 y 237 de la legislación electoral brasileña hablan sobre anulación de elecciones por métodos de campaña ilícitos y abuso de poder económico.
“Con la fuerza que tiene esa publicidad por Whatsapp y la fábrica de mentiras que se articuló, con publicidad que casi no se puede fiscalizar, si se comprueba un abuso de poder económico en 12 millones de reales de contrataciones ilegales, resultaría en un fraude que destroza el proceso electoral. Si se comprueba que Bolsonaro y su campaña están vinculados a las acciones de esos grupos de personas que realizaron actos ilícitos, aunque él sea electo, podrá perder el cargo y ser considerado inelegible por 8 años”.
Entre las agencias digitales identificadas por el reportaje del diario como responsables por la difusión masiva de mensajes falsos están Quickmobile, Yacows, Croc Services y SMS Market. Sin embargo, en la rendición de cuentas de Bolsonaro aparece solo la empresa AM4 Brasil Inteligencia Digital, que recibió cerca de US$ 31 mil por servicios digitales.
Los valores de los servicios varían entre R$ 0,08 a R$ 0,12 (US$0,02-0,03) por cada mensaje enviado para los contactos del candidato y entre R$ 0,30 a R$ 0,40 (US$ 0,08-0,11) por cada mensaje enviado a la base de datos de la agencia. Las agencias digitales ofrecen incluso segmentación por región geográfica y por clasificación de ingresos.
El candidato del Partido de los Trabajadores, Fernando Haddad, principal blanco de las noticias falsas en estas elecciones, afirmó que acudirá a la Justicia para enjuiciar a las empresas involucradas. Para él, el episodio muestra una vez más que Bolsonaro irrespeta la democracia.
“Nosotros vamos a solicitar que la Justicia Electoral y la Policía Federal tomen todas las providencias oportunas para que esos empresarios corruptos sean inmediatamente detenidos para impedir la difusión de esos mensajes por WhatsApp. Ya sabemos los nombres de los empresarios, de las empresas, los contratos, los valores pagados a través de caja B. Él [Bolsonaro], que huye de los debates, no va a poder huir de la Justicia”, afirmó Haddad en un video.
En una nota, el Partido de los Trabajadores afirma haber presentado una solicitud en la Policía Federal para que se investiguen “las prácticas criminales de Bolsonaro”.
“Se trata de una acción coordinada para incidir en la contienda electoral, que la Justicia no puede ignorar o quedar impune. Estamos tomando todas las providencias oportunas para que sea responsabilizado por sus crímenes, entre ellos, el uso de caja B, pues los gastos millonarios en la industria de mentiras no fueron declarados por su campaña”, afirma el texto.
“Los métodos criminales del diputado Jair Bolsonaro son intolerables en una democracia. Las instituciones brasileñas tienen el deber de actuar en defensa de la integridad en el proceso electoral. Las redes sociales no pueden asistir a una difusión de mentiras y ofensas, convirtiéndose en cómplices de la manipulación de miles de usuarios”, denuncia la nota del PT.
Brasil de Fato intentó contactar a la empresa Havan, pero esta no contestó hasta el cierre de este reportaje.
Edición: Nina Fideles | Traducción: Luiza Mançano
