Luego de más de cuatro años del proceso de paz entre el gobierno y las Farc-ep, y después de afrontar cientos de dificultades, ahora los colombianos nos encontramos a la expectativa de lo que será la implementación, esta constituye el principal reto, que cada punto pactado en La Habana nos iba imponiendo como país. Hoy, a más de un mes del día “D” (el cual comenzó a regir desde el 1 de diciembre) a muchos colombianos nos gustaría saber en qué va el proceso de implementación. Pues bien, aquí les comparto algunas apreciaciones.
El proceso de implementación tiene tres pilares fundamentales: cese bilateral y dejación de armas; ámbito normativo; materialización local de las instancias territoriales. El primer aspecto tiene como punto de partida la constitución de las Zonas Veredales Transitorias de Normalización (ZVTN) y los Puntos Transitorios de Normalización (PTN), estos dos mecanismos garantizarán la reincorporación de las Farc y la dejación de armas y aunque se tenía estipulado que para el 31 de diciembre de 2016 todas las estructuras del grupo insurgente llegaran a estas zonas, aun esta parte de la implementación se encuentra frenada debido a las demoras en la adecuación para permitir su total funcionamiento, el cual requiere de infraestructura adecuada que garantice la atención en salud, servicios básicos de acceso a agua potable y otros, recepción de los familiares, espacios de formación, etc.
La demora en la construcción y adecuación de las Zonas Veredales, además de retrasar la llegada de las Farc a las zonas, demora el proceso de reincorporación y demuestra la incapacidad del Estado colombiano de dar respuestas a los cambios que se requieren para implementar el acuerdo, ya que entre las razones que el gobierno da para explicar las demoras en las obras justifica, sin ruborizarse, que se debe al aislamiento de algunas zonas, la inexistencia de infraestructura mínima de alcantarillado, electricidad, vías, comunicaciones, y demás servicios básicos; problemáticas que reflejan el abandono estatal histórico en esas zonas, las cuales han determinado en gran medida el conflicto en nuestro país y si el estado colombiano no logra brindar medidas para resolverlas será muy difícil pasar la página de la guerra. Es urgente establecer las zonas veredales porque aparte de ayudar a la reincorporación de la insurgencia, les permitirá a las comunidades, que habitan cerca acceder a unas mínimas garantías de desarrollo, las básicas para que por lo menos estas sientan que lo que se decidió en La Habana es posible en Colombia.
Por otro lado, el segundo aspecto importante de la implementación se encuentra en el ámbito legislativo y normativo que con el fast track o la vía rápida se disminuyeron el número de debates y procedimientos ordinarios del congreso de la república para dar inicio a las reformas necesarias que garanticen lo acordado por las partes. Este aspecto está conformado por un paquete legislativo que contiene la ley de amnistía, Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), reforma para cumplir el acuerdo final, la transformación de las Farc en partido político, entre otros. De este paquete se aprobó la ley de amnistía y en estos momentos el congreso tiene pendiente la JEP, la cual fue aprobada en su primer debate. Sin embargo, este acto legislativo suscitó una serie de pronunciamientos como los de la fiscal de la Corte Penal Internacional, Fatou Bensouda, el Fiscal General de la Nación y algunos senadores, entre otros.
pronunciamientos se han hecho sobre la base de la importancia de tener en cuenta el articulo 28 del Estatuto de Roma que señala la responsabilidad de mando y ha advertido la Sra. Fatou Bensouda que esta se encuentra limitada ya que no se está teniendo en cuenta la integralidad de dicho artículo, además en el proyecto del acto legislativo propuesto en el primer debate se incluyeron aspectos que no hacen parte de lo acordado por las partes en el marco del Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y no Repetición (SIVJRNR) y se pretende unificar la JEP y la justicia para militares a pesar de que esta última no fue acordada en la Habana, es decir no se aprobó. Aparte de estas consideraciones, el fiscal Néstor Humberto Martínez realizo algunas observaciones sobre la extradición de los disidentes de las Farc y la participación de terceros en el conflicto, al terminar esta semana todas estas aristas serán discutidas por la Comisión de Implementación, quienes deberán proponer un nuevo documento. Ojalá que la nueva propuesta no menoscabe los derechos de las víctimas, las cuales, se supone, son el centro del acuerdo final para la terminación del conflicto.
Según todos estos ires y venires de la implementación, este proceso puede ser más difícil que el mismo proceso de paz, pues se requiere de voluntades políticas, sobre todo la del estado colombiano y gobierno de turno para llevar a cabo las reformas necesarias y pactadas en la habana, solo así se podrá garantizar el tercer pilar de la implementación; la ejecución local de las instancias territoriales que si bien se vienen realizando en primera medida con las ZVTN, aún faltan muchas medidas que se empezarán a activar con las demás políticas públicas, reformas, leyes, planes y mecanismos que por ahora le correponden al legislativo aprobar y que todos los colombianos esperamos que este a la altura y cumpla con su mandato en pro de ayudar a la realización de nuestro máximo derecho, el de la paz.
Mientras se realizan los trámites en el congreso para dotar de constitucionalidad el Acuerdo Final, los colombianos, que siempre hemos defendido y creído en la paz seguiremos haciendo seguimiento y veeduría para que se cumplan los mínimos necesarios que nos garantizarán la apertura hacia la paz, que sea esta la oportunidad de armarnos de herramientas de participación para construir una ciudadanía que no tema expresarse en pro del cumplimiento de las normas y leyes que le hacen bien a la mayoría de habitantes de este hermoso país.
Piedad Córdoba es defensora de los Derechos Humanos colombiana*
Edición: ---
