Después de la llegada de la reforma de la Seguridad Social al Congreso Nacional, la próxima amenaza que golpea la puerta de los trabajadores brasileños puede ser ingresada esta semana al Legislativo: la reforma laboral.
La agenda ya moviliza sindicatos de trabajadores, preocupados con el contexto de flexibilización de derechos. Pero, para ellos, el peligro no proyecta exactamente una novedad: según levantamiento del Departamento Intersindical de Asesoría Parlamentaria (Diap), se han ingresado mas de 60 propuestas que buscan limitar derechos laborales en el Legislativo federal.
Tales iniciativas legislativas, sumadas a lo que el gobierno federal intentar implantar, pueden resultar en: jornada de trabajo intermitente, con el trabajador quedando enteramente a disposición del patrono y recibiendo pago apenas por las horas trabajadas, cuando fuera reclutado; contratos temporales con validez de 180 días; despidos más baratos, con reducción de la multa del Fondo de Garantía del Tiempo de Servicio (FGTS); entre otros cambios.
Negociación
Una de las principales propuestas que encienden los ánimos entre gobierno y opositores es la que instituyó la soberanía de lo negociado sobre lo legislado. Eso significa que patronos y empleados quedarían libres para promover negociaciones por fuera de la legislación laboral. Para los críticos de la propuesta, la medida es peligrosa porque tiende a vaciar derechos históricos asegurados en la ley.
“Este es, sin duda, uno de los mayores riesgos actuales en Brasil. Nosotros tenemos ya mucha dificultad para hacer valer lo que está en la ley. No es secreto para nadie que muchas empresas y patronos burlan las reglas, y por eso hay un gran número de acciones laborales en la Justicia. Imagine como puede quedar esta situación si la referencia deja de ser la ley?”, cuestiona Graça Costa, secretaria de Relaciones de Trabajo de la Central Única de Trabajadores (CUT), que reúne casi 4 mil sindicatos.
Esta idea se vincula con otra propuesta de ley, que pretende extinguir la mediación sindical en los procesos de negociación. En la evaluación de las entidades y centrales sindicales, la iniciativa buscaría un debilitamiento de la función institucional de los sindicatos, de modo de colocar en ventaja aún mayor a los intereses patronales.
Para tener una idea, según datos del Ministerio de Trabajo y Empleo (MTE), Brasil tiene alrededor de 14 mil sindicatos, incluyendo patronales y laborales. Y la pulverización solo aumenta, con cerca de 600 nuevas entidades registradas cada año. Por otro lado, la media nacional de sindicalización en el país gira en torno de 18%. La retirada de los sindicatos de las mesas de negociación podría implicar un debilitamiento aun mayor de los vínculos entre estas entidades y los trabajadores.
“La mayoría de los trabajadores está desprotegida. Además de eso, la mayor parte de los sindicatos son pequeños, sin mucha fuerza. Apenas algunas categorías, como la de los metalúrgicos y la de los bancarios, por ejemplo, tienen condiciones para garantizar ventajas en los procesos de negociación. A fin de cuentas, lo que va a suceder es que, si estos cambios pasan en el Congreso, vamos a tener un retroceso muy grande en nuestros derechos, porque van a negociar siempre hacia bajo, reduciendo derechos. Eso ya acontece hoy, pero va a empeorar”, apunta Graça Costa.
Tercerización
Una de las propuestas gobiernistas más controversiales es permitir la contratación de tercerizados en cualquier ramo de actividad de las empresas. Con las reglas actuales, y conforme lo entiende el Tribunal Superior de Trabajo (TST), la tercerización está restringida a actividades de soporte, como seguridad y servicios de limpieza.
El gobierno ha defendido el cambio como una supuesta “modernización” de las relaciones de trabajo, y un proyecto de ley con este tenor ya se tramita en el Congreso. Pero, para las entidades sindicales, el discurso oficial escondería una precarización aun mayor de estas relaciones.
La evaluación se ampara en estudios hechos por la CUT y por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), que, según datos de 2013, indican que los tercerizados ganan en promedio 25% menos que los demás trabajadores. Además de eso, su jornada semanal tiene, en promedio, tres horas más, y ellos son más susceptibles a accidentes de trabajo.
El mismo levantamiento señaló la existencia de cerca de 12,7 millones de tercerizados en Brasil, número que puede aumentar exponencialmente en caso de que la medida del gobierno sea implantada.
“La verdad, lo que se quiere es reglamentar la precarización, porque, considerando este panorama, tercerización y precarización son la misma cosa”, critica Paulo Cayres, presidente de la Confederación Nacional de Metalúrgicos (CNM), que reúne 90 sindicatos y representa cerca de 670 mil trabajadores.
En tanto el gobierno intenta fortalecer el discurso economicista para sustentar esta y otras iniciativas, los sindicatos afirman que se trata de una restricción de los derechos sociales para la aplicación de la receta neoliberal. Para Cayres, la tendencia es que la economía empeore aun más.
“Basta ver lo que sucedió en Europa. Grecia, España, Italia, por ejemplo, aplicaron este recetario de reducción de derechos, y fue una tragedia. Si el trabajador tiene mejores condiciones, compra más, y la economía se mueve. Alemania, por ejemplo, es uno de los países que más respetan los derechos laborales, y es más difícil que la crisis llegue allá”, compara el dirigente de la CNM.
Frente al avance de las propuestas de reducción de derechos tanto en el Ejecutivo como en el Legislativo, los sindicalistas prometen una mayor articulación en el sentido de combatir estas iniciativas. “Van a tener mucha lucha. Nosotros no vamos a dar sosiego a este gobierno o para cualquier otro que resuelva actuar de esta forma”, garantiza Graça Costa, de la CUT.
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Traducción: Pilar Troya
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