Entre enero y noviembre de este año, fueron registrados 54 homicidios provocados por disputas de tierras en Brasil, superando los 50 muertos en el 2015, según el levantamiento realizado por la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT). Con este indice, el año 2016 ya se coloca como el más violento desde el 2003, cuando fueron registradas 71 muertes en el campo.
El estado más violento, Rondônia, situado en el Norte de Brasil, sumó 17 homicidios. Maranhão, estado del Nordeste, quedó en el segundo lugar del ranking, con 12 muertes, seguido de Pará, también del Norte, con seis.
Rúben Siqueira, de la coordinación nacional de la CPT, indicó que desde hace cuatro años ya se verifica el incremento de homicidios, y que estos se concentran en la región Amazónica, “la niña de los ojos del mercado mundial”.
Según Siqueira, el proceso de financiarización de las tierras, o sea, la valorización de las tierras como activo económico, y la creación del programa Tierra Legal, creado por el gobierno federal para regularizar tierras en la Amazonía, son determinantes para entender la intensificación de los conflictos. “Hay una corrida por obtener esas tierras como futuras inversiones o como una posibilidad de conseguir su legalización a precios muy bajos”, dijo.
Para la defensora Ilemara Sesquin Lopes, del Núcleo de Conflictos Agrarios de la Defensoría Pública del Estado de Rondônia, el crecimiento de la violencia en el campo en el estado (que continua en entre los más violentos) está relacionado a los retrocesos de las políticas públicas del gobierno federal, ya que la mayoría de los conflictos está en áreas de la Unión y que le compete al Instituto de Colonización y Reforma Agraria (Incra).
Según la defensora, el Estado intervino de forma más incisiva en la región después de los grandes conflictos en el 2003, a través de la creación de la Defensoría Agraria, que fue extinta el 25 de noviembre.
“Hubo muchos cambios en el directorio del Incra. Algunos programas que estaban evolucionando, de repente, retrocedieron. Desde hace algún tiempo que ya no hay tanta participación del gobierno federal en las cuestiones agrarias del Estado. Es natural que, con eso, la situación vuelva a ser lo que era en el pasado”, analizó.
Siqueira observa con preocupación la “desinstitucionalización del país”. Según afirmó, la disolución de secretarías ligadas a la reforma agraria y a la agricultura familiar en la Casa Civil y la extinción de la Defensoría Agraria, el día 25 de noviembre, sólo agravan el cuadro de violencia.
Falta de protección
Entre los homicidios contabilizados por la CPT en Rondônia, está el asesinato del matrimonio Edilene Mateus Porto, de 32 años, e Isaque Dias Ferrira, de 34, en septiembre de este año. La muerte de los líderes de la Liga Campesina fueron anunciadas unos años antes de lo ocurrido, cuando ella registró una denuncia informando a la Policía Militar que había hombres armados rodeando el Campamento 10 de Mayo, donde vivían.
Ilemara Sesquin Lopes reiteró la falta de programas específicos para la protección de víctimas y testigos de violencia y defensores de derechos humanos en el Estado. “La mayoría de las muertes son anunciadas. Las personas son amenazadas por grandes propietarios rurales y otras personas que tienen intereses en la situación, sólo que poquísimas cosas son hechas en este ámbito”, dijo.
A finales de agosto, el gobierno del estado creó, a través de la Ley n°3889, el Programa de Protección a las Víctimas y Testigos Amenazados del Estado de Rondônia (Provitas-RO), que busca dar protección a las personas que están siendo coaccionadas o expuestas a graves amenazas, lo que están colaborando con investigaciones o procesos criminales.
Brasil de Fato cuestionó, por correo electrónico, al Consejo del Estado de Defensa de los Derechos Humanos sobre la cantidad de personas que ya integran el Provita-RO, pero hasta el cierre de esta nota no se obtuvo respuestas.
Siqueira afirmó que medidas paliativas son pensadas cuando las muertes son notificadas fuera del estado, inclusive internacionalmente. “Ninguna medida es estructural, en sentido de atacar las causas de la situación. Lo que tiene que ser realizada es una reforma agraria verdadera y sacar a los ilegítimos pretendientes”, dijo.
Impunidad
La impunidad complementa el “caldo de cultivo” del aumento de los conflictos. “Casos que no van a juicio señalizan que la tierra no tiene ley, ni dueño”, declaró Siqueira.
Otro levantamiento realizado por la CPT, del año 2015, apunta que, en los últimos 30 años, apenas el 10% de los casos que fueron a la Justicia fueron juzgados. De los 1.270 casos de homicidio registrados en este periodo, apenas 108 tuvieron una conclusión en el Poder Judicial y solamente 28 autores intelectuales y 86 ejecutores fueron condenados por los crímenes cometidos.
Sesquin afirma que la situación es resultado de una policía sometida al poder político de los latifundistas de la región. Además, “no hay estructura para enfrentarlos”. “El contingente es pequeño. Las comisarías no tienen estructura para investigar, y los crímenes, tan graves, se miden con la misma vara que los otros”, evaluó la defensora.
La Defensoría cumple el papel de intermediación de ocupantes de tierras y los supuestos dueños de las áreas, y está al frente de las negociaciones con los gobiernos locales y federales. Sin embargo, Sesquin alega que la atención de los órganos es “bien limitada”. En Rondônia, son apenas dos defensores públicos agrarios, lo que es poco para el tamaño del estado, según ella.
“Conseguimos atender poquísima gente. Pero actuamos intentando hacer la mediación de los conflictos, generalmente para evitar que haya intervenciones de la policía de forma agresiva en las reintegraciones de pose”, afirmó.
Repercusión
En una nota, movimientos populares y entidades repudian las graves violaciones de derechos humanos en conflictos por la tierra ocurridos en el estado. “En el último período, la criminalización y el exterminio se tornaran regla, colocando al estado [Rondônia] como el primero del país en asesinatos a líderes de movimientos sociales campesinos de lucha por el derecho a la tierra”, dice un trecho del texto.
En el año 2015, de los 50 asesinatos ocurridos en conflictos agrarios, 47 fueron en la Amazonia; Rondônia es el estado con más casos: fueron 20 personas asesinadas entre indígenas, quilombolas, ocupantes, sin-tierra, ambientalistas, trabajadores rurales, y líderes.
La región contó con 30 de los 59 intentos de asesinato, 93 de las 144 amenazas de muerte, 66 de los 80 campesinos presos y 20.000.853 de los 21.374.544 hectáreas en conflicto.
Entre los principales conflictos están aquellos vividos por las comunidades afectadas por diques e hidroeléctricas; la tensión con los terratenientes, oriunda del problema de la propiedad de las tierras públicas; conflictos provenientes de la inexistencia de implementación de las Reservas; y los que afectan pueblos indígenas y quilombolas, que sufren con el desguace del Incra.
El Comité Brasileño de Defensores de Derechos Humanos (CBDDH) encaminó para la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el día 24 de octubre, un pedido de acción urgente para que el gobierno de Brasil y, específicamente, el gobierno del estado de Rondônia, tome medidas inmediatas para el cese de la violencia en curso y que impida que nuevas violaciones sucedan.
Antes de cerrar esta nota Brasil de Fato buscó comunicarse con la asesoría de prensa de los Ministerios de la Casa Civil y de Justicia, de los cuales no obtuvimos respuesta.
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Traducción: María Julia Giménez
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