La búsqueda por una solución inmediata para los vecinos del barrio Jardim Independente I, en la ciudad de Altamira, estado brasileño de Pará, y la paralización de las adquisiciones irregulares de tierras por la empresa Belo Sun, en el municipio de Senador José Porfírio, fueran dos de las recomendaciones de emergencia hechas por la comisión del Consejo Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Es la segunda vez que el CNDH va a la región del medio Xingu, en el estado de Pará. En la primera, el consejo ya había identificado numerosas violaciones de derechos humanos en el proceso de planificación e implementación de la hidroeléctrica de Belo Monte. Ahora con la usina en funcionamiento, nuevamente fueron constatadas una serie de situaciones de irregularidades con las poblaciones que viven en la región.
Belo Sun
El Proyecto Volta Grande, de la empresa canadiense Belo Sun, pretende implantar una mina para extraer oro en el municipio de Senador José Porfírio, a 11 quilómetros de la usina de Belo Monte y a 100 quilómetros de distancia del Río Xingu, que ya tuvo su volumen reducido debido a la represa y al desvío del agua a causa de las operaciones de la hidroeléctrica.
Hay muchas especulaciones sobre la estimativa de cantidades de oro que será extraído, pero se calcula que sea alrededor de 150 a 600 toneladas en 17 años.
De acuerdo con la CNDH, Belo Sun no tiene licencia para instalarse, pero aun así viene actuando en áreas como si ya tuviese, y de manera irregular han comprado tierra en las proximidades donde será instalada la mina.
Las denuncias fueron recogidas durante las audiencias públicas de los consejeros con los vecinos de la Vila Ressaca y la Isla de la Fazenda, comunidades localizadas en el municipio Senador José Porfírio. “Cuando usted va en dirección a la ciudad, muchos terrenos están cercados con la placa de Belo Sun”, informa la consejera Dirlene Marques, representante de la Red Feminista de Salud.
La consejera resalta como las comunidades ribereñas de Volta Grande do Xingu fueron fuertemente impactadas por Belo Monte, y son ciudades abandonadas, porque los vecinos huyeron de los impactos causados con la disminución del volumen del río, imposibilitando la movilidad de la navegación hasta la extensión y reducción de la oferta de pez. Además, los impactos de Belo Monte tornaron la posibilidad de instalación de Belo Sun.
“La viabilidad de Belo Sun se dio porque cuando Belo Monte crea la represa y desvía agua, seca toda una área, y el volumen del entorno del Xingu se redujo, ahora, en la sequía, puede hacer perforación para poder extraer el oro, antes no era posible”.
El día 13, la comisión tuvo una reunión con el secretario de Medio Ambiente y Sostenibilidad del estado de Pará, Luiz Fernandes, responsable por la licencia de Belo Sun. La comisión de consejeros quiere la paralización inmediata de las compras de tierras por las empresas y solicitó a la secretaría y al Ibama que adopten medidas para garantizar los derechos de los afectados.
Como la vida en la región de la Volta Grande de Xingu ya viene sufriendo serias amenazas, el consejo considera que Belo Sun trae más incertidumbres a los vecinos, como cuenta Francisco Nóbrega, consejero y defensor público federal.
“El desespero, las dudas de las personas es: ¿cómo autorizar la minería en esta región cuando no se sabe si ella soporta impactos de otros grande emprendimientos?”
Jardim Independente 1
La segunda recomendación del CNDH es la inmediata salida de los vecinos de donde viven en el barrio Jardim Independente 1. Los consejeros constataron que los vecinos poseen sus derechos violados y están expuestos a la extrema vulnerabilidad. “Es una situación de deshumanización, de violaciones de derechos generalizada y como un riesgo eminente de una tragedia”, alertan el consejero Darci Frigo, que también es representante de la Plataforma Dhesca (Plataforma Brasileña de Derechos Humanos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales). Las casas no poseen una estructura firme y se encuentran en un área permanentemente inundada.
El barrio está localizado en el centro de Altamira. La estimativa es que aproximadamente 500 familias viven en el barrio sin agua potable y cloacas, hecho que fue agravado durante el proceso de implantación de la hidroeléctrica. Según Frigo, muchas personas fueron empujadas a áreas de ocupación debido a la alta del precio de los alquileres de inmuebles.
“Muchas personas que recibieron indemnización de acuerdo con el valor del inmueble, normalmente cerca de 50 mil reales, no consiguieron, debido a que rápidamente ya no había casas en Altamira que no costasen menos de 100 mil reales”, contó
Tchenna Maso, consejera y abogada del Movimiento de Afectados por Represas (MAB – en portugués Movimento dos Atingidos por Barragens), informó que el gran desafío en la región de Altamira es el reconocimiento de las poblaciones como afectadas, como lo que sucede con Jardim Independente 1. “Nuestra gran discusión es el reconocimiento de ellos [vecinos del barrio] en la categoría de afectados y a la comunidad tiene eso muy presente en el imaginario, no es apenas una re-localización de sus viviendas, sino el reconocimiento de que aquella comunidad es reflejo del impacto de la hidroeléctrica”.
El CNDH puntuó que el sistema de saneamiento en Altamira es alarmante. El plazo para que el servicio fuese instalado terminó el día 30 de septiembre. El consejo informó que varias calles sólo poseen agua a través de camiones cisterna y el sistema de cloacas sólo existen en 38 de las 16 mil que componen el área urbana.
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Traducción: María Julia Giménez
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