La semana pasada, el ministro de Agricultura, Blairo Maggi, afirmó que el presidente interino Michel Temer mandará un mensaje al Congreso Nacional proponiendo liberar la venta de tierras para extranjeros. En la entrevista, Maggi afirma que muchas empresas dejaron de invertir en Brasil porque no pueden presentar el titulo de propiedad de las tierras como garantía a los bancos extranjeros.
La justificativa de este cambio en la normativa, según el gobierno interino, sería atraer nuevos capitales. Sin embargo, la medida preocupa a los movimientos populares, sindicatos de trabajadores del campo y economistas, que advierten sobre la perdida de soberanía e interferencia en el acceso a los alimentos que llegan a la mesa de los brasileños.
“Usando la propia lógica del ministro interino: si una empresa, persona o país posee 2 o 3 millones de hectáreas cultivadas y, de un año para el otro, decide no cultivar aquellas áreas por simples cálculos financieros de costo-beneficio, eso resultará en grandes impactos para la producción del país”, ejemplificó el profesor del Programa de Posgrado en Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Universidad de Brasília (UNB), Sergio Sauer.
Refutando la idea de que ese tipo de inversiones podría aumentar la productividad, Sauer recuerda que en el sector sucroalcooleiro – productor de azúcar y alcohol – ya pasó por una intensa internacionalización en la producción y eso no ocurrió. “No aumentó la producción porque los inversores compraron la capacidad ya instalada de las usinas; lo que realmente sucedió fue un “cambio de mano” del sector y – sino estoy engañado – más del 60% de la producción está en manos de empresas extranjeras o en consorcios con capital externo”, argumenta.
“Es la lógica del gran agronegócio, y es un simple ejemplo de la perdida de autonomía. Además, en términos económicos, en la lógica del mercado, promover la demanda significa aumentar precios. Por lo tanto, las tierras tienden a quedar más caras tanto para inversores nacionales como extranjeras, también para la ejecución de las políticas de Reforma Agraria. Además de profundizar la dependencia de los precios internacionales de commodities, esa lógica genera inseguridad alimentaria, porque la producción es para la exportación de soja, por ejemplo, siendo que Brasil tiene que importar frijoles para abastecer la demanda nacional”, agregó el profesor de la UNB.
Según la evaluación del economista Guilherme Delgado, que estudia políticas agrícolas, “eso tiene consecuencias de diversas naturalezas. Las personas jurídicas extranjeras que compran tierras aquí evidentemente compran activos, patrimonios, participación accionaria, sin ningún compromiso con la producción o ocupación. Eso depende de otras decisiones de inversiones que realmente escapan a eses titulares extranjeros, normalmente fondos de pensión, grandes sociedades que están ligadas a las cadenas del agronegócio”, afirmó.
Según el profesor de la UNB, los riesgos de la soberanía del país, especialmente en las tierras en las regiones de fronteras. “El mercado de tierras en todo el mundo es un mercado de bases nacionales en el mundo entero. No se internacionaliza eso porque él también está ligado a la soberanía. Entonces yo veo con preocupación esa tesis ‘liberación general’. Ademas de que las personas físicas y jurídicas de otros países, y hasta brasileños, no tienen ningún compromiso con la función social de la tierra”, ponderó.
Temer debe apoyar la aprobación del PL 4059/2012, de autoría de la Comisión de Agricultura, Pecuaria, Abastecimiento y Desarrollo de la Cámara de Diputados, compuesta en su mayoría por representantes de los intereses del agronegócio.
El PL tramita en régimen de urgencia, pero está parado desde septiembre del año pasado. El proyecto está anexado a otro, el 2289/2007, de autoría del diputado Beto Faro (PT-PA), que trata del mismo asunto, pero que liberar completamente la compra por parte de extranjeros, regularmente la legislación vigente.
Hasta 1998, una ley de 1971 permitía que empresas con sede en Brasil comprasen tierras en el país. En aquel año, la Defensora General de la Unión (AGU) interpretó que empresas nacionales y extrajeras no podrían ser tratadas de manera diferente y liberó la compra.
El cambio tuvo impacto inmediato y millares de alquileres fueron vendidos a empresas de capital extranjero. Delante de la extranjerización, un nuevo parecer de la AGU en 2010 restableció restricciones para ese tipo de propiedad.
“Nosotros de la Contag [Confederación Nacional de Trabajadores en la Agricultura] somos contra [ese cambio], porque ella puede significar tres cosas. La primera es que, al momento en que comienzan a vender el suelo y aquellos que hay debajo, que son las riquezas naturales que tenemos, se pierde la soberanía nacional. La segunda es que Brasil ya es un de los países más injustos en la distribución de tierras. Somos un país concentrado. Esto significa que vender las tierras indiscriminadamente va a concentrar aún más. Y la tercera, que nos pega de lleno, es que va a dificultar aun más la reforma agraria, porque puede encarecer enormemente los precios”, explicó el presidente de la Contag, Alberto Ercilio Bloch.
*Traducción: María Julia Giménez
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